No hay muchos antecedentes de despidos de un funcionario de alto rango de la tecnoburocracia del FMI. Hubo renuncias por intrigas políticas (del español Rodrigo Rato) o por denuncias de acoso sexual (del francés Dominique Strauss-Kahn) en el cargo máximo de esa institución financiera internacional. Pero despedidos por su trabajo fueron pocos. Uno de ellos fue Claudio Loser (foto), excluido del staff de técnicos porque sus superiores evaluaron negativamente su labor. Era el economista argentino que más alto había llegado en la estructura del Fondo.

Loser se había incorporado a ese organismo multilateral el 2 de octubre de 1972, y casi treinta años después, el 10 de junio de 2002, el entonces director gerente del FMI, el alemán Horst Köhler, anunció su desplazamiento. Pasaron unos días y fue directamente despedido de la Jefatura del Departamento de Investigaciones y del Hemisferio Occidental, que tenía bajo su órbita el monitoreo de las cuentas públicas de la Argentina. También fue relevado de la supervisión de la misión negociadora con Buenos Aires, que tenía como figura principal a la italiana Teresa Ter Minassian. Köhler en persona fue a comunicarle su destitución.

Hasta hoy Loser asegura que no fue despedido, que estaba en edad de retirarse, que ya llevaba ocho años en ese cargo, y edulcora la historia diciendo que él tenía una estrategia gradualista en relación con la dura de Köhler con relación a la situación económica argentina. Cada uno está en su derecho de elegir la versión más benigna de un acontecimiento traumático de su vida laboral. Loser fue despedido porque las autoridades del FMI evaluaron en forma deficiente su desempeño. Su reemplazante fue el indio Anoop Singh, a quien le dejó de regalo una botellita de antiácido.

Entre 1994 y 2002, período que abarca las políticas económicas de los gobierno de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, Loser se ocupó del caso argentino. El desenlace fue el default de 2001. Fueron los años de las exigencias del FMI a la Argentina contenidas en los planes de ajuste recesivos supervisados cada tres meses. Loser fue el responsable de coordinar esa tarea en el Fondo. Es el mismo que hoy asesora y prestó un documento de análisis sobre un eventual default argentino a los fondos buitre. Contenido que utilizó la American Task Force Argentina, el grupo de tareas del fondo Elliott del financista republicano Paul Singer, en su última solicitada publicada en medios locales, en un capítulo más de la campaña de desinformación y desprestigio que desde años financia contra la Argentina. Loser mantiene así una línea de conducta coherente.

La ATFA es la organización de lobby de Singer que ha invertido millones de dólares en la prensa estadounidense, con ramificaciones en la argentina, para influir en la opinión pública, en el Congreso estadounidense, en la legislatura del Estado de Nueva York, y en los tribunales de la ciudad que ampara a Wall Street, para arremeter contra la posición argentina. También ha intervenido en las calles y en las redes sociales: cacerolazos, movidas políticas-mediáticas y escraches frente a la embajada argentina en Washington son algunas de las acciones realizadas por ATFA. Loser le prestó sus servicios con el documento “Argentina v. holdouts: the real costs of default and benefits of settlement”, ahora como presidente de la ignota entidad Centennial Group Latin America, cuyas oficinas están en 2600 Virginia Ave, NW, Suite 201 Washington, DC.

La colaboración de Loser con fondos buitre, que él denomina holdouts (la diferencia no es menor: el fondo buitre se dedicó a litigar deudas colapsadas, mientras que el holdouts no participó del canje de deuda en default sin iniciar juicios) tiene la transparencia que algunos de sus colegas carecen. Son los que han estado siempre al lado de los endeudadores seriales y se dedican en el turno mañana, tarde y noche en los medios a pronosticar el caos y a echar dudas sobre la estrategia argentina. Ellos reinterpretan lo que dice o hace el gobierno de CFK en función de los intereses de los fondos buitre. Repasando opiniones de expertos del exterior, como Martín Wolf, editorialista del Financial Times, se puede comprobar que ellos escuchan y leen la posición argentina, incluso deslizando críticas, en una sintonía mucho más equilibrada que la de esos analistas locales. Por ejemplo en la decisión de la Argentina de haber pagado el vencimiento de intereses del bono Discount, dinero que está depositado en dos cuentas del Bank of New York Mellon en el Banco Central argentino. La acción de lobby de los buitres tiene a voceros locales, como Loser, que pese a la existencia de ese pago efectuado por la Argentina insisten con la eventualidad de un default cuando ese acontecimiento financiero lo declara el deudor; no una decisión judicial que impide a los acreedores cobrar.

La acción de lobby es una de las herramientas más poderosas de los fondos buitre para conseguir su objetivo. Ser parte de ella es una decisión que excede la cándida justificación de Loser por su colaboración en la misión de Singer: “Yo tenía un documento que escribí hace algunos días que ellos (la ATFA) me pidieron si lo podían utilizar”. No se resistió, manteniendo una línea de conducta coherente desde su militancia en el FMI hasta ahora.

Ese lobby buitre es el mismo que consiguió una modificación legislativa en el Estado de Nueva York que facilitó a esos fondos el ataque sobre la deuda soberana argentina en default. Después de la experiencia exitosa con bonos peruanos en el 2000, el fondo Elliott fue perfeccionando su estrategia. Para ello presionó para limitar el alcance de la Doctrina Champerty. Esta postula que “ninguna persona natural o jurídica (...) puede comprar documentos de crédito vencidos (...) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”. Así lo expresa la Ley del Poder Judicial de Nueva York en la Sección 489. Esa doctrina prohíbe la compra de deuda con el objetivo de iniciar reclamos legales en la jurisdicción de Wall Street, donde se dirimen conflictos sobre deuda soberana. Como se explicó en el Panorama Económico publicado en Página/12 el sábado 28 de junio pasado, el juez Robert W. Sweet había emitido un fallo a favor de Perú en base a la doctrina Champerty. La sentencia describió los hechos y fundamentos que llevaron a ese tribunal a desestimar la demanda de Elliott. El fondo buitre de Singer apeló ese fallo e inició acciones de lobby para que el Poder Legislativo neoyorquino aprobara una serie de modificaciones a la doctrina Champerty. Consiguió ambos objetivos.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York se pronunció a favor de Elliott anulando la aplicación de esa doctrina sobre deuda soberana. Y la mayoría de la legislatura de Nueva York hizo su parte. Esta última tarea está mencionada en “La evolución de los litigios modernos de deuda soberana”, de Jonathan Blackman (uno de los integrantes del estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, contratado por la Argentina para ejercer la defensa en el juicio iniciado por Elliott contra el país) y Rahul Mukhi (abogado de ese mismo estudio). Ese documento analiza el recorrido de la Doctrina Champerty señalando que era la defensa más potente de países con litigios por su deuda soberana en problemas, indicando los casos de Congo, Panamá, Brasil y Perú. Explica que los tribunales habían aceptado ampliamente esta defensa porque terminaba con la industria de especular en litigios sobre deuda soberana. Recuerda que la Doctrina Champerty se originó en el derecho inglés y adoptada más adelante por legislaturas estatales, como la de Nueva York, que prohíbe la compra de la deuda con el propósito de presentar una demanda.

Blackman y Mukhi destacan que a pesar de la decisión favorable de la Cámara de Apelaciones por la deuda peruana, el fondo Elliott Associates quería obturar cualquier margen de incertidumbre para su modelo de negocio de comprar deuda en default para luego litigar. Tenía que limitar la Doctrina Champerty. Esos dos abogados aseguran que, luego de la presión ejercida en la legislatura del Estado de Nueva York, Elliott consiguió modificar esa ley: el 17 de agosto de 2004 se aprobaron los cambios eliminando la posibilidad para el deudor de utilizar como defensa la Doctrina Champerty cuando la compra de bonos de deuda sea superior a 500.000 dólares. “Con la derrota de la defensa Champerty, el camino quedó despejado para que los litigantes puedan comprar deuda soberana en default, para rechazar el proceso de reestructuración voluntaria de esa deuda y obtener vía juicios el valor nominal de los bonos”, afirman Blackman y Mukhi.

Luego de neutralizar la Doctrina Champerty en 2004, los fondos buitre atacaron la deuda argentina avanzando sobre el concepto pari passu (igual trato entre acreedores) del contrato entre país deudor y acreedor privado. Lograron que jueces de Nueva York reinterpretaran que esa condición significaba que todos los acreedores tenían que cobrar, aunque unos recibieran más que otros, violando en la práctica el pari passu. Es lo que consiguieron del juez Thomas Griesa y de tres de los jueces de la Cámara de Apelaciones.

Para respaldar esta extravagancia jurídica conquistan a economistas y analistas argentinos con el objetivo de fortalecer sus campañas de desinformación y de sembrar temores sobre las perspectivas de la economía argentina. Loser solamente es el más visible de esa legión de colaboradores.

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