Se sabía que cuando terminara la fiesta todos los problemas parecerían más graves y urgentes. Pero nadie previó que el cambio de pantalla fuera tan abrupto, apenas horas después de la digna derrota del seleccionado argentino de fútbol ante Alemania (cuando tuvo siete chances de gol: el anulado a Higuaín, los dos mano a mano del mismo jugador con el ropero del arco, que en uno de ellos lo noqueó de un rodillazo; el de la joya Palacio que se la colocó en la mano a Neuer con exquisita precisión y tres de Me-ssi, una ráfaga por izquierda, otra por derecha, ambas apenas desviadas, y el tiro libre a las nubes). Entre los detenidos por los destrozos en torno del Obelisco fueron identificados barrabravas de Independiente y Chacarita, donde reclutan mano de obra entusiasta Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, quienes habían anunciado que al terminar el torneo en Brasil lanzarían un paro general. También hubo barras de Nueva Chicago y Boca, próximos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya policía fue un pasivo espectador de los estragos. Cuando todavía no se disipaban los gases lacrimógenos el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que estas presencias respondieron a una intencionada coordinación previa, cosa que ahora debería probar la justicia.

La cultura del encuentro

Los contactos entre dirigentes de las cinco centrales sindicales comenzaron en Mar del Plata el fin de semana en que se jugaban los octavos de final en Brasil, promovidos por el Episcopado Católico con el pretexto de “la cultura del encuentro”. La primera y hasta ahora única coincidencia fue la oposición a la cuarta categoría del impuesto a los ingresos de las personas, que será el eje del paro cegetista y de una movilización ceteaísta. La papolatría en boga protege a la entidad clerical de incómodas preguntas: mientras su Observatorio Social falsea las cifras de pobreza, su conducción bendice a quienes procuran privar al Estado de los recursos para mitigarla, mientras su jefe máximo repite como meliflua letanía “hay que cuidar a Cristina”. Las dos CGT principales y la fracción mayoritaria de la CTA son conducidas por sindicatos cuyos afiliados perciben ingresos que superan la media. Los metalúrgicos de Antonio Caló, los mecánicos de Ricardo Pignanelli, los camioneros de Moyano, los petroleros de Guillermo Pereyra o los docentes de Hugo Yasky forman parte del 13 por ciento de los trabajadores alcanzados por el impuesto. Moyano y Barrionuevo no tienen contradicciones: son políticos que quieren acabar con este gobierno. Más compleja es la situación de Caló, Pignanelli y Yasky, quienes apoyan al gobierno y se preocupan por la preservación del empleo, pero deben responder a sus bases, de trabajadores registrados y con buenos ingresos. Sin referencia a este componente de clase, Yasky explicó en conferencia de prensa que con la movilización del 4 de agosto al Congreso reclamarán que se modifiquen las escalas “para que sea un impuesto a los altos ingresos” y que se realice una “amplia reforma del sistema tributario” para que “quienes más tienen más paguen”. Pero en un reportaje concedido a la radio Splendid especificó que sería razonable “elevar el piso a 20.000 pesos”. De accederse a este planteo, en vez del 13 sólo tributaría un 5 o un 7 por ciento de los trabajadores, con lo cual el Estado no podría financiar sus múltiples planes de inversión social, subsidios y transferencia de ingresos a los sectores menos favorecidos ni estaría en condiciones de responder a otro de los pedidos sindicales, como defender el empleo. Según Yasky, “desde el mundo empresario no verían con malos ojos la elevación de los índices de desocupación porque para ellos es la variable que les permite empujar hacia abajo los salarios”. También repudió la extorsión del capitalismo salvaje y exhortó a unirse contra los fondos buitre, como ya había hecho la CGT. Pero la movilización anunciada se producirá en la semana en la que si la Argentina no accede al mandato del juez de Wall Street Tom Griesa, las calificadoras de riesgo dirán que está en default.

Un fracaso político

En las posiciones de Barrionuevo y Micheli, líderes de las fracciones menores de la CGT y la CTA, predominan el sesgo ideológico y el acomodo a lo que decidan las centrales más importantes para disimular su menudencia. Que éste sea el mínimo común denominador alcanzado por las cinco centrales tiene implicancias distintas en cada caso. Para las más grandes, ratifica que su representación se concentra en la denominada aristocracia obrera, es decir los trabajadores mejor pagos, con indiferencia por el tercio de la mano de obra que subsiste en condiciones de precariedad. Debido al incremento de los precios, la pobreza y la indigencia han crecido entre esos trabajadores, problema que las centrales sindicales a veces mencionan en sus comunicados pero minimizan en los hechos. Se podrá discutir en términos teóricos si lo que está ocurriendo es una desaceleración del crecimiento o el comienzo de una recesión, pero si a esto se suman la inflación y los diez meses seguidos de retroceso interanual de la industria, se comprende la delicadeza del cuadro. Hasta ahora no ha dado lugar a despidos en serie ni suspensiones sin goce de sueldo, y a impedirlo se dedican los esfuerzos oficiales, para los que son imprescindibles los recursos que las centrales sindicales intentan restarle. El gobierno también alega con buena lógica que a medida que vayan percibiéndose los aumentos pactados en paritarias el salario recuperará parte de las posiciones perdidas en el verano. También confía en el efecto reactivador de las inversiones que financiará China y en la contundencia del swap de divisas entre los respectivos bancos centrales que limitará la capacidad especulativa para propiciar una nueva corrida cambiaria. Al anotarse ahora a la zaga de Moyano y Barrionuevo, lo que queda de la CTA no mejorará la coherencia entre sus definiciones políticas y su práctica gremial, pero tal vez abra espacio para el crecimiento de un sindicalismo de base en el que abreva la izquierda con flamante representación legislativa. Si frente a las medidas de lucha que ese nuevo sindicalismo, integrado en buena medida por jóvenes que consiguieron sus empleos con la recuperación de la última década, los grandes sindicatos optan por un maccartismo retro modelo 1974, como el que exhibió Pignanelli al objetar la presencia de diputados y militantes por los derechos humanos en las actividades por la conservación de puestos de trabajo, y si el Secretario Berni borra con el codo las normas que Néstor Kirchner estableció hace diez años, por las cuales la policía no puede portar armas de fuego en el control de manifestaciones políticas y sociales ni dispersar una multitud disparando balas de goma, será más difícil explicar por qué el kirchnerismo no debería tomar en cuenta a Sergio Massa ni a Daniel Scioli entre las opciones para 2015. Este es un fracaso compartido entre el gobierno y las fuerzas sindicales que lo apoyan.

Cuestión de escalas

Luego de muchos años de explicar que el impuesto a los ingresos de la cuarta categoría era una pieza fundamental de su política redistributiva, Cristina cedió en 2013 a las presiones del mismo frente que vuelve a articularse ahora y firmó los aumentos del mínimo no imponible, que quedó en 15.000 pesos brutos o 12.450 netos, uno de los valores más elevados de la posconvertibilidad. Según los cálculos del Centro de Investigación y Formación Cifra, que coordina Eduardo Basualdo y que depende de la CTA, con aquella decisión el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin hijos medido en términos reales en pesos de 2013, arribó a su nivel más alto desde la crisis de la convertibilidad mientras el del trabajador casado con dos hijos superó el valor promedio del período 2001-2006 y fue muy cercano a los del trienio 2009-2011. Estas actualizaciones hicieron que el número de trabajadores alcanzados descendiera de 2,4 millones en 2012 a menos de un millón en 2013 o, dicho en porcentajes, del 13,2 al 5,3 por ciento del total de los trabajadores, o del 26,5 al 10,5 por ciento de los trabajadores registrados, con la consiguiente resignación de ingresos para el fisco. A quienes le preguntaron a qué se debía tal cambio, la presidente les respondió con un argumento de política coyuntural: de no hacerlo, le atribuirían a su obstinación un mal resultado en los comicios de octubre de ese año. Esa concesión se demostró tan gravosa en términos económicos como por la confusión que produce en los lineamientos interpretativos de su proyecto político y ni siquiera impidió que en algunas provincias, como Buenos Aires, los candidatos del Frente para la Victoria perdieran terreno ante retadores audaces a la hora de prometer el cielo y las estrellas.

La devaluación de comienzos de año y la consiguiente aceleración de los precios internos erosiona el mínimo no imponible. Si se proyecta una inflación anual del 35 por ciento para 2014, el mínimo no imponible descendería alrededor del 26 por ciento y en valores constantes de 2013 caería de 12.450 a 9.222 pesos. Lo que la presidente transmite ahora es que no volverá a desfinanciar el presupuesto para satisfacer a una elite indiferente a las necesidades del conjunto de la propia clase. Resta por verse con qué otras medidas apaciguará el jefe de gabinete Jorge Capitanich a Caló en la audiencia prevista para mañana.

En el contexto inflacionario y de aumentos del salario nominal, con las actuales escalas congeladas los trabajadores deben aportar una parte proporcional cada vez mayor de su sueldo. Esto es más grave en los tramos inferiores. Con alícuotas que van del 9 al 19 por ciento un trabajador que recibe un aumento de 769 pesos mensuales pasa a tributar en la escala siguiente. En los tramos superiores, el cambio de categoría se dispara con un aumento de 2.308 pesos mensuales. Una mayor progresividad del sistema podría obtenerse modificando las escalas y alícuotas, como propone la CTA, mediante la incorporación de alícuotas de 3 y 6 por ciento para los trabajadores de los niveles inferiores e incrementando hasta el 42 por ciento las alícuotas para los más altos. Esto permitiría expandir la base imponible, incluyendo también actividades hoy exentas, sin afectar tanto a los trabajadores de ingresos medios.

Cristina ha dejado trascender que no tocará el mínimo no imponible pero sí está dispuesta a actualizar las escalas, que están congeladas desde 2001, de modo de tornar más progresivo el tributo. Esto significa que aun si se incrementa la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto, los estratos más bajos cederían una parte menor de su ingreso. Los estudios para esta modificación están hechos, pero falta la decisión política de ponerla en práctica y cuándo.