La legisladora kirchnerista Claudia Neira presentó un pedido de informes sobre el negocio de las grúas en la Ciudad. “Aunque la ley establece que la remoción del vehículo debe ser solicitada por un funcionario público que constate la infracción, lo que vemos es que los empleados públicos acompañan la grúa y sólo se limitan a firmar el acta. La Dirección de Tránsito les facilita el negocio a las empresas de grúas”, aseguró la legisladora, quien advirtió que los 81 agentes de tránsito “funcionan casi como empleados de las empresas concesionarias, aportados por el Estado”. Como informó este diario, el gobierno porteño les aportó a las empresas 122 millones desde 2008, a pesar de que es la concesionaria la que debe pagar un canon al Estado. Con el contrato actual, dos empresas se llevan toda la recaudación.