El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, respaldó la aplicación de la Ley 26.548, que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, ordena su independencia del Hospital Durand, en donde hoy tiene existencia, y entre otras cosas lo limita a casos de lesa humanidad sucedidos entre 1976 y 1983. “Garantizamos las fuentes de trabajo, las horas y los días de prestación de tareas de los empleados y sus salarios”, determinó Barañao quien, además, negó las denuncias de privatización del organismo que sostienen sus autoridades actuales, algunas agrupaciones de derechos humanos y legisladores nacionales de la oposición.

A principios de semana, la directora del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo; las abuelas de Plaza de Mayo Mirta Baravalle y Elsa Pavón, la nieta recuperada Carla Arles e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras agrupaciones críticas al gobierno nacional, ofrecieron una conferencia de prensa con el apoyo de la senadora Norma Morandini (Unen) y el legislador porteño Marcelo Ramal (FIT) en la que ratificaron su descontento respecto del traslado de la institución, denunciaron su “vaciamiento”, su “privatización” y la actitud del gobierno nacional de querer “reemplazar a las actuales autoridades”.

“Nuestra función como ministerio es crear las condiciones que dicta la ley para que el BNDG funcione acorde esa norma lo establece”, explicó Barañao como respuesta. En ese sentido, señaló que el Ministerio de Ciencia y Tecnología aportará el espacio que se dedicará al organismo: “Dos pisos en un edificio ubicado en la Avenida Córdoba en el que podrán trabajar todos los empleados que lo hacen hoy en el Hospital Durand, con el mismo régimen horario y de días y mismo salario”, aseguró: “Eso está garantizado”.

La discusión nace a partir de la Ley 26.548, impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, que establece el traspaso de la institución, lo que implica que no dependerá del gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, sino sólo del primero, y su abocamiento exclusivo a casos producidos entre 1976 y 1983.

En cuanto a su funcionamiento sectorializado, Barañao explicó que se trata de “la necesidad de actuar con celeridad en estos casos” y no una “apropiación” de los recursos del Estado o la clausura del derecho a la identidad de las víctimas a las que se les fue negado en democracia, como denuncian quienes se oponen a la aplicación de la ley. “Estamos trabajando en mejorar el sistema de laboratorios genéticos del país, que cuenta con 22 sitios, la mayoría públicos, que ofrecen el mismo servicio que el BNDG.”

En cuanto a las autoridades que actualmente dirigen el BNDG, Barañao explicó que su recambio también está implicado en la norma que rige el organismo. “Las autoridades actuales son interinas y no se presentaron al concurso para renovar en sus puestos”, advirtió. Según la información brindada por la cartera de Ciencia y Tecnología, fueron menos de diez los postulantes que se sometieron a un jurado con veedores y la participación de “los organismos de derechos humanos que quisieron participar del proceso” para concursar los cargos de director y subdirector del BNDG.

Si bien los resultados aún no fueron dados a conocer, serán esas nuevas autoridades las encargadas de cumplir finalmente con el traslado de la institución al edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que viene trabado judicialmente desde el año pasado. “Será más prolijo legalmente”, indicó Barañao, aunque ninguna autoridad judicial mencionó el cambio de autoridades como condición para tal medida.

A fines de 2013, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli había rechazado una medida cautelar presentada para impedir el traspaso del BNDG. El recurso fue llevado a la Cámara de Apelaciones, que también lo rechazó en junio pasado. Si bien desde entonces no hay impedimentos judiciales para concretar la mudanza, aun falta la firma del gobierno porteño, que “estaría en trámite”, informaron desde la cartera nacional. “Esperemos que esté todo resuelto para fin de año”, se esperanzó Barañao.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había manifestado el lunes sus “dudas” sobre las “verdaderas intenciones” de quienes “perturban” la mudanza del BNDG. Carlotto defendió el llamado a concurso público para renovar las autoridades del organismo y sugirió que la actual directiva se presente en esa instancia.