Así como la causa madre navega por aguas agitadas –con el regreso de una hipótesis que apunta a la familia de Jorge Julio López y aleja la mira de los represores que podrían haber estado implicados en su desaparición, tal como informó ayer Página/12–, también la que iniciaron la esposa y los hijos del albañil contra funcionarios judiciales y abogadas por “no haberle brindado protección” está lejos de quedar archivada y se encuentra apelada en la Cámara de Casación.

El día del segundo aniversario de la desaparición de López, su esposa y sus hijos, con el patrocinio de Alfredo Gascón Coti y Hugo Wortman Jofré, presentaron una denuncia contra jueces y fiscales del Juicio por la Verdad, la instrucción y el juicio oral de la causa en la que fue condenado el genocida Miguel Etchecolatz por no haber tomado medidas que tendieran a impedir la desaparición. En el caso de las abogadas de López –Guadalupe Godoy, Myriam Bregman y Verónica Bogliano–, por no haber procurado protegerlo, dado que “tendrían que haber previsto que podía suceder”.

Esa denuncia produjo el apartamiento del juez federal Arnaldo Corazza “por violencia moral” y que la causa pasara al fallecido juez Manuel Blanco, justo cuando el secretario Juan Martín Nogueira estaba activando las líneas referidas a los represores. Esta “contra causa” tuvo sucesivas apelaciones y las abogadas fueron sobreseídas, pero la familia de López apeló y ahora la decisión la tienen los jueces de la sala IV de la Cámara de Casación. Las letradas acusadas, que nunca tuvieron buen vínculo con los López, se lamentan de que la familia no haya tenido la misma participación activa en el expediente principal por la desaparición del testigo.

Por otra parte, el colectivo de organizaciones Justicia Ya! La Plata presentó en mayo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de Estados Americanos) contra el Estado argentino, al que responsabilizan por la parálisis de la causa judicial. La Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), el Comité de Acción Jurídica (CAJ), la Federación Universitaria de La Plata (FULP), HIJOS La Plata, Liberpueblo y la Unión por los Derechos Humanos solicitaron a la CIDH que “inste al cumplimiento de esta obligación (de esclarecer el caso) a los responsables de llevar a cabo las medidas necesarias, conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean éstos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada, para que sean llevados a la Justicia”. El caso ya está siendo analizado para que el organismo internacional decida sobre su admisibilidad y fue llevado a esa instancia porque estas organizaciones consideraron que la vía de la Justicia local estaba agotada.