Un policía sorprendió ayer a querellas y defensas en el juicio por las cinco muertes y los más de cien heridos que dejó como saldo la represión del 20 de diciembre de 2001. Al declarar ante la Justicia, Antonio Portaluri aseguró que aquella tarde observó el “peligro” que implicaba la presencia de efectivos “jóvenes y recién salidos de la escuela de formación” armados, en la calle, con el objetivo de frenar la movilización que intentaba llegar a la Plaza de Mayo y que lo informó a la dependencia de la fuerza que estuvo a cargo del operativo. “El hombre que está armado en la calle tiene un instrumento de muerte”, remarcó frente al Tribunal Oral Federal Nº 6. Otros dos altos funcionarios de la Federal complicaron a Rubén Santos, el entonces jefe de la fuerza, quien comparte el banquillo de los acusados con sus ex subordinados Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, el ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa Enrique Mathov y otra docena de ex efectivos.

En diciembre de 2001, Portaluri era jefe de Investigaciones Judiciales de Asuntos Internos de la Federal. La razón de su presencia en el estrado (en el marco del debate por las muertes de Gastón Riva, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Carlos Almirón, durante la represión, preludio de la caída del gobierno de Alianza) tiene que ver con el aporte a la calle de personal a su cargo. Sin embargo, su testimonio sorprendió con aseveraciones que coinciden con la hipótesis de la querella: el gobierno y la policía podrían y debieron haber evitado los hechos represivos. “Me llamó la atención la presencia de los agentes en la calle a punto tal que desde un teléfono público llamé a la Dirección General de Operaciones –entonces a cargo de Gaudiero– diciéndole que tuvieran el recaudo. Había agentes jóvenes solos, recién salidos de la escuela, (actuando) en forma inorgánica, en peligro potencial”, declaró ayer. Para Portaluri, ese “peligro” aplicaba tanto a los agentes como a los manifestantes: “El hombre que está armado en la calle tiene un instrumento de muerte”, aseguró.

Además, el ex comisario mencionó que recibió, de parte de la propia fuerza, consultas sobre el procedimiento respecto de las muchas personas detenidas aquella tarde. “Me preguntaron de qué manera se instrumentaba la puesta a disposición de los detenidos y dije que tenían que ponerlos a disposición del juez”, apuntó, ya que “no había qué medio legal aplicar a una persona para privarla de la libertad” más que “ubicarla en la comisión de un delito”. “Es un planteo que coincide con lo desarrollado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales, a cargo de una de las querellas) respecto de que las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueron ilegales”, explicó uno de los abogados representantes de esa parte, Rodrigo Borda.