El fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y el fiscal ad hoc Carlos Orsi fueron citados a indagatoria por el juez Marcelo Martínez, quien les atribuye una maniobra jurídica para evitar que Lázaro Báez quedara imputado por lavado de dinero en la misma causa que Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Los investiga por posible encubrimiento y/o prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho). Frente a esta acusación, Gonella siempre sostuvo que él ordenó medidas de investigación sobre todos por igual y que el dictamen que al comenzar la causa individualizó a los imputados (pero que excluía al empresario de la obra pública) fue armado por una fiscalía federal a la que él solo aportó datos.

Todo empezó con una emisión del programa Periodismo Para Todos, en la que tanto Fariña como Elaskar contaban que habían sacado 50 millones de euros del país, que vinculaban con Báez. Aunque después de esa aparición se empeñaron en autodesmentirse, empezaron a ser investigados en el fuero federal. Hubo varias denuncias, finalmente centralizadas en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Guillermo Marijuán. Al inicio del expediente, Marijuán estaba de licencia, e intervenía el fiscal Ramiro González. La Procelac comenzó una investigación preliminar y recibió una denuncia de Patricia Bullrich. El juez también sugirió que esa área especializada colaborara. Por eso, Gonella y Orsi pidieron información al Banco Central, la Unidad de Información Financiera y a Nosis, y recibieron datos sobre operaciones bancarias sospechosas, sin justificación, inicialmente de Elaskar y Fariña.

El dictamen fiscal inicial, en el que colaboró la Procelac, apuntó contra esos dos personajes, pero no decía nada del empresario Báez. La diputada Elisa Carrió denunció presunto encubrimiento no sólo contra Gonella y Orsi sino contra el juez Casanello y la procuradora Alejandra Gils Carbó. El juez Martínez de Giorgi concluyó que hay motivos para citar a indagatoria a los dos primeros, que deberán presentarse el 7 y 8 de octubre. Sostuvo –según explicaron allegados al caso– que mandaron a la fiscalía información recabada sobre los movimientos bancarios de Elaskar y Fariña sin esperar los resultados sobre los de Báez, que pidieron con posterioridad, lo que demostraría que sabían que por lo menos había que iniciar una acción en su contra e investigarlo. Según razona, todo lo que apareció en la televisión debía estar en la imputación.

El dictamen que finalmente imputó a Fariña y Elaskar fue firmado por el fiscal González pero el borrador lo hicieron los secretarios de Marijuán, en su ausencia. Según señalan en el juzgado, el escrito inicial apuntaba también a Báez, que en la versión final no aparece. Gonella –quien fue interrogado sobre este tema durante una audiencia pública en el Senado previa a que lo nombren fiscal– siempre sostuvo que el borrador que recibió de los secretarios no mencionaba al empresario. Por ahora, para el juez Martínez de Giorgi el fiscal González fue sólo un intermediario. Cuando Marijuán volvió de sus vacaciones puso el grito en el cielo, sembró sospechas y avanzó también contra Báez, quien sigue bajo investigación. Elaskar y Fariña están procesados por lavado.