Todos en contra. Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Hermes Binner y Pino Solanas.

El envío del proyecto de pago soberano de la deuda anunciado por el gobierno nacional obligará a los principales referentes políticos de la oposición a poner el cuerpo en el debate sobre el conflicto con los fondos buitre. A diferencia de lo que venía sucediendo, el traslado del tema al Congreso implica un cambio en las responsabilidades políticas de cada espacio, por encima de las declaraciones públicas que se produjeron hasta el momento. En este contexto, Página/12 consultó a politólogos y analistas políticos para entender las causas y las consecuencias de la actitud opositora, que si bien mostró matices, en su mayoría anticipó un rechazo a la iniciativa. “Esto es como un castillo de naipes. Se van sacando cartas y nadie quiere ser partícipe de las consecuencias de un posible derrumbe”, explicó Marcelo Leiras, director de las carreras de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.

Al anunciar el envío de la iniciativa al Congreso, la presidenta Cristina Fernández hizo especial hincapié en la voluntad del oficialismo de aceptar modificaciones y alternativas: “Estamos siempre abiertos a las propuestas y somos todo oídos a quienes tengan una solución mejor. El proyecto está en el Parlamento y cualquier ciudadano puede ir a exponer y aportar ideas”, aseguró CFK. Sin embargo, y a pesar de los constantes reclamos por la “falta de diálogo” del kirchnerismo, el grueso de la oposición no recogió el guante sino que, en algunos casos, denunció la intención de “socializar” la responsabilidad en un conflicto mal manejado. Esta actitud opositora contrastó con el viaje que realizaron hace unos meses a Estados Unidos acompañando al Frente para la Victoria antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema norteamericana. De esa visita a Nueva York habían participado legisladores de todas las bancadas políticas, con excepción de la Coalición Cívica.

Tras el reciente anuncio, el primero en salir a cuestionar al gobierno fue el PRO de Mauricio Macri: “No vamos a aplaudir el default como lo hicieron muchos en 2002. Por eso, el bloque de legisladores del PRO va a votar en contra de este proyecto”, dijo el jefe de Gobierno porteño. Luego le siguió el líder del Frente Renovador, Sergio Massa: “No vamos a acompañar el camino elegido, es equivocado y peligroso”, sostuvo Massa, que para diferenciarse del líder del PRO anticipó que presentarán una propuesta alternativa. Los radicales también cuestionaron al Gobierno y rechazaron el proyecto que propone un canje voluntario de los bonos bajo ley norteamericana por otros bajo ley argentina y también reemplazar el pago a través del Banco de Nueva York por Nación Fideicomisos. Para diferenciarse de todos, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció su abstención y aclaró que en el caso, muy poco probable, de empate, votaría en contra. El socialista Hermes Binner no quiso anticipar la posición de su partido aunque calificó de “innecesario” el proyecto, igual que la UCR. Además, el ex gobernador santafesino reconoció que en el Frente Amplio Unen analizaron la posición a seguir con cierto temor a quedar asociados a los intereses de los capitales especulativos. El único opositor que se pronunció a favor fue Humberto Tumini, de Libres del Sur, quien si bien le pegó al Gobierno, les pidió a sus socios del FA-Unen diferenciarse de la postura macrista.

En este contexto, Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, consideró que la oposición “está utilizando su sentido común”. “Si se alinea con el Gobierno, no capitaliza la confrontación con Griesa y corre el riesgo de pagar el precio después de enero, cuando el frente internacional se abra a distintas resoluciones. No importa si es por convicción o por oportunismo, la respuesta de la oposición no puede ser otra que denunciar a los buitres y al Gobierno”, afirmó Calvo, en línea también con el planteo de Leiras. La referencia al mes de enero se debe al vencimiento de la cláusula RUFO, la que establece que la Argentina debe equipararles a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 cualquier oferta superior a la que se les hizo a ellos. En el escenario actual, a partir de esa fecha podría producirse una negociación con mayor libertad con los holdouts.

Por otro lado, Calvo sostuvo que la oposición no pagaría un costo por oponerse a la medida, aun cuando el oficialismo lo venga cuestionando por tener una “actitud mezquina”. “No tiene mayoría en el Congreso, no maneja el Ministerio de Economía, no tiene vínculo con Griesa y no tiene control sobre ninguna política del Gobierno. Se puede sentar, criticar a Griesa y al Gobierno, decir que lo hubieran hecho bien y esperar que le llegue el turno para probarlo”, remató el investigador, casi describiendo la conferencia de Massa en el teatro Picadilly cuando luego de cuestionar la iniciativa kirchnerista afirmó: “Este conflicto tiene solución. Si no nos escuchan, en 476 días (los que faltaban para el fin del mandato de CFK) lo vamos a resolver nosotros”.

Por su parte, Leiras diferenció al radicalismo, ya que al tratarse del principal partido de oposición en el Congreso, actúa con una “responsabilidad institucional” y evita correr riesgos en un escenario que se asoma incierto. Según el politólogo, a diferencia de otros casos como la estatización de YPF, que la UCR acompañó con su voto, la ley de pago soberano no tiene un abanico de consecuencias claras que permita aventurar los distintos escenarios que se desencadenarían con su aprobación. Por eso tampoco es negocio para los opositores acompañar al Gobierno.

Nicolás Tereschuk, politólogo y uno de los editores del blog Artepolítica, hace hincapié en la “fragmentación” del espectro opositor, en contraposición con la “homogeneidad” del oficialismo y sus precandidatos presidenciales. “Cuando se habla de la crisis de los partidos políticos y la destrucción del sistema de partidos a partir de 2001, habría que pensar si el FpV –con todas sus flaquezas institucionales– no termina posicionándose como ‘un partido como los de antes’ donde hay diferencias sobre distintos temas entre los candidatos pero no sobre un conjunto de temas centrales, una ‘plataforma’”, analizó Tereschuk.

El politólogo agregó que al igual que en otros sistemas presidencialistas sudamericanos, con bajo nivel de institucionalización, el choque no se da entre partidos (oficialismo-oposición) sino directamente entre el presidente y la oposición. “El presidente suele estar en el centro y la oposición reacciona. En este caso se da lo mismo”, completa. Por otro lado, incorpora otro elemento para entender la actitud de la oposición: “Los candidatos no actúan en el vacío. Hay sectores que los apoyan. Si firman documentos con el Foro de Convergencia Empresarial (la Rural, UIA, AEA, IDEA, etc.) tienen vínculo con sectores a los que este tipo de planteos de Cristina les parecen negativos, no van a salir tampoco a apoyar la iniciativa”, concluyó.