El canciller Héctor Timerman explicó a este diario qué busca el gobierno argentino tras el anuncio de que el Grupo de los 77 y China promoverán que el martes 9 la Asamblea General de la ONU vote la necesidad de redactar una convención sobre reestructuración de deudas soberanas.

–¿Por qué ahora?

–Porque después del fallo del juez Thomas Griesa y de la campaña encarada por los fondos buitre de lobbying y de ataque publicitario, muchos países se dieron cuenta de dos cosas. Una, que la situación se estaba volviendo explosiva. Y otra, que el vacío legal es enorme. Ante esta realidad muchos dijeron: “Lo que le pasa a la Argentina puede ser nuestro futuro”.

–¿En qué sentido?

–Las medidas de Griesa mostraron que es imposible la reestructuración de deuda soberana en condiciones justas sin un acuerdo entre todos los países. Hasta nuestro caso, muchos países habían aceptado negociar con los fondos y pagar lo que pedían los buitres. Este gobierno se negó a hacerlo porque las decisiones del juez Griesa son violatorias de la soberanía argentina. Si son violatorias, son inaceptables por parte de la Argentina. Y además son ilegales, porque entorpecen acuerdos de la Argentina con terceras partes que no formaban parte del litigio. Más aún: el fallo de Griesa es imposible de aplicar. De paso, conviene tener en cuenta que la ONU viene hablando de la cuestión de la reestructuración de la deuda. Lo debatió mucho en los últimos 12 años.

–¿Cuál es el cambio, entonces?

–Que evidentemente no alcanza con buscar consenso. El consenso total no existe. No se logró nunca. Por eso el G-77 lleva el tema a la Asamblea General. Ahora, que la ONU vote. La otra razón del cambio está dada por los propios hechos recientes. Por un lado, no hubo un acuerdo con los buitres que respetara lo pactado ya con el 92,4 por ciento de los bonistas. Por otro lado existió el fallo de Griesa. En tercer lugar, la Argentina no se dio por derrotada. Esa serie de factores es lo que converge en la moción ante la Asamblea General.

–El viernes mismo el sector privado emitió criterios para la autorregulación a través de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, la ICMA para usar las siglas en inglés.

–El documento de la ICMA revela que los bancos, las financieras y las agencias colocadoras de deuda también se dieron cuenta de que la situación implosionó, que se está transformando en una bola sin freno y que los fondos buitre atacarán a otros. Entonces empezaron a buscar la autorregulación. El caso argentino le mostró al sector privado que no podían seguir así, y les mostró a los Estados que el riesgo lo pueden correr todos. La cifra de deuda soberana que circula en el mundo es enorme. Son 55 billones de dólares, y expreso la medida de la cifra en español: 55 millones de millones. En los Estados Unidos dirían que son 55 trillions. La cifra representa tres veces el Producto Bruto Interno norteamericano.

–¿El número incluye la deuda soberana de los países ricos?

–Están todas las deudas, sea cual sea la relación entre la deuda y el PBI, que en el caso de la Argentina es de las más bajas para un país que viene sufriendo el problema del endeudamiento, con el 42 por ciento del PBI. El documento del ICMA significa que se asustaron el sector privado y el sector público.

–¿Con ICMA y todo el G-77 avanzará igual?

–Sí. Los gobiernos decidieron que después de doce años de esperar y sacar resoluciones es mejor diseñar un marco regulatorio para que la reestructuración de deuda soberana tenga un carácter no solo económico sino también político y social. Las reestructuraciones deben considerar los factores que impactan sobre un país. No pueden comprometer su desarrollo social por la extorsión de un pequeño grupo de financistas que colocaron al borde de una situación insostenible a muchos países. La Argentina tomó contacto con muchos gobiernos y trabajó en muchos foros. Por eso en el mundo ya no solo es visible el punto de mira de grupos interesados en que el tema no se resuelva, sino un enfoque con preocupación sobre la reestructuración de deuda soberana. De hacer un planteo ante el Tribunal de La Haya la Argentina fue al G-77. Siempre buscamos lugares de debate y de acuerdo.

–El voto buscado en la Asamblea General es de mayoría simple.

–Sí. Debe votar en favor de la redacción de una nueva convención una cantidad superior en un voto a los que voten en contra.

–Y no hay veto del Consejo de Seguridad.

–No. Es el mecanismo de la Asamblea General. Después se redactará la convención, claro, y las discusiones seguirán. Esto se enmarca en la mejor tradición de este gobierno, que fue autor o coautor de convenciones como las que tratan sobre el comercio de armas y sobre la desaparición forzada de personas.

–¿Por qué en doce años no se logró un consenso?

–El tema de las reestructuraciones fue presentado como tabú y algunos países insistieron con mucha fuerza diciendo que las reestructuraciones de deuda eran parte de las atribuciones del Fondo Monetario Internacional. Si, en cambio, la ONU resuelve que es una cuestión soberana, eso supone que las reestructuraciones deben ser resueltas de acuerdo con un marco establecido por la propia ONU, donde todos los países tienen un voto. Los que se oponen dicen que la ONU no está capacitada para resolver el tema. Lo cierto es que tampoco el FMI lo resolvió. Hagamos una convención. Las convenciones establecen reglas de conducta y obviamente plantean un terreno pacífico. La Argentina cree en esto. El cambio climático, los derechos de la infancia o los ensayos nucleares no afectan a uno, dos o tres países. Son temas que influyen sobre el mundo entero. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Y lo mismo ocurre con la deuda soberana, sobre todo cuando la situación global muestra que cada vez hay más conexión entre pobreza y violencia. Donde hay más pobreza la violencia es cada vez más salvaje. Como en Africa.

–¿Cuáles serían, en Africa, las condiciones que favorecerían la violencia?

–Africa hizo enormes esfuerzos para reducir la pobreza, pero si no hay transferencia de tecnología, si no hay créditos, si ante la deuda los fondos buitre hasta confiscan la ayuda humanitaria, porque a eso llegaron, habrá actos de violencia desesperada que no se han visto en siglos. Juan Goytisolo, el escritor que se convirtió en experto en el mundo árabe, dijo que la violencia actual en Irak es como una vuelta al siglo VIII. Por supuesto que no voy a hacer la defensa de ninguna dictadura. Solo diré que Libia e Irak fueron invadidos y atacados pero después tuvieron que hacerse cargo incluso de las deudas generadas por los ejercicios militares. La reestructuración de deuda hasta genera conflictos militares.

–¿La Argentina ya está buscando el voto?

–Ni puedo contar la cantidad de cancilleres y presidentes que me llamaron diciendo que sufren problemas parecidos a los nuestros y no hallan el modo de resolverlos. Tal vez sería bueno escuchar de nuevo los discursos de algunos países cuando fuimos a la ONU con el ministro de Economía Axel Kicillof. Yo mismo me sorprendí. La semana pasada hablé con varios cancilleres europeos. Varios me reconocieron que la Argentina tenía un buen argumento cada vez que yo insistía en que el tema de la deuda es un tema de derechos humanos. Se puede comprobar en la Argentina evaluando los niveles de pobreza, de desempleo y de eliminación de la ayuda social en el 2001. Se dirá que fueron producto del default. Pero a la vez fueron producto del endeudamiento y la dificultad para reestructurar la deuda. El default no es un problema argentino, más allá de que la Argentina hoy no está en default y que por eso no se pagaron los seguros de default correspondientes. Las consecuencias del default son expresión del fracaso producido por la falta de reglas internacionales. No hay mecanismos de salida regulados. Los países que han defaulteado no fueron solo los más pobres. La Argentina, ocho veces. Los Estados Unidos, seis.

–Hay muchas opiniones sobre los fondos buitre. ¿Son marginales o son el centro del sistema financiero?

–Son un engranaje más del sistema financiero. Está bien puesto el nombre. En la naturaleza los buitres cumplen una función. Escarmientan. Hacen el trabajo sucio.

–Sobre los animales muertos. Sobre la carroña.

–No solamente. También atacan a los ojos de animales que no están muertos. No son parias del sistema financiero. Son los disciplinadores. Trabajan con los principales bancos del mundo. Paul Singer es uno de los cinco principales donantes del Partido Republicano. Son la parte más fea del sistema capitalista. Tal vez la más extrema. También por eso es que recién ahora quienes integran el establishment financiero decidieron cortarles un poco las alas. Si no, el escenario previsible es que quedará destruido el sistema de deuda soberana. De todos modos, creo que es tarde para una regulación que solo sea privada.

–¿Por qué sería tarde?

–Porque el monstruo que representan los fondos buitre ha crecido de tal manera que no sé hasta qué punto es controlable solo por privados. El poder de lobbying en el Congreso estadounidense es muy grande. Puede llevar a que organismos del Estado dejen de aplicar determinadas políticas en cuya validez creen por temor a que los buitres motoricen aliados para frenar otros proyectos que también son imprescindibles para el gobierno de los Estados Unidos. Alguien podría decir que permitir que actúe libremente en el mundo gente como Singer forma parte del sistema de control del sistema financiero internacional. Pero agreguemos que en Inglaterra está prohibido comprar bonos para trabar una negociación.

–¿Parte del sistema económico o parte de las acciones de la Casa Blanca?

–Parte de lo que hacen los poderosos dentro del sistema financiero internacional para disciplinar a los Estados. Dentro de los Estados Unidos hay una ley de quiebras. Pero los fondos buitre no pueden hacer en esas quiebras lo que hicieron con la Argentina, comprando bonos. En todo caso directamente tienen que comprar una empresa. En ese caso compran empresas y presionan a los obreros. Es decir que los fondos buitre en su carácter de tales solo pueden actuar fuera de los Estados Unidos. Por eso es necesaria la convención. Dentro de la sede de la ONU, en Nueva York, no hay una convención que establezca algo parecido a una ley de quiebras para naciones. Pero al salir de la sede sí hay ley de quiebras. Eso significa que los Estados Unidos se dan cuenta de que para sus problemas domésticos el accionar de los fondos buitre es negativo. Y significa que los Estados Unidos no les impiden actuar fuera de los Estados Unidos.

–¿No sería conveniente buscar una alianza con la Casa Blanca?

–Según fui informado extraoficialmente, en este momento ningún funcionario del gobierno de los Estados Unidos puede hablar de ningún tema específico de la reestructuración de la deuda soberana de la Argentina. Por eso tenemos tanto interés en que el 9 de septiembre se vote y en que durante el 2015 se escriba la convención. Por supuesto, cuando llegue el momento la Argentina presentará su proyecto.

–Si no se cuentan los ausentes y tampoco las abstenciones y el resultado válido es votos positivos contra votos negativos, ¿la propuesta de redactar una convención sobre deuda tiene asegurados los votos positivos?

–El G-77 hará la propuesta. Y sé que ningún país de los 133 se opuso. En los dos últimos meses hubo mucha presión para no tratar el tema, aduciendo que la ONU no es el lugar indicado para hacerlo. Hablé varias veces con funcionarios a cargo de áreas económicas y sociales de la ONU y me decían que ellos sí estaban de acuerdo con alguna forma de instrumento multilateral. Bueno, hagámoslo.

–Pregunté antes si la Argentina no quería una alianza con la Casa Blanca frente a los buitres. ¿El gobierno argentino busca un enfrentamiento con los Estados Unidos?

–No. De ninguna manera. La prueba es haber propuesto concurrir a la resolución pacífica de este embrollo que creó Griesa al Tribunal Internacional de La Haya, que es donde se solucionaron los problemas en forma pacífica.

–Hago la pregunta de otra manera: además de lo legal, ¿la Argentina quiere un enfrentamiento en lo político con Washington?

–No. Una convención no es en contra de nadie sino a favor de todos. Viene a resolver un vacío legal que afecta a la mayoría de los países del mundo. Decir que hay un problema es una actitud propositiva. Decir que hay un vacío jurídico también es propositivo, porque busca solucionar el vacío. Los propios Estados Unidos dijeron en la presentación ante la Corte de Apelaciones que reivindicaban el principio del pari passu.

–Para la Argentina, ¿cuál debe ser el eje de una convención?

–El principio es que sean los propios países los que escriban el marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana, de manera que no afecte el desarrollo. Las condiciones de negociación deben ser equitativas. No se le debe impedir a un Estado que reestructure sus deudas. No se le debe imponer que la reestructuración afecte el bienestar de los países. El objetivo es que los países puedan reestructurar su deuda soberana y que puedan seguir desarrollándose, no empobreciéndose con peores condiciones de vida de las que tenían antes.

–¿El gobierno argentino no tuvo una expectativa excesivamente positiva ante la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿No confió demasiado en que trataría el caso cuando existía también la chance de que no lo hiciera, como ocurrió?

–Dada la magnitud de lo que implicaba la decisión no solo para la Argentina sino para todos los países que tienen problemas de reestructuración de deuda (y la Argentina con los canjes de 2005 y 2010 había dado muestras de que lo quería resolver con la aceptación de los acreedores), la Corte debió haber tomado el caso. El hecho de que no lo haya tomado marca la necesidad de una convención. No se puede dejar en mano de un solo sistema judicial decisiones que son soberanas de otros países. Y en el plano internacional cada Estado debe hacerse cargo de su Justicia, pero en el marco del derecho internacional el Estado está representado por el Poder Ejecutivo. Muchas veces el Ejecutivo argentino asume en el sistema interamericano fallas por sentencias judiciales, e incluso paga las multas correspondientes. La Argentina acepta la jurisdicción de todos los tribunales internacionales. Es uno de los países que más cree en el derecho internacional. Recordemos cuando la Justicia de Ghana hizo lugar a la incautación de la Fragata Libertad. ¿Qué ocurrió después? Existe una Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La Argentina pensó que el embargo de la fragata era ilegal y recurrió al Tribunal del Mar. Es decir, había una convención y una jurisdicción. Ghana aceptó la incumbencia del Tribunal del Mar. Los jueces establecieron la responsabilidad de Ghana. El Gobierno dijo que era un tema de la Justicia. El tribunal dijo que, como Estado, Ghana era responsable. Ghana entonces ordenó liberar el barco. El problema se resolvió en dos meses. Por eso hacen falta las convenciones. Los países también se manifiestan mundialmente por su voluntad de pertenecer a un sistema internacional. Esa manifestación resulta incongruente con que si un país es pobre será tratado como un paria, y si es poderoso podrá ignorar al sistema internacional.

–Supongamos que el martes 9 la Asamblea General vota a favor de una convención. Supongamos que luego los expertos escriben velozmente esa convención. ¿Se aplicará a la Argentina o solo servirá hacia el futuro?

–No nos adelantemos tanto. Primero hay que ver qué se escribe. Y segundo, hay que tener en cuenta que el caso argentino está abierto. Incluso en los Estados Unidos.

–Me adelanto más. La necesidad de una convención se vota, el texto queda escrito, el instrumento pasa por todas las instancias mundiales y nacionales de ratificación y, luego, los Estados Unidos no aceptan la nueva norma.

–Los países que no acepten la convención tendrán más dificultades al momento de que otros quieran emitir deudas en esos centros financieros. Hoy ya es más seguro emitir deuda en Inglaterra que en los Estados Unidos. Y estoy hablando de un país con el que tenemos pendiente un problema de soberanía. Pero el marco de seguridad es mayor. Lo mismo sucede con el marco vigente en los Estados Unidos hacia adentro de su territorio. Pienso en tres ejemplos. El primero, que en los Estados Unidos la ley del consumidor es durísima. El segundo, que no se permite ningún tipo de monopolio. Sucedió con el petróleo, con las telecomunicaciones y con los medios. El tercero, que los fondos buitre no pueden actuar dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos comparan con los Estados Unidos, con Holanda o con Inglaterra? No digo que esos tres países deban ser necesariamente imitados en todo. Digo que los que cuestionan al Gobierno por esos temas y lo comparan con la situación en otros Estados deberían estudiar bien qué sucede en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Holanda. Y volviendo a los fondos buitre, nadie está exento de ser atacado. El gobernador de Puerto Rico dijo que no le cerraban ciertos números y decidió reestructurar la deuda pública. De inmediato se formó una task force, una fuerza de tareas como la que viene actuando contra la Argentina.

–¿La consultora de Madeleine Albright no fue contratada?

–Para mí ése es otro dato importante. El hecho de que los fondos buitre donantes del Partido Republicano hayan contratado a una ex secretaria de Estado de tradición fuertemente demócrata demuestra que son parte del sistema económico internacional, no marginales.

[email protected]