La Argentina realizó ayer una presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya denunciando a los Estados Unidos al considerar que el juez de Nueva York Thomas Griesa comete “violaciones” sobre “la soberanía” y “las inmunidades” de este país en las decisiones que toma en el marco de la causa que iniciaron los fondos buitre representados por el lobbista Paul Singer contra el Estado nacional. Al prohibir que los acreedores con bonos reestructurados durante los canjes de 2005 y 2010 cobren el dinero depositado en tiempo y forma, incluso en bancos extranjeros y con ley bajo leyes de otros países, el magistrado neoyorquino excede su jurisdicción, sostiene el gobierno nacional, que en este escrito hizo responsable al presidente Barack Obama por la actuación del Poder Judicial estadounidense. Como ese país no es signatario de los tratados que conformaron el tribunal con sede en Holanda, Washington debería someterse de forma voluntaria a su jurisdicción. En caso contrario, se le reclama a Estados Unidos que presente “un medio de solución pacífica alternativo para resolver” esta cuestión.

La noticia se dio a conocer por la tarde, a través de un comunicado de la Jefatura de Gabinete, y fue confirmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, algunas horas más tarde, en el acto que encabezó en la Casa Rosada. “En la fecha se ha presentado en La Haya, que es el Tribunal de las Naciones Unidas, una demanda contra Estados Unidos, por la actividad de su Poder Judicial”, anunció la mandataria. “Empleados dependientes de ese país han provocado daño conforme a derecho”, agregó CFK, haciendo referencia a Griesa, quien “con sus resoluciones quiere llevarse por delante la soberanía de un país”, poniendo a la Argentina “en un limbo jurídico”.

Fernández de Kirchner se refería con esto al bloqueo que estableció el juez Griesa sobre los fondos depositados por la Argentina para pagar a los bonistas reestructurados. “O se embargan o se distribuyen los fondos”, señaló la Presidenta, quien descalificó la validez legal de la orden que “impide a un fiduciario, el Banco de Nueva York, que cumpla con su función” y les pague a los acreedores. “Hay como un aire de urbi et orbi en las resoluciones del juez municipal que no tienen ni pies ni cabeza”, manifestó la mandataria.

“La responsabilidad internacional de Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”, sostuvo el gobierno nacional a través de su comunicado. “Dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, por lo que se decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia “para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la justicia”.

La viabilidad del pleito internacional “depende de que Estados Unidos acepte la jurisdicción de La Haya”, explicó ayer CFK durante el discurso. Es que Washington no ha refrendado el tratado de creación de ese tribunal, por lo que no se encuentra atado a su arbitrio. “Ninguna acción se adoptará hasta que los Estados Unidos consientan”, confirmaron ayer fuentes de la Corte Internacional, cuyo reglamento prevé que si un demandante pretende fundar la competencia en un consentimiento todavía no dado o manifestado por el Estado contra el que se formuló la solicitud, ésta será transmitida a ese Estado” para que decida si la acepta o no.

Plan B

En el probable caso de que el gobierno estadounidense no consienta someterse a sentencia de La Haya, “la Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo” para resolver la controversia “de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA y del derecho internacional general, que imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos”, asegura el comunicado difundido ayer por el gobierno nacional.

En ese sentido, la Presidenta hizo referencia a un artículo publicado ayer por el diario inglés The Guardian en el que se explica que el “presidente Obama podría poner fin a la crisis de deuda de la República Argentina” a través de un mecanismo previsto por la Constitución de los Estados Unidos. Según el artículo, el recurso, que tiene valor constitucional bajo la cláusula de separación de poderes, permite que el presidente estadounidense envíe un mensaje a Griesa informándole que el accionar de Singer y los fondos buitre en la causa contra Argentina interfiere con la autoridad del jefe de Estado de conducir las relaciones exteriores del país (ver página 4).

Si Obama hiciera eso, Griesa no puede más que declararse incompetente y el caso se agotaría allí mismo, así como las restricciones impuestas por el juez al pago de la deuda argentina reestructurada. Una solución similar ya fue utilizada recientemente por el ex mandatario George W. Bush en el marco de un conflicto del mismo grupo de fondos buitre capitaneado por Paul Singer con la República del Congo.

En la Casa Rosada ven en este antecedente una alternativa “política” para “solucionar de una vez por todas este asunto” sin depender de “los largos plazos judiciales” del tribunal internacional. Un día antes, en una entrevista radial, el ministro de Economía, Axel Kicillof, ya había sugerido que el Ejecutivo podía aportar una posible solución al nudo gordiano enredado por Griesa. “Estados Unidos puede hacerse el distraído, puede hacerse el tonto, pero hay un juez de ese país que está tratando de embargar algo que ni siquiera es nuestro”, había dicho el titular de Hacienda.