El juez Norberto Oyarbide fue apartado de la causa conocida como la “mafia de los medicamentos”. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal, que reprendió al magistrado por haber sobreseído a los imputados de presunto lavado de dinero a pesar de que esa parte de la investigación ya no le correspondía, porque había sido derivada al Juzgado Federal Nº 4 de Ariel Lijo. Los camaristas, además, pusieron en conocimiento de su dictamen a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, donde Oyarbide acumula dieciséis denuncias por mal desempeño.

El apartamiento fue resuelto por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que actúan como tribunal de revisión de la causa. Los camaristas anularon también los sobreseimientos dictados por Oyarbide.

El tramo de la investigación por el que se originó el conflicto quedó a cargo de Lijo, luego de una discusión entre los dos juzgados sobre cuál tenía la competencia. La causa investiga “el eventual lavado de activos provenientes de un delito, cometido mediante el libramiento o la recepción de cuatro cheques a nombre de Global Pharmacy S.A”. Se trata de 310 mil pesos “que habrían sido recaudados en concepto de aportes para la campaña presidencial del Frente para la Victoria con miras a las elecciones de 2007”.

Los imputados fueron Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Hernán Diez, ex titular de Lotería Nacional, Sebastián Gramajo, ex legislador del Frente para la Victoria, y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico. Inicialmente fueron procesados, pero ese pronunciamiento fue anulado en junio de 2011 por la Sala II, que lo consideró carente de fundamentación y autocontradictorio.

En el año 2012, la Cámara resolvió la contienda de competencia entre Oyarbide y su par Lijo, que investigaba en otro expediente los mismos hechos. En aquella resolución se aclaró que, en lo sucesivo, todo lo relativo a esas imputaciones quedaría a cargo del juez Lijo.

Pero, en abril de 2013, el juez Oyarbide dictó la falta de mérito a los investigados. Los camaristas tomaron nota y dejaron la medida sin efecto, haciéndole notar al juez la irregularidad. Sin embargo, en abril pasado Oyarbide dictó un nuevo fallo, esta vez sobreseyendo a los imputados de los cargos por lavado de dinero. Así, la Cámara anuló ahora la medida de Oyarbide, lo apartó de toda la causa y envió el expediente que estaba a su cargo a sorteo para asignarlo a otro juez.

“No habrán de presumirse aquí las razones que pudieron llevar a repetir esa irregularidad”, plantearon los camaristas. “Pero sí habrá de observarse que, cualquiera sean esos motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (...), según la cual la omisión de las formalidades sustanciales del fallo determinan su inexistencia.”

La Cámara, por otra parte, notificó de los hechos a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.

El organismo tiene dieciséis denuncias contra el juez Oyarbide. Una de ellas es sobre el origen de un anillo tasado en un valor de entre 60 y 70 mil pesos. En su descargo, Oyarbide aseguró que no lo había comprado, sino alquilado a una joyería de Punta del Este.

También tiene denuncias abiertas por su actuación en la causa contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por los fondos administrados por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y en un expediente de presunto lavado de dinero en pases de jugadores de fútbol.

El Consejo de la Magistratura también lo investiga por haber frenado en diciembre pasado un allanamiento a una financiera por un llamado telefónico de Carlos Liu-zzi, colaborador del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.