Un exhorto que el juez Sebastián Casanello dispuso enviar a Estados Unidos podría ser clave para definir la situación de Mauricio Macri en la causa sobre las escuchas o también podría perpetuar la incertidumbre sobre su responsabilidad en el caso, si se tiene en cuenta que es raro que ese país conteste este tipo de requerimientos judiciales. La medida responde a una indicación de la Cámara Federal, que encomendó una serie de averiguaciones antes de definir si el jefe de Gobierno porteño debe o no ir a juicio oral por las pinchaduras telefónicas. En este caso, el pedido está destinado a que la empresa estadounidense Ackerman confirme si prestó servicios para espiar al cuñado de Macri, Daniel Leonardo. En la causa judicial se constató que su celular estuvo intervenido, pero el padre del líder del PRO, Franco Macri, declaró que había sido él quien lo mandó a seguir, en un intento por despegar al hijo. Para Casanello, todavía no hay nada que avale esa teoría de la familia.

Macri está procesado por asociación ilícita, vinculado con las escuchas telefónicas que afectaron a Leonardo, quien estaba casado con la recientemente fallecida Sandra Macri, y a Sergio Burstein, dirigente de Familiares de AMIA. En ambos casos se le atribuyó vinculación y un interés personal: en el primero, se trataba de su cuñado, un personaje rechazado en el clan familiar; en el segundo, Burstein fue, en la época en que lo escuchaban, un ferviente detractor de la designación de Palacios en la policía porteña, ya que lo vinculaba con el encubrimiento del ataque a la AMIA.

Por esas dos pinchaduras y otras que afectaron a abogados, empresarios y amantes, fueron elevados a juicio oral el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el ex policía y espía Ciro James, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, el ex juez de Misiones José Rey, una secretaria y cinco policías. Intervenían los teléfonos con órdenes judiciales truchas, que implementaba la ex SIDE, y así tenían aspecto de legalidad. El jefe de Gobierno, sin embargo, no forma parte de esa tanda que será juzgada por el Tribunal Oral Federal 5, porque tanto Casanello como la Cámara evaluaron que faltaban algunas medidas de investigación. Una de ellas fue la declaración del ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, quien lo desvinculó de la política del área y dijo que fue él mismo quien lo llevó a Palacios. Otras apuntan a conocer el papel de Ackerman y de Macri padre.

En mayo de 2010 Franco Macri se presentó en la causa con un escrito que decía que a Leonardo lo había mandado a investigar él para evaluar los “riesgos de la relación matrimonial” con su hija y que para eso había “contratado los servicios” de la agencia de seguridad Ackerman. Entregó una serie de documentos sobre esa contratación, aunque según evaluó Casanello “no expone cuáles fueron los mecanismos llevados a cabo”. En el propio exhorto explica que existen dos hipótesis excluyentes en el expediente: “aquella que involucra a Mauricio Macri con un interés particular en tener acceso a las conversaciones de Néstor Daniel Leonardo” para lo cual habría requerido “una intromisión indebida” y otra que “podría vincular esa auscultación a los servicios que, en materia de seguridad, la firma Ackerman Group habría brindado a Francisco Macri”.

El juez Casanello pidió el envío de documentación o informes en poder de la empresa Ackerman (mails, contratos, cartas, informes, facturas) que estén relacionados “con la contratación efectuada por Franco Macri y/o Sideco”, su empresa, entre mayo y octubre de 2008, que es el período en que fueron escuchadas las conversaciones telefónicas de Leonardo y que Macri padre dice que lo investigó. También pide saber si Richard Ford es asociado, empleado, dependiente o contratado de la firma de seguridad. Ford fue mencionado como supuesto nexo. Lo señaló como representante de Ackerman el ex jefe de la Policía Federal de los noventa Adrián Pelacchi, cuya empresa AP Security dio servicios de seguridad a Franco Macri.

La Cámara Federal, en uno de sus fallos, había señalado a Macri como posible responsable de una red de inteligencia ilegal instalada en su gobierno. Con eso, ahora parecería que no alcanza para que vaya a juicio, y se esperan pruebas que podrían esclarecer su papel, o bien (teniendo en cuenta la habitual reticencia estadounidense a contestar pedidos judiciales de Argentina) a eternizar la incertidumbre.