“No entiendo –pregunta la anciana de Guernica, que frisa los 90 años–, ¿por qué tiene que ser una jueza argentina la que investigue los crímenes cometidos por el franquismo contra nuestros familiares? ¿Dónde están nuestros jueces, dónde está nuestra Justicia?” Mas agradece a la jueza María Servini de Cubría que haya llegado a España esa semana de primavera a escuchar sus testimonios, destapar fosas y reventar el silencio cómplice de los poderes españoles contra la barbarie desplegada por el fascismo, antes, durante y después de la Guerra Civil.

La Justicia española está muerta. Deberían todas las campanas de las iglesias españolas llamar al sepelio colectivo. Como en el cuento de Saramago, El campesino de Florencia, los injustos siguen triunfando, gobernando el Supremo, el gobierno y el Congreso de España.

En el Tribunal Supremo, los magistrados que no han hecho la transición a la democracia le tuercen el pescuezo a la ley. Se deshicieron prevaricadoramente del más justo entre los jueces (Garzón), e intimidantes ordenan el silencio y la impunidad.

Aducen el principio de legalidad, y en nombre de ese principio otros jueces han negado la extradición de dos torturadores del franquismo a la Argentina. Los muertos, muertos están, aunque lo sigan estando en fosas comunes y, los derechos de los cientos de miles víctimas se tiran a una fosa común mayor, la del Poder Judicial español.

En la Argentina, las abuelas buscan a sus nietos desde hace más de 35 años, y en España, los nietos quieren saber qué pasó con sus abuelos. ¿Quién les torturó, quién les asesinó, dónde están sus cuerpos? ¿Qué pasó con los 30 mil niños secuestrados por la dictadura? ¿Qué pasó con los más de 150 mil desaparecidos que llevaron de paseo para liberarlos en la noche? ¿Por qué no ha habido verdad, por qué no ha habido justicia, por qué no ha habido reparación? Franco murió hace 40 años y sin embargo, insepulto, sigue vivo en monumentos y calles y, lo que es peor, sigue vivo en los falangistas que se llaman así mismos demócratas, dictando leyes y sentencias.

Servini de Cubría tramita una causa de jurisdicción universal en la Argentina de 300 víctimas querellantes españoles. Les quiere escuchar a todas antes de que vayan muriendo en silencio y olvidadas por su propio Estado. Quince llegaron a Buenos Aires, mas ella tomó la decisión de ir a España en comisión rogatoria. Paradójicamente viaja en el momento en que el gobierno y el Parlamento que domina, decretan la muerte de la Justicia universal de la que se benefició el pueblo argentino cuando se condenó a Scilingo y se pidió la extradición de terroristas de Estado.

España fue pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, que permitía a sus jueces perseguir crímenes internacionales así no hubiese víctimas españolas. Se abrieron causas sobre Chile, Argentina, Guatemala, Sahara, Tíbet, Ruanda, Palestina, Guantánamo, Irak, entre otras. La reforma de 2009 obligó a reducir las causas a que hubiese víctimas españolas, el responsable se encontrara en suelo español o existiesen intereses o vínculos relevantes con España de por medio. Y las causas siguieron abiertas.

La reforma de 2014 le impone más restricciones, haciéndola agonizar. El partido en el poder no quiere ninguna acción extraterritorial de los jueces españoles, ni siquiera si hay víctimas españolas de por medio, salvo en materia de terrorismo. Además de las víctimas del franquismo, sustrae de su obligación de tutela judicial a las víctimas españolas en cualquier lugar del mundo, dejando inermes a sus ciudadanos frente a crímenes internacionales en causas humanitarias o solidarias, o frente a los periodistas que cumplen con su deber de informar.

Pero quienes dirigen los destinos de España, para vergüenza de su pueblo y repudio generalizado, no cumplen ni su propia ley.

Al igual que, en su día, utilizaron la ley de amnistía para dar carpetazo a toda la barbarie del régimen franquista, aunque desde distintos comités de la ONU que obligan al Estado español se ha reclamado insistentemente su supresión, la ley llamada de memoria histórica de 2007 para reparar a las víctimas de los crímenes de la dictadura no se cumple porque, dicen, no hay dinero. Mientras tanto, los jueces que se han atrevido a cumplir con estas obligaciones y con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos humanos, corren el riesgo de continuar siendo perseguidos por ello.

En esta mala hora de la Justicia española hay que resaltar al juez Baltasar Garzón, quien seguirá siendo juez en la memoria agradecida de los pueblos; al magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, y a quienes desde la Audiencia Nacional (José Ricardo de Prada, Fernando Andreu o Santiago Pedraz, entre otros) siguen haciendo honor a su condición de jueces, al negarse a administrar impunidad, cuando la conciencia y el Derecho les dicta enfrentar crímenes internacionales, sin importar qué tan poderosos sean los perpetradores.

Y de igual manera hay que reconocer a fiscales como Dolores Delgado, que batalla en solitario; a José María Mena, que nunca se resigna, y a un grupo excepcional de juristas como Joan Garcés, Manuel Ollé, Almudena Bernabéu, Carlos Slepoy, Enrique Santiago, entre otros, que junto con las víctimas, y en particular las del franquismo, harán resucitar la Justicia española. Entonces las campanas no doblarán por una España rota y destruida por la mano del fascismo, sino por el mundo nuevo en el que la impunidad sea erradicada. Para ello, como la jueza Servini de Cubría, seguiremos dispuestos a aportar lo necesario para que la Justicia siga viajando.

* Representante permanente ante la OEA de la FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos.