El número de procesados por delitos de lesa humanidad en las distintas instancias suma 1128.
Imagen: Julio Pantoja.

Dieciséis juicios en todo el país, con 298 acusados en el banquillo que rinden cuentas por 2408 delitos. Esa es la foto que retrata el presente de los procesos por las decenas de miles de secuestros, tormentos y homicidios cometidos desde el Estado durante la última dictadura, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Es auspicioso el número de juicios para hacer realidad esta cruzada por la memoria, la verdad y la justicia”, consideró el fiscal general Jorge Auat, titular de esa unidad. “Para que la barbarie no se repita es fundamental que trabaje la memoria”, enfatizó Auat. Del informe surge también que año a año aumenta el número de condenados, aunque se mantiene estancado el número de condenas firmes, principalmente por la lentitud de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre las sentencias. También aumenta el número de detenidos, aunque uno de cada tres goza de arresto domiciliario. La cifra de prófugos, 61 al día de hoy, se mantiene estable.

Actualmente se desarrollan 14 juicios orales y públicos y dos por escrito (con las reglas del viejo Código Procesal Penal), distribuidos en diez jurisdicciones, precisa el informe de la Procuraduría que coordina la abogada Carolina Varksy. El número de procesados por delitos de lesa humanidad en las distintas instancias suma 1128, de los cuales 605 cuentan con una o más causas elevadas a juicio. Sobre estos últimos, diez fueron apartados por “incapacidad sobreviniente” (léase morirán impunes por problemas de salud) y cinco se encuentran prófugos. Otros 195 procesados tienen una o más causas en las cuales una fiscalía formuló el requerimiento de elevación.

Uno de los mayores obstáculos para el inicio de los juicios tiene que ver con las dificultades en la integración de los tribunales orales. El problema surge por las recusaciones o excusaciones de jueces, pero también por la lentitud del Consejo de la Magistratura para cubrir los lugares vacantes y del Poder Ejecutivo para pronunciarse sobre las ternas de jueces que descansan en su poder. Esta es la causa del estancamiento de procesos en La Plata (hay cuatro juicios elevados sólo del Circuito Camps), en Neuquén o en Mar del Plata, situación que beneficia a los ex miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), de fuerte inserción en el Poder Judicial local.

El informe indica que, desde la recuperación de la democracia en 1983, fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura 529 represores –varios recibieron más de una condena–, en tanto 56 imputados resultaron absueltos. Sobre ese universo, sólo se encuentran firmes 114 condenas que abarcan a 108 represores (algunos más de una vez) que fueron juzgados en 51 procesos. “Buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década del ’80 y casos de apropiaciones de menores”, precisa el trabajo de la Procuraduría.

A partir del denominado Juicio a las Juntas de 1985, se celebraron en el país 129 procesos, de los cuales 114 se realizaron a partir de 2004, tras la anulación judicial y legislativa de las leyes de punto final y obediencia debida. Durante 2013 concluyeron 24 juicios y otros siete en lo que va de 2014. Para el segundo semestre del año se encuentran programados otros siete procesos, que involucran a 21 acusados por 101 hechos, es decir que serán juicios con apenas tres acusados como promedio. La estimación para lo que resta de 2014 podría variar con el eventual arribo de nuevas causas a juicio, con suspensiones o la fijación de audiencias en expedientes que aguardan su turno para ser tratados en debate.

La Procuraduría precisa en su informe que hay actualmente 1017 personas detenidas por delitos de lesa humanidad, de las cuales el 62 por ciento está en unidades carcelarias, el 36,2 por ciento goza de arresto hogareño, el 1,20 por ciento está en dependencias de fuerzas de seguridad y un 0,6 por ciento en hospitales. El hecho de que más de un tercio de los detenidos estén encerrados en sus casas obedece en algunos casos a problemas de salud y en otros a la concesión automática de ese beneficio, tal como ocurre con los marinos y prefectos que comenzaron a ser juzgados por sus crímenes en las bases de Puerto Belgrano y Baterías. Actualmente, no hay detenidos por causas de lesa humanidad en dependencias militares. En términos absolutos, el número de detenidos pasó de 593 en 2011, 813 en 2012 y 927 en el 2013, a los 1017 actuales.

Respecto de los prófugos que participaron del terrorismo de Estado, en la actualidad son 61 personas, en tanto otras cuatro se encuentran en proceso de extradición, en dos casos más la extradición fue denegada y en otros dos los acusados fueron localizados pero aún no fueron extraditados. Además, hay seis imputados que cumplen condenas en Uruguay y que deberán ser extraditados cuando culmine el cumplimiento de esas sentencias.