El 24 de agosto se cumplen 20 años de la jura de la Constitución Nacional en su versión 1994. La reforma de aquel año, aunque impulsada por el presidente Carlos Menem con el indisimulado propósito de quedar habilitado para aspirar a un nuevo mandato presidencial en acuerdo con su antecesor, Raúl Alfonsín, no tiene poca valía.

Entre sus logros se cuenta que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos; introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, los ambientales y del consumidor; estableció normas para la defensa de la democracia y la Constitución; definió las características de los órganos de gobierno y nuevos organismos de control; sancionó mecanismos de democracia semidirecta, como la iniciativa y la consulta popular; creó un Consejo de la Magistratura y un Jurado de Enjuiciamiento encargados de la selección y de la remoción de jueces; requirió el acuerdo del Senado para la designación de los presidentes del Banco Central y de la Auditoría General de la Nación; creó la Defensoría del Pueblo de la Nación y definió al Ministerio Público como órgano independiente, encargado de actuar “en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”.

A ello se le suma que suprimió el requisito de practicar la fe católica para acceder a la primera magistratura y reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, su identidad, su personería jurídica y la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras.

Transcurridas dos décadas de aquella innovación, los aludidos méritos, que deben mantenerse, no obstaculizan las razones que hoy justifican un nuevo debate sobre la posibilidad y alcances de una nueva reforma. La dinámica social, que presupone cambios en el modelo de desarrollo nacional y en la concepción misma de la idea de equidad social, como también la pertinencia de reconocer en la Carta Magna nuevos derechos y garantías para cubrir adecuadamente las necesidades de la convivencia social en las condiciones presentes, son motivaciones suficientes para encarar el tema.

Dentro del amplio menú de temas a proponer para el nuevo texto constitucional deben tener un lugar de privilegio las cláusulas que posibiliten avanzar hacia niveles aceptables de igualdad. El debate debe poner al descubierto la exclusión y la pobreza extrema que aún conviven con nosotros e idear equitativas formas de distribución social de la riqueza. Debe imaginarse un nuevo sistema tributario, justo y progresivo, y consagrarse la propiedad como un bien social. Debe rediscutirse lo relativo al dominio nacional de los recursos naturales, evitándose la discriminación de las provincias no favorecidas con dicha riqueza. Deben establecerse mecanismos para el acceso real a los derechos económicos, sociales y culturales, nominalmente ya consagrados.

Ocupándose de la arquitectura misma del poder, no estaría de más rediscutir el sistema de gobierno, constitucionalizar Unasur y la Celac y jerarquizar el derecho comunitario. Deben propiciarse la tolerancia y el laicismo, separando definitivamente Iglesia y Estado y, a la luz de la experiencia vivida, reformularse el Consejo de la Magistratura y acotar el carácter vitalicio del cargo de integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Quedó atrás el tiempo en que los problemas del país y sus instituciones eran cosas de unos pocos. Renovar la Constitución es un buen motivo para el debate público.

* Mesa Nacional de Socialistas para la Victoria.