El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibió ayer a representantes de la CGT oficial y empresarios para discutir la situación de Tatsa y Emfer, las fábricas de trenes y colectivos vinculadas al grupo Cirigliano, donde más de cuatrocientos trabajadores denuncian un vaciamiento que pone en riesgo sus fuentes de trabajo. Luego de varias semanas de cortes y protestas sobre la avenida General Paz, los delegados de ambas empresas, junto al metalúrgico Antonio Caló, titular de la central obrera, visitaron ayer la Casa Rosada para buscar una solución al problema. Aunque no se realizaron anuncios concretos, fuentes gubernamentales y sindicales coincidieron en que hubo “avances”.

Para los trabajadores de ambas empresas, “sólo la estatización” de estas dos plantas destinadas a la fabricación y reparación de colectivos y trenes “impedirá la pérdida de fuentes de trabajo”. Sin embargo, desde el Gobierno no están convencidos de que ésa sea la salida al conflicto, aunque “existe la resolución de evitar que se pierda ni un empleo” en las empresas del grupo Cirigliano, cuyos directivos están siendo juzgados en el marco de la causa por la tragedia de Once.

El encuentro en la Casa de Gobierno estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y participaron Caló, titular del gremio metalúrgico y secretario general de la CGT; delegados del sindicato y de las dos plantas, y funcionarios de las carteras de Trabajo y de Interior y Transporte, además de representantes de la empresa. La reunión se prolongó durante casi una hora y, aunque no se llegó a ninguna resolución, fue “un punto de comienzo para resolver una cuestión complejísima”, según fuentes oficiales.

Emfer y Tatsa, dos empresas del Grupo Cirigliano, vieron su actividad declinar luego del accidente en la estación de Once que costó la vida de 51 personas en febrero de 2012 y de que el Gobierno retirara la concesión ferroviaria a esa empresa. Desde hace varias semanas, los trabajadores de ambas plantas protagonizaron protestas sobre la avenida General Paz, que concluyeron con denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad en los intentos de liberar el paso. Con la reunión de ayer, en el Gobierno confían que el problema se encamine hacia una solución y evite futuros conflictos.

Más viviendas

Temprano, Capitanich, junto al titular de la Anses, Diego Bossio, y técnicos del Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) se reunieron con la intendenta radical de la ciudad chaqueña de Resistencia, Aída Ayala, para analizar el proyecto para urbanizar tierras del Ministerio de Defensa en esa ciudad y generar alternativas de financiamiento para el acceso a la vivienda de los vecinos del barrio La Rubita.

El proyecto bajo análisis permitiría generar distintas modalidades de intervención, que sumadas podrían llegar a las 1700 soluciones habitacionales en una zona con un fuerte déficit en ese rubro. Tras la reunión, Capitanich destacó que “con Pro.Cre.Ar estamos generando una acción que impacta directamente sobre el acceso a la vivienda, un incremento sustancial en la generación de empleo en la construcción e industrias vinculadas, lo que generará un impacto positivo para la economía de la zona”.

La intendenta, además, garantizó el acompañamiento del municipio al proyecto, de manera que los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales trabajarán juntos para la concreción de este proyecto urbanístico. Participaron de la reunión el secretario de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fabricio Bolatti; el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Reibel Maier; la subsecretaria de Economía, Mariana González; equipos técnicos de Pro.Cre.Ar y la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Resistencia, Alicia Ogara.