Hubo un tiempo en que los defensores oficiales eran “figuras vacías” dentro del sistema de administración de Justicia que “sólo servían para legitimar condenas”. La titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, aseguró en diálogo con Página/12 que las cosas son diferentes desde la reforma de la Constitución nacional, en la que se determinó la autonomía de fiscales y defensores del Poder Judicial: “Se trató de un avance espectacular. El único modo en que un defensor pueda realmente representar los intereses de su asistido es siendo absolutamente independiente de los jueces y de los fiscales”, remarcó la funcionaria, cuando se cumplen veinte años de esa independencia, que celebrarán con un congreso a realizarse del miércoles al viernes.

–¿Qué significó la autonomía?

–La autonomía es un proceso que comienza con la reforma constitucional de 1994, cuando se crea un Ministerio Público bicéfalo: por un lado el Fiscal, por otro el de la Defensa. También se equipara a unos y otros con los jueces: se los identifica como magistrados. Lo que establece la reforma es que el sistema de administración de Justicia nacional tiene tres pilares iguales: el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, todos totalmente autónomos, autárquicos e independientes unos de los otros, con funcionamiento de manera absolutamente desvinculada. Lo único que compartimos, que sería mejor no hacerlo, es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Todo lo demás es absolutamente independiente, incluso los presupuestos, que son aplicados a las necesidades propias. Esa cuestión resultó un avance espectacular en la aplicación de la Justicia, incluso a nivel mundial; es única en el mundo. Somos de los pocos países, ahora hay cada vez más, en el que la Constitución menciona específicamente a la Defensa. La independencia que determinó la reforma constitucional se perfeccionó con la ley orgánica del Ministerio, promulgada en 1998, que ampliaba las funciones del ministerio: velar por los derechos humanos, por la situación de las personas privadas de libertad, pero por sobre todo garantizar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad y representar a las personas que litiguen contra el país en cortes internacionales. Con esa cuestión, los defensores oficiales quedamos equiparados a los particulares y, en muchos casos, con más ventajas de acción. Esto es lo novedoso y rupturista a nivel mundial: todos acordamos que el Estado tiene la obligación de garantizar la defensa penal en general de los sectores más pobres y el acceso a la Justicia, pero nadie sabe cómo. Y que en un país como Argentina, que no es de los más desarrollados, exista un modelo que implique que el Estado se hace realmente cargo de la esta cuestión y la sostiene es algo impactante.

–¿Por qué no es la práctica común en el resto del mundo?

–Se maneja mucho el mito de que es un gran gasto. Pero puedo asegurar que no es así, todo lo contrario. Esto no es más caro que pagar a abogados particulares grandes presupuestos o derivar dinero a colegios de abogados, como sucede en Europa. Y en la práctica es más beneficioso nuestro modelo, porque todos los defensores actuamos como un cuerpo, entonces todos pueden perseguir determinados cambios jurisprudenciales, son respetados por las otras partes de la Justicia, los jueces los escuchan.

–¿Existen resistencias, a 20 años de la división?

–La separación de la defensa del poder judicial y de los fiscales, incluso, fue siempre resistida. Fue un divorcio mal hecho: nunca nos dieron los inmuebles, con lo cual al principio la Defensa no tenía lugar físico en dónde funcionar. Además, en algunos lugares nos dieron a la defensa los peores empleados. Es esto lo que llevó tanto tiempo consolidar un proceso que todavía transitamos, porque la autonomía que fijó la Constitución tras 1994 no fue aplicada de igual manera en todo el país. Aun hay muchas provincias en las que los defensores dependen del Poder Judicial y en una inmensa mayoría del procurador. Esto es un contrasentido, porque los defensores tienen como jefe a un fiscal.

–¿Por qué no la aplicaron? ¿Qué implica para la generalidad de la administración de Justicia en el país?

–En las provincias donde no se aplicó el problema es cuestión de lucha por poder. Las provincias tienen sus respectivas constituciones y existen varias que se resisten a modificarlas para crear el Ministerio Público. Podrían sacar leyes que salven esos cambios, pero la misma negativa expresan en este sentido. Buenos Aires es un ejemplo de resistencia: dicen que este modelo es inconstitucional respecto de su ley suprema. La Legislatura emitió una ley que adaptaba su norma a la reforma de 1994 y la procuradora interpuso un recurso para suspender su aplicación. Creo que esto es insostenible, porque somos un Estado federal, pero Estado al fin. Y las provincias deben aproximar sus reglas a la Constitución Nacional lo más posible. En el otro extremo, Chubut tiene un sistema modelo que funciona muy bien. En Entre Ríos, el defensor oficial se maneja con absoluta autonomía. En La Rioja también está la defensa separada, y uno ve la diferencia.

–¿En qué mejoró el funcionamiento del sistema de Justicia la autonomía de la defensa?

–El único modo en que alguien pueda realmente representar los intereses de su asistido es siendo absolutamente independiente de los jueces y de los fiscales. Cuanto más independiente sea el defensor del resto de las partes, menos contaminado estará con otras visiones a la hora de hacer su trabajo. Durante mucho tiempo, desde fines de los ’70 hasta la reforma de la Constitución, los defensores pertenecieron al Poder Judicial. Se convirtieron en figuras vacías que no significaban nada. En muchos casos ni siquiera iban a los procesos. Sólo servían para legitimar condenas, pues nunca se atrevían a contradecir al juez. Se autodenominaban auxiliares de la Justicia. Nosotros nunca decimos que somos tal cosa. Nosotros representamos los intereses de nuestros defendidos y, si esos aparecen en contra de lo que el juez o el tribunal quiere, lo lamentamos. Nuestra obligación primera es hacia nuestro defendido. Este cambio se dio paulatinamente, de a poco, a medida que fuimos tomando conciencia de nuestro rol y ahora estamos lejos de aquello. Pero sigue siendo difícil.

–¿Considera que la opinión pública entiende acabadamente el rol de defensor? ¿No sospecha que hay falta de información allí?

–Es difícil que la opinión pública sepa entender la mecánica de Justicia desde el rol del defensor. Debimos defender a los autores de los delitos de lesa humanidad. Pero, en realidad, si no existieran defensores, no se podrían hacer los juicios. Hay que entender la naturaleza de nuestra función: no defendemos a la persona ni lo que hizo, sino sus derechos para que tenga un juicio justo. No es lo mismo. Decimos: este señor es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para poder hacerlo hay que realizar una serie de pasos rituales. Los defensores estamos para que esos pasos se cumplan y dar la versión favorable a él de la cuestión.

–Entonces, antes que nada hay que informar...

–Claro, y por eso trabajamos mucho en educar a la opinión pública en todos los ámbitos. En realidad, la gente es mucho más racional que lo que se cree. Por algo en la mayoría de los juicios en donde intervienen jurados, las personas que los integran suelen ser más benévolas que los jueces técnicos. Llevada a un caso concreto, la gente es mucho más razonable, entiende y tiene visión de sentido común que no debemos despreciar. La gente quiere sentirse protegida, pero esa es tarea de la policía, no de los jueces. Los jueces deben actuar con justicia, imponer penas en los casos que sea necesario, pero no convertirse en representantes de la venganza colectiva, que a veces, en casos muy puntuales, aparecen. Si se abre el sistema a la gente, si se lo acerca y se lo ofrece a su alcance, la visión de que la gente quiere a todo el mundo fusilado se morigerará.

–La ley orgánica de 1998 amplió sus ámbitos de acción. ¿Cuán importante es para la sociedad que los defensores se especialicen en esas cuestiones?

–Es muy importante. Pero, principalmente, la gente debe saber que estamos para ayudarlos a que se cumplan sus derechos: los defensores somos los responsables de garantizar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables, niños, niñas y adolescentes; ancianos, mujeres en situación de fragilidad emocional, migrantes, refugiados. La diferenciación de estos grupos poblacionales y la ampliación de nuestras funciones a los derechos humanos, incluso la determinación de nuestra actuación en casos en los que los ciudadanos acusan al Estado de haberle hecho daño, nos permitió desarrollar programas específicos y dedicados a cada una de estas poblaciones y cuestiones. El ministerio y todos tenemos que hacerle saber a la gente sus derechos. Usualmente se cree que con una ley basta. Pero si a la gente no se le explica de qué se trata esa ley, muchas veces a las leyes no las entendemos ni nosotros, no sirve de nada. Tenemos que lograr que la gente entienda sus derechos, que sepa cómo hacerlos valer y que cuenta con defensor que, gratis, lo acompañará en ese camino y, por último, que el acceso a los tribunales no sea complejo.

–¿Qué falta para mejorar?

–Tenemos un montón de trabajo que abarca diferentes áreas. Desde hace muchos años trabajamos determinadas áreas en profundidad a través de comisiones, como la dedicada a migrantes, a personas en situación de encierro, a mujeres en circunstancias de debilidad, a niños, niñas y adolescentes, entre tantas otras que buscan no sólo brindar asistencia penal, sino acompañar a la gente en el proceso de acceso a la Justicia.

Tenemos dos deseos fundamentales y para cumplirlos trabajamos: que en todo lugar donde haya un juzgado y una fiscalía, haya una defensoría. Paliamos un déficit histórico de defensores que nunca hemos podido revertir. El otro objetivo es trabajar muy fuerte en los derechos económicos y sociales, un ambiente que no está totalmente transitado. Falta mucho, hay que fortalecer esta área y garantizar que todos tengan acceso a la Justicia.