Llegó temprano, con la cabeza cubierta con un gorro de paño. Se tapó el cuello de cura con una bufanda. Y tenía una campera. A las 9.15 de la mañana, todavía faltaban cuarenta y cinco minutos para la declaración. El sacerdote Emilio Teodoro Grasselli, aún obispo castrense, ejerció la función de secretario del vicariato castrense durante la dictadura. Ayer tenía cita como testigo en el Juzgado Federal de San Martín de Alicia Vence para declarar por los secuestros de los trabajadores navales y ceramistas de la Zona Norte. Grasselli tenía registrados en aquella época varios nombres en fichas que, durante años, rellenó con datos de desaparecidos. Para sorpresa de las querellas, el cura se presentó. Habló durante tres horas. Dio algunas claves de lectura de las fichas, pero no recordó nombres y no aportó datos. Los querellantes están convencidos de que, además, “mintió”. El análisis de sus fichas con unos 2500 casos está impulsando presentaciones en otras causas.

“Para nosotros resultó un testigo reticente”, dice Pablo Llonto, abogado querellante de las causas de San Martín. “Habló durante tres horas, pero evidentemente hay cosas que sabe y no cuenta. Vamos a hacer una presentación por falso testimonio.”

Llonto se refiere en especial a una respuesta. Entre otros, le preguntaron por Arnaldo Hugo Rivas, un obrero naval de Astilleros Astarsa, desaparecido el 4 de mayo de 1976. Uno de sus familiares vio a Grasselli en aquel momento y el cura le respondió que no lo busquen más, sugiriendo que lo habían matado. Ayer preguntaron por eso. Las querellas querían conocer datos sobre los canales de información. Porque además dio respuestas semejantes a otros familiares. Pero Grasselli dijo que no dio ese tipo de respuestas: “En este tema hay testimonios de sobra de familiares que dicen que Grasselli se los dijo –explica Llonto–. Les dijo que no los busquen más, en una clara señal de que la persona estaba muerta. Esta es la parte que consideramos grave de su testimonio, porque es un hecho contundente que está volcado en decenas de testimonios”.

Grasselli fue convocado en la causa Campo de Mayo por las investigaciones específicas de los trabajadores navales y ceramistas. Hay varios de ellos en las fichas.

Una de las personas de las que tampoco dio datos, pero que da cuenta de cómo operaba, es Salvador Miguel Scarpato. La madre de Scarpato vio a Grasselli acompañada por una amiga. Grasselli las recibió con un conscripto. Pidió los datos, el conscripto buscó en un listado y le dijo algo al oído a Grasselli. Luego, el cura le dijo a la madre que su hijo no estaba detenido, pero “seguramente ella sabía dónde andaría” y sugirió que se había ido del país perseguido por sus compañeros. Años más tarde, la hermana de Scarpato encontró a aquella amiga de su madre y declaró estos datos en la causa que aún está en instrucción. Ayer, Grasselli dijo no recordar nada de esto. Al comienzo negó haber tenido ayudantes. Después admitió que “a veces” los tenía. Y más tarde dijo que había conscriptos “acomodados”, algunos de los cuales lo ayudaban.

“No me cabe duda de que asistimos a una testimonial del paradigma de la complicidad de la Iglesia con la dictadura”, dijo Ernesto Lombardi, otro de los abogados querellantes. “Se le preguntó si había pensado en denunciar lo que escuchaba cuando llegó la democracia o en dictadura, pero dijo que nunca se le había ocurrido. No se acuerda de ningún nombre, en absoluto.”

“Fue desagradable”, dijo a la salida Liliana Giovannelli, querellante y esposa de uno de los desaparecidos. “Creo que sabía mucho más de lo que dijo. Habló de haber sacado un montón de gente cuando en realidad es mentira, porque no podía dar un solo nombre de las supuestas personas que ayudó. Justificó cada cosa y le echó la responsabilidad de todo a (el vicario general castrense Adolfo Servando) Tortolo, que está muerto.”

Grasselli era en 1976 capellán del Ejército y como secretario de Tortolo recibía a familiares que hacían larguísimas colas en la capilla Stella Maris, pegada al Edificio Libertad. Desde ese cuartel general construyó un fichero en el que reunió unos 2500 nombres.

Grasselli es investigado en varias causas. Una por el caso de Ana Libertad Baratti (la última nieta identificada), en el juzgado de Julián Ercolini, impulsada por el TOF 6 luego del juicio por el robo de bebés. También es investigado en la causa ESMA. Pero por el fichero, de momento, fue citado como testigo. En ese rol declaró ya dos veces: en el Juicio a las Juntas y en el Juicio por la Verdad de La Plata en 1999. Igual que ayer, en ninguna ocasión aportó los datos que se esperaban. Y también había señalado a Tortolo como el responsable de obtener la información que luego él transmitió a cientos de familiares.

Sobre las fichas dijo que tenían dos lados. Adelante, el nombre del desaparecido. Y atrás escribía los datos del familiar que lo consultó. “Yo recibía entre 20 y 30 casos por día. Al principio comencé haciendo una lista, pero dado el incremento de las solicitudes, para facilitar cada caso en vez de una lista comencé haciendo una ficha; llegaron más o menos a la cantidad de 2500. Abajo ponía el resultado de las respuestas recibidas de las autoridades militares y también el día en que los familiares venían a buscar los resultados, que a veces eran reiterados.” También describió los significados de dos siglas: N/D que sería “No Detenido” y dijo que escribía luego de recibir información “oficial”. Y S/N “Sin Noticias”.

Para quienes conocen las causas, el “No Detenido” suena parecido al tipo de respuesta que volcaban los juzgados en los hábeas corpus, luego de recibir la información “oficial” de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.