La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se presentó en el juzgado de Salta en el que un diputado cercano al macrismo, Guillermo Durand Cornejo, pidió una cautelar para frenar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el Grupo Clarín. Durand Cornejo es, además, titular del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco). “Resulta clarificador traer a consideración la intervención de Codelco, quien fuera elegida por el Grupo Clarín para exponer en la Corte Suprema de Justicia”, advirtió la Afsca en el escrito que presentó ante el juez Miguel Antonio Medina. Allí, el organismo rechazó la posibilidad de que, una vez más, una cautelar frene indefinidamente todo el proceso de adecuación.

“Codelco reaparece con una acción judicial que va en contra de los derechos de usuarios y consumidores y en claro beneficio del hegemónico Grupo Clarín, que opera en el mercado de comunicación audiovisual con la ayuda de asociaciones que buscan obtener un rédito político a través de una presentación que resulta funcional al poder económico”, indica el escrito presentado por la Afsca ante el juez. “No parece que fuera una asociación de consumidores la que pretende frenar la aplicación de la ley 26.522, a partir de una presentación que firma el diputado aliado al PRO Guillermo Durand Cornejo, sino más bien parece ser el cumplimiento de un pedido expreso del Grupo Clarín, quien es el principal beneficiario de la medida cautelar que se pretende”, indica la Afsca. “Está claro que no se busca beneficiar ni a usuarios ni a consumidores, sino liberar al Grupo Clarín del cumplimiento de la Ley 26.522 en perjuicio de aquellos que Codelco dice representar”, afirmó el organismo de aplicación de la ley de medios.

Lo que pidió el titular de Codelco es una medida de no innovar que detenga todos los procesos de adecuación a la ley, dispuestos por el artículo 161 y por el fallo de la Corte Suprema que zanjó la cuestión y declaró constitucional la ley. “Todo ello, nuevamente, no a favor del colectivo al que dice representar, sino en claro beneficio de las empresas que concentran el mercado audiovisual”, insistió la Afsca en el escrito.

El organismo destacó que luego del pleito judicial con el Grupo Clarín, que detuvo la aplicación de la ley durante cuatro años, y el fallo de la Corte, sería contradictorio otorgar una nueva cautelar. “De admitirse la pretensión, se consagraría un hecho de notoria gravedad institucional –le advirtieron al juez Medina en el escrito–, ya que, otra vez, con la utilización de uno de los poderes del Estado, el Grupo Clarín obtendría indirectamente aquello que no pudo conseguir en el fallo del máximo tribunal recaído en la causa en la que se desecharon los cuestionamientos a la constitucionalidad de la ley en su conjunto y de su procedimiento en particular”. La Afsca recordó además que, por la jurisprudencia de la Corte, “carecen de fundamento las sentencias de tribunales inferiores que se aparten de los fundamentos de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el máximo tribunal”.