Los cinco imputados por el secuestro y las torturas a un grupo de mujeres y la apropiación de sus bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura se negaron a declarar en el juicio que sigue por esos delitos el Tribunal Oral Federal Nº6, que ayer tuvo su segunda audiencia. Tras escuchar retazos de declaraciones indagatorias vertidas ante la Justicia en ocasiones anteriores, en el marco de la instrucción de ésta y otras causas, los militares Reynaldo Bignone y Santiago Riveros, los ex médicos castrenses Eugenio Martín y Norberto Bianco y la ex obstetra Luisa Arroche de Sala García pidieron a los jueces permiso para ausentarse durante el resto del juicio. Vejez, dolencias e incluso “vivir demasiado lejos” de los tribunales de Comodoro Py fueron los argumentos. “Consideramos que deben estar presentes aquí”, rechazó la fiscalía, a cargo de Martín Niklison y Mercedes Soiza Reilly. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo adhirió a la negativa. El TOF Nº6 definirá mañana, antes de comenzar a escuchar a los testigos.

La audiencia comenzó una hora más tarde de lo convenido. “Les pedimos disculpas, pero la comisaría cercana al domicilio del imputado Riveros olvidó ir a buscarlo a su casa, a pesar de que la notificamos el viernes y hoy mismo, y demoraron su llegada a este tribunal”, se excusó la presidenta del TOF, María del Carmen Roqueta. Ninguno de los acusados llegó a la Sala Amia de Comodoro Py desde cárcel alguna. Todos permanecen en sus casas. Riveros y Bignone cumplen allí condenas previas por delitos de lesa humanidad, entre ellas por su participación en el plan sistemático de apropiación de bebés. Por cuestiones de edad –tienen 91 y 85 años, respectivamente– y de salud –ambos aducen problemas de sordera y dificultad para moverse, entre otras cosas–, la Justicia les concedió la comodidad de sus domicilios particulares como lugar de encierro.

Lo mismo ocurrió con Bianco, quien por razones similares recibió tal beneficio hace algunos meses respecto de la prisión preventiva que la Justicia le impuso en el marco de los delitos del juicio en curso.

Martín y Arroche llegaron por sus propios medios a los tribunales de Comodoro Py: “La señora, mayor ya, debe tomar dos colectivos para estar aquí cada audiencia”, planteó uno de sus abogados defensores. La mujer continuó en la audiencia de ayer gesticulando al aire con intención de ridiculizar la situación. Hasta que Roqueta la llamó a acercarse al estrado: “No, no voy a declarar, mi señoría”, impostó formalidad la ex obstetra, acusada de intervenir en la apropiación de Francisco Madariaga a su mamá, Silvia Quintela Dallasta, quien lo parió en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital de Campo de Mayo. Como se negó a decir palabra, el tribunal leyó su única y última declaración indagatoria en el marco de la instrucción de la causa, donde se le imputa el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un niño menor de 10 años y falsedad ideológica de documento público. Entonces, en 2010, Arroche se negó a hablar “debido a la sospecha de que el certificado de nacimiento (que aduce que Francisco es hijo de sus apropiadores y que tiene su firma) es falso”.

Su negativa fue la que cerró el desfile de silencios, lo único que provino del sector de los acusados durante la mañana de ayer. De todos se leyeron indagatorias tomadas mientras la investigación sobre los hechos estuvo abierta. En 2008, Martín evaluó ante la Justicia Federal de San Martín –jurisdicción en donde se realizó la instrucción– que su acusación le parecía “de ciencia ficción” e intentó rebatir la hipótesis que lo vinculaba con los delitos desde su rol de traspaso de información sobre las mujeres entre el jefe de Obstetricia de la institución, Julio Caserotto, y el director general. “Negó que como jefe de servicio tuviera acceso a la dirección del hospital”, leyó el secretario del tribunal.

El más lúcido de los acusados, Bianco, también fue en la audiencia de ayer el más charlador en el estrado: “Se me condenó por la... la adopción de mi hijo Pablo”, respondió ante la consulta de la presidenta del tribunal respecto de si poseía condena alguna. Le costó a Bianco decir “adopción”. Tal vez porque la palabra empieza con “a” y temió confundirse y pronunciar “apropiación”. Bianco fue condenado en 1987 por la apropiación de Pablo Hernán Casariego, hijo de Norma Tato –una de las víctimas en el juicio en curso– y Jorge Casariego, y de Carolina, la otra “hija” del matrimonio de Bianco con Nilda Wehrli. Pablo recuperó su identidad en 2007. Carolina continúa sin saberla. “Me condenaron por dos chicos, pero en realidad es uno el caso”, explicó el acusado a Roqueta, reconociendo en esa línea el delito cometido. Luego, se negó a declarar ayer, aunque advirtió que se “reserva el derecho” de hacerlo más adelante. Bignone, que fue el primer nombrado por el tribunal para que acudiera al micrófono, y Riveros, que le siguió en orden, tampoco quisieron hablar. De los acusados, son quienes más declaraciones indagatorias en instrucción poseen: a diferencia de los médicos, para quienes ésta es la primera imputación en crímenes de lesa humanidad, ambos cuentan con vasta experiencia en el asunto. El TOF Nº6 decidió dar lectura a una indagatoria que Bignone ofreció en el marco de la causa que investigaba los delitos en debate, en la que había explicado que Martín era su médico, que de Ramón Capecce –junto con Jorge Haddad, los dos médicos castrenses para quienes el juicio fue suspendido por razones de salud– era amigo y que a Bianco lo conocía, pero no lo frecuentaba porque ya por entonces “era pedante”. Luego había dicho que en calidad de comandante en jefe del Comando Institutos Militares –había negado haber sido segundo comandante, como figura en la elevación a juicio– no tenía a su cargo el hospital militar, y rechazado su participación en secuestros, torturas y demás atrocidades.

Los relatos que Riveros regaló a la Justicia en la última década, en el marco de varias causas, lo mostraron bastante más imponente y enfático que la apariencia que ofreció ayer: un anciano que pidió ayuda a un efectivo del Servicio Penitenciario para acercarse hasta el estrado y que obligó a Roqueta a hablarle bien de cerca: “Desde allí no la escucho, doctora. Tal vez si se acerca un poco más”, propuso. Riveros se negó a declarar, ante lo que el TOF decidió leer todas las declaraciones indagatorias que hizo desde que empezaron a investigar su rol en el terrorismo de Estado. En el primero de aquellos descargos, el represor aseguró sentirse “un prisionero en manos del enemigo”, quien no aceptaba al tribunal que lo estaba interrogando por considerar que los hechos por los que se lo imputaba eran “crímenes de guerra”. Entonces también recordó un encuentro con Juan Perón durante su última presidencia, quien, según Riveros, le había dado a las fuerzas “un permiso” para “combatir al terrorismo subversivo”.

Tras las lecturas, las defensas solicitaron al TOF Nº6 que diera permiso a sus defendidos para no asistir a las audiencias futuras, hasta la etapa de los alegatos. Los motivos fueron similares en todos los casos: avanzada edad, dolencias corporales y hasta la lejanía del domicilio respecto de la sede tribunalicia. La fiscalía no tardó en oponerse: “Los argumentos expuestos por los defensores no conducen a que se deba violar la presencia de los acusados para su legítima defensa tenidos en cuenta en el Código Procesal Penal. Consideramos necesario que estén presentes aquí”, apuntó Niklison. La querella adhirió al argumento y al rechazo al pedido. Los jueces definirán mañana, antes de que comience la ronda de testigos.