EL PAíS › PODRIA ANULARSE EL JUICIO POLITICO AL FISCAL JOSE MARIA CAMPAGNOLI
Una de las integrantes del tribunal volvió a pedir licencia médica, por lo que quedó afuera del proceso. Las opciones son convocar a su suplente o anular el juicio y volver a comenzar desde cero. La decisión se sabrá el lunes.
El tribunal que lleva adelante el juicio político contra el fiscal José María Campagnoli quedó ayer con una integrante menos y la continuidad del proceso está en peligro. María Cristina Martínez Córdoba volvió a pedir una licencia por estrés para los próximos quince días, pero sus pares dieron por hecho que quedó fuera de juego porque ningún juicio se puede suspender por más de diez días seguidos. Su suplente, Leonardo Miño, ya fue convocado, lo que enfrenta al jurado con otros dilemas debido a que no presenció las audiencias de testigos. Frente a esta situación hay dos caminos posibles que los jueces debatirán el lunes: si basta con que Miño vea las filmaciones de las audiencias de testigos que ya se realizaron o si queda anulado todo lo actuado para hacer el juicio de nuevo. Todo apunta a que la mayoría se inclina por la nulidad.
El martes último, cuando estaban por empezar los alegatos de la acusación y de la defensa de Campagnoli, Martínez Córdoba –representante de la Defensoría General en el jury– hizo llegar la notificación de que tenía licencia médica hasta el lunes 30 porque el día anterior había sufrido un pico de presión. Coincidió con la circulación por las redes sociales de mensajes con advertencias, algunas dirigidas a ella, que era candidata a destrabar un empate entre los jueces y definir la balanza (ya sea por la destitución o la absolución). Algunos tuits reproducían frases del periodista Jorge Lanata, quien había cuestionado a varios jurados y sobre ella dijo que tiene “escasos antecedentes en materia de derechos del menor y la familia”, que es su especialidad como defensora. Otros tuits deseaban “que el infierno la consuma” si no votaba a favor de Campagnoli; “cuando salgas a la calle nos vamos a acordar de vos”, decían otros, y alguno publica números de teléfono invitando a la gente a llamarla.
Martínez Córdoba había sido sorteada para integrar el jurado el 9 de septiembre del año pasado, mientras que el pedido de juicio contra Campagnoli entró tres meses después. En diciembre último, su voto fue el que definió la suspensión del fiscal acusado mientras se sustancia el juicio. Algunas versiones indican que se inclinaría por la destitución. La próxima le tocaba presidir el jurado, en reemplazo de Daniel Adler. Ayer, cuando el tribunal recibió la notificación de su nueva licencia, prácticamente quedó fuera de duda que había que convocar a su suplente. Se trata de otro defensor oficial, Miño, especialista en Derecho Penal, quien por ahora genera incertidumbre en ambas partes, defensa y acusación. El lunes, los integrantes del tribunal se reunirán a las 11.30 para resolver cómo sigue el juicio. Varios de ellos, según pudo saber este diario, están molestos con la presión mediática alrededor del caso e incluso analizan hacer algún pronunciamiento al respecto. Suponiendo que Miño no sea recusado ni cuestionado para integrar el jurado, los jueces tendrán que resolver un intríngulis clave: si avalan que pueda conocer la prueba del caso a través de las filmaciones y la incorporación de testimonios por lectura o si se anula todo lo actuado hasta el momento y se vuelve a empezar. Por lo pronto, no le sobra el tiempo, ya que tiene una fecha tope para expedirse, que es el 29 de octubre, según lo indica el reglamento.
Hasta última hora de ayer, la mayoría parecía proclive a volver a empezar, para evitar cuestionamientos futuros y garantizar el principio de inmediación, que es base de los juicios orales, además de la “garantía del debido proceso”. Es posible que consulten a las partes y que si ambas, por ejemplo, consienten que siga el juicio, el tribunal podría admitirlo. Campagnoli es juzgado por haber cambiado el objeto de una causa, donde el denunciado era el financista Federico Elaskar, pero devino víctima, y la investigación orientada contra el empresario Lázaro Báez, después de un programa televisivo de Lanata. También se le cuestiona haber filtrado información sobre ese caso, que ya investigaba el fuero federal (donde quedó radicado), con lo que podía frustrar la investigación. Por ahora hay final abierto y un escandalete en puerta.
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