El macrismo fracasó ayer en un intento por impedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Justicia salteña rechazó el pedido de aplicar una medida cautelar solicitado por el diputado nacional del PRO Guillermo Durand Cornejo, presidente de la asociación de consumidores Codelco. El Juzgado Federal Nº 2 de Salta rechazó esa posibilidad por considerar que Codelco no tenía “legitimación activa” para actuar en este tema. “Se trataba de un mamarracho jurídico tan absurdo y tan a la medida de Clarín que ningún juez podía avalarlo”, señaló ayer el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, quien le dedicó una ironía al jefe de Gobierno porteño: “Macri debe estar muy triste porque puso a su representante de Salta a hacerle los mandados a Magnetto y volvió con el chango vacío”.

La medida cautelar de Durand Cornejo había sido solicitada a fines de julio en nombre del Comité de Defensa del Consumidor, entidad que presentó acciones conjuntas con Clarín para frenar la aplicación de la ley. En la presentación rechazada, el diputado había señalado que “el interés de los usuarios en este caso reside en el daño que las mentadas resoluciones le causan a sus derechos, en particular, la libertad de expresión y el acceso a la información, como al derecho de defensa de la competencia”. Codelco ya había sido elegida por el Grupo Clarín como amicus curiae para exponer ante la Corte Suprema de Justicia y, según había señalado la Afsca con anterioridad, ha realizado acciones que van “en contra de los derechos de usuarios y consumidores, y en claro beneficio del grupo hegemónico”.

Ayer, el magistrado salteño Miguel Antonio Medina consideró que Codelco “no está legitimada” para presentarse, no sólo porque la Corte Suprema de Justicia lo consideró un “tercero ajeno al litigio” cuando lo aceptó como amicus curiae de Clarín, sino porque “no se encuentra abarcada normativamente” para intervenir, es decir, “ser titular de licencia”. Además, Medina citó el fallo de la Corte en el que determina la constitucionalidad de la ley y niega la supuesta afectación a la libertad de expresión.