El Senado debatirá el miércoles el paquete de proyectos de defensa del consumidor enviados por el Poder Ejecutivo y que abarcan la reforma a la Ley de Abastecimiento, la creación de un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la Justicia nacional. Los tres proyectos serán debatidos de manera conjunta. El cuerpo se reunirá desde el mediodía en lo que será una extensa sesión especial, ya que los legisladores tienen previsto también debatir el proyecto de pago de deuda soberano en la misma jornada. El PRO y sectores del radicalismo ya adelantaron que se opondrán al paquete de reformas.

La nueva Ley de Abastecimiento, que de ser aprobada pasará a la Cámara de Diputados, propone, según sus fundamentos, un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”. El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”.

Al respecto, el oficialismo modificó la iniciativa que originalmente envió el Poder Ejecutivo para excluir de sus alcances a las pequeñas empresas y a las medianas que no tengan un rol predominante en el mercado. También se cambió el proyecto para dejar aclarado que el allanamiento a una empresa sospechada de infringir la Ley de Abastecimiento se realizará previo requerimiento del juez. El proyecto mantiene la determinación de que la autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo pueda “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”.

Otro de los cambios fue eliminar como una de las sanciones a quienes violen la ley la “clausura definitiva” de la unidad económica. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá requerir “previamente autorización judicial” para aplicar sanciones como la “inhabilitación especial” o la “clausura temporal”. El proyecto sigue permitiéndole a la autoridad de aplicación la imposición de una clausura inmediata de hasta tres días; sin embargo, si quisiera extender esa sanción por hasta un mes, también deberá pedir permiso a la autoridad judicial.

Uno de los puntos cuestionados por algunas cámaras de comercio era el que facultaba al Ejecutivo a obligar a producir a una empresa aun a riesgo de pérdida económica. En ese sentido se aclaró que esa facultad se mantiene pero que los empresarios podrán “pedir una compensación justa y oportuna”. Finalmente, se consideró “inconveniente” obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto.

También se buscará crear el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, el cual será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

La tercera iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Senado crea un nuevo fuero en la Justicia nacional que debe encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo. El proyecto impulsa la creación de un Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo, una Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.