La Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), que conduce Abel Córdoba, y el programa de Acceso Comunitario a la Justicia, que tiene al frente a Julián Axat, presentaron un hábeas corpus colectivo en favor de las personas que se encontraban en el barrio Papa Francisco y de las que quedaron acampando en el predio y en las inmediaciones. Los funcionarios judiciales advirtieron sobre “las flagrantes violaciones a los derechos humanos producto del vallado colocado”, que impide que se les acerque agua y comida a las personas que acampan, así como sobre “las indignas condiciones de habitabilidad verificadas”. Reclamaron que se les provea alimentos, medicamentos y se les permita contactarse con sus familias. También que se conforme una mesa de diálogo.

Córdoba y Axat remarcaron en el escrito que hay presencia de niños y niñas “lo cual agrava considerablemente la vulneración de derechos de quienes se encuentran habitando allí luego del violento desalojo del sábado 23 de agosto de 2014”. Según señalaron, hay un vallado de la Policía Metropolitana que impide a las personas circular libremente y también recibir asistencia, por lo que resolvieron “interponer una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo a los efectos de prevenir que se produzcan detenciones arbitrarias e ilegítimas”. Incluso, la Metropolitana les impidió el acceso a funcionarios judiciales.

En el escrito, remarcan que la libertad de estas personas, según pudieron constatar, corre un riesgo “cierto, concreto e inminente”, a partir del uso de las figuras de resistencia a la autoridad y de atentado. “Se advierte el resorte discrecional de las fuerzas de seguridad allí desplegadas lo que afectará la libertad de las personas”, indicaron. “La modalidad impuesta por las autoridades policiales en el lugar resulta, a su vez, equiparable al encierro de personas, con regulación de la circulación, requisas y restricción de alimentos e impedimento de contactos familiares”, advirtieron.

“Actos de esta naturaleza traslucen una situación de gravedad institucional, que requiere una inmediata intervención del Poder Judicial”, manifestaron Córdoba y Axat en el escrito. “Un día más de alojamiento en las condiciones en las que lo hacen en ese lugar es un día más de falta de respeto a toda la legislación vigente en nuestro país”, indicaron.