La jueza María Servini de Cubría cambió la carátula de la causa en la que se investiga la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto: reemplazó el nombre de un militar por el de la pareja que crió al joven, que ahora encabeza el expediente, y le sigue el médico que firmó la partida de nacimiento falsa. “Hurban Clemente, Rodríguez Juana María, Sacher Luis Alberto s/sustracción de menores de diez años, supresión de estado civil”, puede leerse. Si bien es un retoque burocrático, no deja de ser un gesto de fuerza de Servini, quien acusó a Abuelas de Plaza de Mayo de no querer profundizar la investigación respecto de quienes criaron al nieto de Estela de Carlotto como hijo propio. Lo concretó, además, en medio de la pelea donde está en duda si ella es la jueza competente. Un juzgado de La Plata sostuvo que no y le reclamó el caso. Abuelas apoyó esa postura anteayer y mañana el fiscal Carlos Stornelli dictaminaría lo contrario, para que quede en manos de la jueza porteña.

Laura Carlotto, la hija de Estela, fue asesinada en octubre de 1978, dos meses después de dar a luz. Estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención La Cacha, en La Plata, y la llevaron a parir a otro lugar. Pudo tener al bebé cinco horas en brazos y se lo sacaron. Luego la devolvieron a su cautiverio, donde les relató a sus compañeras de detención –algunas sobrevivientes– que creía haber estado en un hospital militar. La hipótesis de que pudo ser el Hospital Militar Central (HMC) mantuvo el expediente en la Justicia federal porteña, donde había una denuncia de Abuelas de 1982 por varios nietos. Pero con el tiempo se fortaleció otra línea que aumentaba las chances de que Ignacio Guido pudo haber nacido en el penal de Olmos, a metros de La Cacha y es lo que llevó a que el juez Manuel Blanco, quien falleció esta semana, planteara la incompetencia de Servini.

Hasta ahora la carátula decía: “Minicucci, Federico Antonio s/privación ilegal de la libertad”. Era un militar de inteligencia, enlace entre el centro clandestino Atlético y la ESMA, fallecido hace por lo menos seis años. Un ex conscripto, Carlos Antonio Lópe, declaró que le habían ordenado custodiar en el HMC a una parturienta que estaba detenida y por la foto creyó que era Laura. Según ese relato, Miniccuci comandó el operativo en que la sacaron del establecimiento. Esa versión no fue corroborada. Incluso el Tribunal Oral Federal Nº 6, en su sentencia del juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, dijo que “no se cuenta con certeza de que el nacimiento (de Ignacio Guido) se haya producido en el Hospital Militar Central”. Incluso, destacó que, en general, las parturientas de La Cacha eran llevadas a la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Olmos para dar a luz.

“El cambio de carátula no tiene ninguna importancia, es un acto administrativo, pero es sugestivo que la jueza lo haya difundido a la prensa tratándose de un acto menor”, advirtió Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Carlotto se molestó con la jueza el día en que su nieto recibió la noticia de su verdadera identidad, porque apenas dos horas después, la propia Servini difundió el nombre con que lo habían criado y que vivía en Olavarría. Las Abuelas expresaron su disgusto, y a partir de allí, Servini les retrucó y comenzó a hacer declaraciones públicas, entre ellas, acusó a Abuelas de querer “desviar” la pesquisa “para que no se toque al padre de crianza, como lo llaman ellos”. “Para mí, son apropiadores hasta que no me demuestren lo contrario”, afirmó. Sin embargo, aunque Carlotto señaló que por el momento no había indicios de la complicidad de los Hurban en la sustracción de su nieto, también explicó que la investigación es tarea de la Justicia.

Poner a la pareja que crió al joven en el encabezamiento del expediente no tiene efecto jurídico, pero sí es simbólico. En las causas contra posibles apropiadores, los ha habido condenados y sobreseídos. En este caso, lo que se sabe hasta ahora es que el entregador fue el dueño del campo donde trabajaban los Hurban, Carlos “Pancho” Aguilar, fallecido en marzo. Resta conocer quién o quiénes, dentro del aparato represivo, fueron el nexo.

Blanco –cuyo cargo ocupa transitoriamente Adolfo Gabino Ziulu– había dicho que no se puede disociar el secuestro de Laura de la apropiación de su hijo: “Más allá de las teorías sobre el lugar territorial del nacimiento, la entrega originada en la sustracción para el posterior ocultamiento y retención del hijo nacido en el cautiverio de Laura fue en la ciudad de La Plata”. En esa misma línea, el escrito presentado por Estela de Carlotto el martes pide que Servini deje la causa y la mande a la Justicia platense. Blanco había dicho que el destino de los bebés arrebatados a las embarazadas que pasaron por La Cacha lo decidían los que estaban a cargo de ese centro clandestino, “ya sea del Departamento de Inteligencia 101 del Ejército como por parte de la Marina, el Batallón de Infantería de Marina Nº 3”. Mencionaba incluso que las embarazadas que pasaron por allí fueron llevadas a parir sólo a dos lugares: al penal de Olmos (donde nacieron los hermanos Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson) y al Regimiento Nº 7 de Infantería del Ejército (donde nacieron Silvia Cugura Casado y Sebastián Casado Tasca). No se conoce, agrega, ningún caso del HMC.

Stornelli estaría inclinado a defender la competencia de Servini de Cubría, lo que seguramente dirá hoy en un dictamen. Luego se pronunciará la jueza y la pulseada podría terminar en la cámara.