Dos empresas hegemonizan el negocio de las grúas en la ciudad desde la época de Carlos Grosso. Se sabe que ambas pagan un canon fijo y se llevan la recaudación de las multas por acarreo. Menos conocido, en cambio, es que el gobierno de Mauricio Macri les transfiere sumas millonarias a través de una partida de alquiler de vehículos de la Dirección General de Concesiones. Sólo en 2013, las dos empresas se llevaron 49 millones de pesos y, entre 2008 y 2014, recibieron ya 122 millones de las arcas públicas. Desde la gestión PRO sostuvieron que es una forma de compensar costos. “Es escandaloso. Justifican el alquiler de maquinaria de equipo como un subsidio”, remarcó el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

En diciembre del año pasado, la gestión PRO obtuvo una ley de la Legislatura que amplía la cantidad de espacios medidos para estacionar: se sumarán 140 mil lugares ahora gratuitos, por lo que un 45 por ciento de la ciudad tendrá estacionamiento medido. En 2017 prevén sumar otros 2688 espacios. En julio de este año, Macri resolvió aumentar el costo de los parquímetros un 114 por ciento: la tarifa pasó de 1,40 a 3 pesos.

El acarreo está concentrado en dos empresas desde hace 24 años. El contrato de las grúas está vencido desde 2001 y data de la época del intendente Carlos Grosso, quien terminó su mandato (y su carrera política) en 1992 en medio de denuncias de corrupción. Las dos empresas que consiguieron el negocio del acarreo y lo manejan hasta hoy son Dakota S. A. y B. R. D. Saicfi. Sus presidentes, en los acuerdos con el gobierno porteño, son Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD). Por el contrato de 1990, las empresas pagan un canon y se llevan completo el dinero de la recaudación: 350 pesos por cada auto acarreado.

Un acuerdo con la gestión PRO de 2012 les mejoró esas ganancias: el gobierno porteño se comprometió a pagar cada fin de mes las multas impagas de los autos acarreados, además de un adicional que pagan a los trabajadores de las empresas privadas agremiados en Camioneros (el adicional corresponde al 20 por ciento del básico del convenio de ese gremio). Página/12 intentó consultar al Ministerio de Desarrollo Económico, que conduce Francisco Cabrera, para conocer los montos actuales de esos costos que asume el Estado porteño, pero no obtuvo respuesta.

La cuenta

El equipo del auditor Eduardo Epszteyn encontró, no obstante, una partida del presupuesto de la Dirección General de Concesiones destinada a “alquiler de vehículos” que parece ser utilizada para financiar a estas dos empresas. El primer dato curioso es que las empresas reciben una suerte de cuota fija por mes: este año, por ejemplo, Dakota recibió exactamente 1.876.048 pesos en febrero, en marzo y en abril. La diferencia de lo que el gobierno porteño le transfiere por mes fue de centavos. La compañía BRD, en tanto, recibió 1.953.504 en febrero, 2.173.543 en abril y otros 2.930.809 pesos ese mismo mes “por adicionales y redeterminación” de precios. Según el contrato, son las empresas concesionarias las que debían pagar un canon al Estado, que actualmente es de 55 mil pesos: 34 veces menos que lo que el propio Estado les da a las empresas.

Las órdenes de pago que se despacharon no dan detalles de los motivos de la erogación, salvo un escueto “alquiler de maquinaria”. Página/12 pidió alguna explicación sobre estos pagos a la Dirección General de Concesiones, a cargo de Gabriel Astarloa, pero tampoco obtuvo respuesta. Otras fuentes de Bolívar 1 apuntaron a un decreto de la época de Jorge Telerman, por el que se acordó con Dakota, BRD y con el sindicato de Camioneros pagarles los adicionales correspondientes al trabajo de la Policía Federal y un adicional sobre los sueldos, dado que la tarifa estaba congelada.

Sin embargo, la gestión PRO firmó otros dos acuerdos en 2008 y en 2012 con estas empresas. Si en el convenio de Telerman se argumentaba con el congelamiento de la tarifa, los dos siguientes la aumentaron “como resultado del proceso inflacionario en el que está sumido el país” –según dice el acta acuerdo de 2012–, lo que, sostuvieron los funcionarios macristas, “dificulta el mantenimiento de la calidad operativa en la prestación del servicio”. “Resulta razonable que los costos económicos inherentes al servicio sean absorbidos por los usuarios directos de los mismos”, afirmó la Dirección General de Concesiones.

“Barril sin fondo”

Lo cierto es que la cuenta que reciben las empresas viene creciendo año a año, según pudo establecer el equipo del auditor Epszteyn. En 2010, la partida destinada al “alquiler de camiones” de la Dirección General de Concesiones tenía, según el presupuesto, 11 mil pesos disponibles para gastar. No obstante, a través de reasignación de partidas, se gastaron 10 millones 700 mil pesos, que se repartieron entre Dakota y BRD.

- En 2011, esa misma partida tenía un presupuesto de 70 mil pesos, pero tuvo una ejecución sideral: las dos mismas empresas se llevaron 28 millones 612 mil pesos.

- En 2012, el presupuesto votado por la Legislatura era de 100 mil pesos y se transfirieron a las dos empresas 32 millones 316 mil pesos.

- En 2013, tuvo un presupuesto de cero peso, pero a través de esa partida llegaron 49 millones 191 mil pesos a las dos empresas: 25 millones 353 mil pesos para BRD y 23 millones 838 mil pesos para Dakota.

- En lo que va de 2014, ya recaudaron entre las dos 12 millones 686 mil pesos. Siempre en una partida de “alquiler de camiones” y sobre dos empresas que le tienen que pagar al Estado un irrisorio canon anual de 660 mil pesos por año por llevarse, además, la recaudación del acarreo.

“Parece un barril sin fondo donde se va la plata”, sostuvo el auditor Epszteyn, quien alertó sobre el extraño uso de una partida para “alquiler de camiones”: “Es absolutamente irregular. Si dicen que es un subsidio es irregular: debieran tener fundamentado por qué lo dan e imputarlo correctamente”, advirtió. “Nadie puede creer que subsidien a las empresas de acarreo, que se lleva toda la recaudación. Sólo se justifica por la connivencia que tienen con el Gobierno de la Ciudad”, advirtió.

A partir de la nueva ley, que extiende los parquímetros al 45 por ciento de la ciudad, debería cambiar la ecuación económica: el gobierno porteño debe licitar el contrato de acarreo en cinco zonas separadas, lo que impediría que dos empresas sigan hegemonizando el negocio. Las empresas pasarían a cobrar una cuota fija, mientras que el Estado se llevaría la recaudación, al revés de lo que ocurre ahora. No está claro, sin embargo, qué pasará con la partida que mueve millones hacia las dos empresas de grúas y sobre la que ningún funcionario porteño quiso responder.