En el mundillo judicial solían describir a Eduardo Moliné O’Connor como el “cerebro” de la mayoría automática menemista de la Corte Suprema. Lo pintaban, de ese modo, como el hombre que –silenciosamente– daba soporte intelectual e ideológico a los fallos. Era cuñado del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y había llegado al máximo tribunal a mediados de 1990, después de que Carlos Menem decidió ampliar el número de sus integrantes de cinco a nueve. En su otra faceta, en la que cultivaba un perfil más alto, era dirigente fanático de la Asociación Argentina de Tenis. Moliné O’Connor estaba enfermo y falleció ayer, a los 76 años. Solía decir que de la Corte sólo lo podrían sacar “a las patadas”. Sin embargo, fue destituido en diciembre de 2003, y hasta hora seguía batallando ante el más alto tribunal para cobrar una jubilación de privilegio.

Por esas casualidades, Moliné O’Connor falleció dos días después que otro ex juez de la Corte, Jorge Bacqué, casi su contracara: Bacqué dejó la Corte al ver que se venía un tribunal a medida de Menem; Moliné entraba, como quien se pone a disposición. Una de sus hermanas estaba casada con el ex titular de la central de espías y la otra con su hermano, el influyente abogado Jorge Anzorreguy, como cuenta el periodista Horacio Verbitsky en el libro Hacer la Corte. Allí, también recuerda que la carrera de Moliné O’Connor como dirigente del tenis se había iniciado durante la última dictadura, primero en 1981 como asesor legal de la Asociación de Tenis, luego como integrante del consejo directivo y llegó a ser vicepresidente. En 2002, cuando soplaban los primeros vientos de renovación suprema, fue abucheado en el Lawn Tennis mientras presenciaba la Copa Davis.

Moliné O’Connor participó de algunos fallos que hicieron historia en el menemismo, como aquel que habilitó la privatización de Aerolíneas Argentinas sin pasar por otras instancias judiciales. El constitucionalista Gustavo Arballo enumera varios más: convalidó en el caso Peralta un canje de bonos compulsivos dispuesto por decreto, una forma de reconocer amplias facultades al Poder Ejecutivo; integró la mayoría en un fallo que validó la criminalización de la tenencia de droga para consumo personal; respaldó la denegatoria de la personería jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA); así como cuestionó la censura para que Tato Bores emitiera un sketch sobre la jueza María Servini de Cubría, también tuvo posturas adversas a la libertad de expresión, como cuando condenó a la Editorial Perfil a indemnizar a Menem por notas sobre su hijo extramatrimonial (fallo que luego le valió al Estado una condena de la Corte Interamericana); integró también la mayoría para extraditar al nazi Erich Priebke; falló con la mayoría por la prohibición de la llamada píldora del día después; también, otra vez, a favor de Menem y de Emir Yoma al favorecer su liberación en la causa por la venta ilegal de armas. Cuentan en la Corte que en 2002, cuando circulaban los primeros rumores de jubilación compulsiva para los jueces que la integraban o de juicio político, Moliné y alguno de sus colegas comenzaron a pergeñar la idea de sacar un fallo para redolarizar los depósitos presa del corralito y el corralón. Del mismo modo, comenzaron a elaborar un borrador para declarar la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tras reunirse con el obispo castrense Antonio Baseotto, quien ofreció a cambio protección especial para Nazareno, quien presidía la Corte, y Moliné O’Connor, que era su vice.

El proceso de renovación de la Corte empezó después del mensaje de Néstor Kirchner del 5 de junio de 2003, que entre otras cosas dijo no querer una “Corte adicta”, sino “que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo”. Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron. Antonio Boggiano y Moliné O’Connor decidieron enfrentar el juicio político. Moliné, con fama de ser pariente de la entonces jueza de la Corte estadounidense Sandra Day O’Connor, fue el primero en perder el cargo. Había rezado junto a su familia frente a la Virgen en el Congreso mientras aguardaban la votación, pero las plegarias no tuvieron efecto.

Se lo acusó de haber “legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento” en el caso Meller, empresa que reclamaba un reajuste retroactivo millonario, y por “abdicar de ejercer el control de constitucionalidad” que le correspondía. Había conseguido un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para cobrar una jubilación extraordinaria, aunque la discusión estaba ahora en la Corte. Obstinado, insistía en cuestionar su destitución en tribunales internacionales.

En su estudio jurídico confirmaban la noticia de su muerte, mientras la Corte analizaba publicar condolencias.