Desde Nueva York

Con maestrías en Política Internacional y Derecho de la Universidad George Washington y el Washington College of Law, el abogado argentino Aldo Caliari es una de las voces más interesantes para analizar el conflicto de la Argentina con los fondos buitre. Caliari vive en Washington, donde dirige el proyecto Rethinking Bretton Woods (Repensando Bretton Woods), del centro de estudios Center of Concern. El proyecto, creado en 1995, apunta a generar cambios en el sistema financiero internacional, sus reglas e instituciones, para democratizar las políticas económicas y promover los derechos humanos y el desarrollo sustentable. En diálogo con Página/12, Caliari aseguró que es necesario establecer reglas internacionales para la reestructuración de deuda.

–¿Cuál es su análisis de la situación después de la última reunión con el juez Thomas Griesa, en la que no embargó los bienes argentinos pero le sugirió al Banco de Nueva York devolverle el dinero a nuestro país? ¿Esto no implica un incumplimiento de las obligaciones del banco con Argentina?

–Siendo que el banco hizo esto en ejecución de una orden judicial, no me parece que se le pueda achacar incumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad, en todo caso, es del juez.

–Argentina anunció que va a mandar una delegación a negociar con los fondos buitre. ¿Qué podría o debería suceder en esa negociación?

–Podría ocurrir que los fondos buitre acepten una oferta que les conceda términos un poco mejores que a otros acreedores que entraron en la reestructuración, pero idealmente bastante por debajo del ciento por ciento que reclaman. El Gobierno ha estipulado como parámetro de esta negociación que la solución debe contemplar el interés del ciento por ciento de los acreedores. Esto significaría que el acuerdo no debe poner en riesgo la capacidad de repago del país a todos los acreedores. En principio, está claro que cuanto más se acerca el pago a un ciento por ciento de lo reclamado, más se corre el riesgo de que eso establezca el tenor a seguir por acreedores en similar situación. Entonces no estamos hablando de si pagar 1500 millones compromete la sostenibilidad de la deuda, sino más bien de cómo la quita a aceptar por los fondos buitre sienta un precedente que, si otros acreedores siguen igual camino, no va a comprometer la sostenibilidad de deuda. Para esto la quita tiene que ser bastante grande, aun si no es la misma que aceptaron los acreedores que entraron en el canje.

–¿Es posible hacer un acuerdo con los holdouts sin que eso implique la aplicación de la cláusula RUFO para los otros bonistas?

–Opino que sí. El intento de aplicar la cláusula RUFO se podría objetar sobre dos bases. Primero, la cláusula está redactada de manera que no involucraría ofertas no voluntarias. Por supuesto que uno podría decir que un arreglo, si se logra, es siempre voluntario, pero sería un argumento al menos debatible dada la falta de opciones que el juez le ha dejado a la Argentina. También hay que ver si los acreedores reestructurados comprometerían el flujo de pagos regulares por un litigio para obtener condiciones apenas un poco mejores.

–Hay quienes dicen que el objetivo de los fondos buitre es sólo económico y que no hay una intención contra la Argentina. Pero otros actores sostienen que pretenden disciplinar al país porque logró reestructurar su deuda sin financiamiento internacional y sin someterse a las recetas del FMI.

–Estoy de acuerdo en que para los fondos buitre el tema es económico. Pero ojo, no es económico solamente en cuanto a ganancias a hacer con Argentina, y en esto es donde lo de la “intención de disciplinar” tiene ciertos visos de verdad. La industria de los fondos buitre ha buscado con esto establecer un precedente con el que van a ser capaces de hacer muchísimo dinero en cuanta reestructuración se presente. Por eso era hasta cómico oír a simpatizantes de NML decir durante el juicio que ésta era una sentencia aislada y Argentina un caso único. Arrojaron todo el dinero que pudieron para hacer lobby en este caso, precisamente, porque no es único. Una vez el precedente esté establecido, dirán: “Mire usted, resulta que no era único” y lo podrán invocar en cuanta reestructuración se presente. Para cuando las consecuencias sean evidentes, será tarde.

–¿Cree que el apoyo político a la Argentina de distintos foros internacionales tiene influencia en las negociaciones?

–Lamentablemente, creo que muy poco. A un inversor legítimo, que considera lo que esto significa para la estabilidad del sistema financiero y, consecuentemente, para sus propias necesidades de inversión, eso quizá le importa. A los fondos buitre, no. No les preocupan las advertencias políticas sobre el caso y esto creo que quedó en evidencia con su comportamiento durante el juicio, a pesar de la cantidad de adhesiones que la postura de Argentina ya generó. Está claro que a la opinión pública de manera generalizada le disgusta el comportamiento predatorio de estos actores, pero el deterioro reputacional, que en cualquier industria sería un problema, parece ser parte de los “gajes del oficio” para un negocio como el de NML y compañía.

–En distintos foros internacionales se planteó la necesidad de una legislación que regule las reestructuraciones de deuda en el mundo. ¿Está de acuerdo? ¿Qué debería contemplar esa regulación?

–Indudablemente, es urgente y desde el Center of Concern y Jubileo EE. UU. hemos abogado de manera incansable por legislación que cree un mecanismo para la reestructuración de deuda soberana de manera oportuna, ordenada, predecible y, sobre todo, justa. Tal legislación es urgente para salir de la situación actual, en que los acreedores pueden fácilmente evadir cualquier responsabilidad por malas decisiones en sus préstamos, mientras a los países deudores les toca sobrellevar la carga. Hay una larga lista de elementos que hemos propuesto para tal legislación, pero los básicos son los mismos de una quiebra a nivel doméstico. Primero, que sea un mecanismo comprensivo y vinculante, que involucre a todos los acreedores, para que convertirse en un holdout no sea posible. Segundo, con un ente imparcial a cargo de la determinación de qué nivel de deuda es sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de recuperar la viabilidad económica y atender a los derechos humanos de la población y, a partir de ello, el nivel de reestructuración requerido. Tercero, contemplar la posibilidad de un stay inmediato una vez iniciado el proceso, para impedir “la carrera hacia la salida” por parte de algunos acreedores, que deja a otros en situación de desventaja en una situación de crisis. Cuarto, rendición de cuentas y transparencia hacia la población del país deudor.