El juez Sebastián Casanello investiga a una banda de estafadores que, utilizando el nombre de diputados nacionales, engañaban a personas del interior del país ofreciéndoles autos de alta gama a precios muy bajos con el cuento de que se trataba de ventas de rezagos de Aduana. Los estafadores embaucaban a los interesados para que depositaran un anticipo y luego levantaban campamento. Para concretar la maniobra, mandaban sus ofertas por fax en papeles con sellos de Presidencia de la Nación y pedían que los adelantos fueran depositados a nombre del presidente de la Cámara, Julián Domínguez, o de sus pares Jorge Rivas y Luis Eugenio Basterra.

La investigación se inició a fines del año pasado, por una denuncia del propio Domínguez, alertado por las quejas de los estafados. La Justicia siguió el rastro de las líneas telefónicas utilizadas por la banda y descubrió que se trataba de dos hombres y dos mujeres. El presunto jefe de la banda, René Omar de Bernardis, de 61 años, fue detenido y procesado por Casanello por los delitos de asociación ilícita, estafa reiterada, tenencia ilegítima de documentos de identidad falsos y falsificación de sellos. Los otros tres integrantes del grupo son Ernesto Mario Gaddi, de 47 años; Griselda Edith Sanz, de 36, y Lorena Romina Pastorini, de 35.

Del total de maniobras en investigación hay seis casos acreditados. El juez detalló en el auto de procesamiento cómo operaban: “Todo se iniciaba con el envío de un fax –con sellos de la Presidencia de la Nación y del Poder Judicial de la Nación– a distintas personas físicas y empresas del interior del país, en los que se ofrecían a la venta vehículos y distintas maquinarias agrícolas a precios muy inferiores a los de mercado, aclarando que se trataba de material sin uso y que eran ofertados por un supuesto Organismo Nacional de Regulación de Importaciones y Exportaciones. A las víctimas se les brindaba una serie de teléfonos de línea fija donde eran atendidos por una mujer, quien les afirmaba que ese teléfono pertenecía al Depósito de la Aduana Nacional”. La mujer, haciéndose pasar por secretaria del jefe de operaciones del lugar, exigía a los interesados el pago del 10 por ciento del valor del vehículo que elegían. Con ese importe, aseguraba, se sacaría al vehículo del puerto y se pagarían las tasas correspondientes.

“Los depósitos debían ser enviados a través de la firma Western Union a nombre de los diputados nacionales Julián Andrés Domínguez, Jorge Rivas o Luis Eugenio Basterra –detalló el juez–, ya que se les informaba a las víctimas que ellos eran los encargados de administrar los fondos que se recaudaban con motivo de la venta de los vehículos.” Los depósitos eran cobrados con documentos de identidad falsos a nombre de los diputados.

Para identificar a los integrantes del grupo, la policía siguió físicamente y por vía terrestre los cables de las líneas telefónicas utilizadas para concretar los engaños. Así llegó a un barrio muy humilde de Florencio Varela. Al tope de un poste de una conexión clandestina, el cable en cuestión estaba cortado. El mismo resultado se obtuvo con otras líneas: una vez concretadas las estafas, la banda usaba un alicate para dar por terminado el tema. En medio de la pobreza de esas manzanas del conurbano, los estafadores habían levantado una casa que parecía de otro barrio: rodeada de un paredón de dos metros y medio de altura, con un portón-garaje de madera color caoba.

Actúa en el caso la fiscalía de Guillermo Marijuán. Al dictar los procesamientos, el juez también trabó embargos sobre los bienes de los imputados hasta alcanzar la suma de 200 mil pesos. Bernardis, el presunto jefe de la banda, continuará en prisión, mientras que los otros tres podrán esperar en libertad el inicio del juicio oral. Gaddi debe responder por ser el dueño de la agencia de Western Union de la localidad de Florencio Varela donde se cobraron todos los depósitos obtenidos mediante estafas. Las mujeres se habrían ocupado de los llamados telefónicos a las víctimas/clientes.