La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió ayer condenas de prisión perpetua para 18 de los 21 represores acusados por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, incluidos Miguel Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart. Los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, que concluyeron su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, pidieron que los imputados fueran condenados por genocidio. El juicio continuará con los alegatos de los querellantes. La sentencia de los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus está prevista para dentro de dos meses.

Los fiscales acusaron a los represores por secuestros, tormentos, homicidios calificados, delitos contra el derecho de gentes y consideraron que también deben ser condenados por genocidio, “ya que es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, destacaron. Esos actos “comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, además de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, todas situaciones que se dieron en La Cacha.

Los pedidos de prisión perpetua, además de Smart y Etchecolatz (condenado desde 2006), alcanzan a Carlos Hidalgo Garzón (condenado por apropiación ilegal), Jorge Di Pasquale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército. También reclamaron la pena máxima para Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña e Isaac Crespín Miranda, condenas de 16 años de prisión para el marino Juan Carlos Herzberg, de 14 años para Rufino Batalla y la absolución de Luis Perea.

El juicio de La Cacha, largamente demorado, lleva más de diez meses de audiencias, en las que declararon más de 130 testigos. Entre los 120 casos que abarcó el proceso están los de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; Antonio Bautista Bettini, padre del embajador en España; Carlos Bettini, y las apropiaciones ilegales de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, y de Natalia Suárez Nelson.