Desde hace casi un mes el Patronato de Liberados está paralizado. Eso significa que –a menos que haya jueces que tomen medidas específicas– no hay controles sobre los condenados con libertad condicional ni sobre los presos con arresto domiciliario, muchos de ellos represores, ni nadie que asista en su reinserción a quienes recuperan la libertad, ni nadie que monitoree el cumplimiento de las probation. Los empleados están de paro porque dejaron de pagarles el sueldo. La entidad lleva años de problemas y quizás el central sea que no forma parte de ninguna estructura, ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, sino que funciona como una asociación civil. Nunca termina de estar claro quién debe financiarlo. Está en el limbo. La contracara de esta noticia es que, a su vez, avanza por primera vez en el Congreso un proyecto de ley que propone poner el Patronato bajo la órbita judicial, en la estructura de la Cámara de Casación Penal Federal, duplicar su planta de profesionales y concursar los cargos directivos. Tuvo media sanción por unanimidad, en Diputados, y está cerca de tratarlo el Senado.

El Patronato se ocupa de un promedio de 7000 personas condenadas y procesadas por mes. Lo hace con una planta de 105 empleados, casi todos trabajadores sociales que perciben salarios que rondan los 10 mil pesos. La mayor parte de sus actividades están relacionadas con la etapa de cumplimiento de una pena, tras el juicio oral, e intervienen a pedido de los jueces. Supervisan las condenas de ejecución condicional, fiscalizan el cumplimiento de las penas sustitutivas como la realización de tareas comunitarias y las reglas de conducta indicadas, controlan algunas detenciones domiciliarias y también ayudan a quienes dejan la cárcel a resolver problemas habitacionales, de documentación, de salud, a conseguir vivienda, capacitación y trabajo. También realizan los llamados “informes socioambientales” apenas una persona es detenida. Actúan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y tienen delegaciones en Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, aunque para esas cuatro provincias hay sólo tres trabajadoras. El resto de las provincias tienen sus propios patronatos.

En sus orígenes, en 1918, fue una entidad que velaba por la reinserción social de los presos y se constituyó como una asociación civil –que tuvo entre sus directivos a jueces y también policías– que subsistió con aportes privados. Con el tiempo fue ampliando sus funciones y empezó a recibir presupuesto del Poder Judicial y del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia. El año pasado, la Corte Suprema resolvió en una acordada rescindir un convenio (que ella misma había motorizado) a través del cual le aportaba dinero. Este año, efectivamente, dejó de pagarle. En el tribunal se impuso la postura de que por lo menos por ahora el Gobierno, a través del Servicio Penitenciario, debería ocuparse del asunto y señaló un decreto de 2004 redactado en ese sentido. El Ministerio de Justicia, que suele hacer cuatro giros de fondos al año, envió tres e informa que el cuarto llegará en octubre. Pero la entidad dejó de abonarles a los empleados, que no percibieron los sueldos de agosto.

Estos días, en las dependencias del Patronato no hay casi nadie trabajando, sólo dos directivos: Alejandro Frías, que es el presidente, e Inés Parodi, la coordinadora. Ellos dicen que están realizando guardias, pero es difícil imaginar que puedan cubrir la cantidad de casos que les atañen. Los empleados se pasaron las últimas semanas visitando despachos de funcionarios y senadores, pero todavía nadie les asegura el pago de los sueldos. La cartera de Justicia, de todos modos, sugirió que analiza la posibilidad de ayudarlos. Allí dijeron a este diario que el presupuesto previsto desde el Gobierno para este año es de 9,7 millones de pesos, de los cuales resta pagar la última cuota, que es de 2,4 millones. En esa dependencia entienden que están al día. Pero no es lo que creen en el Patronato: “Efectivamente, al personal no se le ha abonado, y está de paro desde el 6 de septiembre, porque los fondos que habitualmente vienen del Ministerio de Justicia no han sido aportados, a lo que se suma que la Corte dejó de darnos su parte; nosotros consideramos que hacen falta 12 millones de pesos”.

Claudia Alvarez, una de las trabajadoras, explica que “año tras año se fue reduciendo el personal. La gente renuncia por cansancio, por enfermedades provenientes del desgaste emocional, ingresos insuficientes, pésimas condiciones laborales, precarización”, entre otras cosas, “pero es mayor la cantidad de trabajo adjudicada a cada profesional a medida que fueron aumentando las causas supervisadas”. Muchos de los trabajadores, explica Alvarez, quieren que se los incorpore al Poder Judicial, para ser considerados precisamente como empleados judiciales. En ese sentido está orientado el proyecto de ley impulsado por Diana Conti (Frente para la Victoria) que tuvo medida sanción a fin de agosto en Diputados. En los días posteriores, el Patronato dejó de pagar y se inició el actual conflicto. Frías dijo a Página/12 que considera que la entidad “debe seguir siendo asociación civil, porque es la sociedad la que debe reasumir la reinserción de los presos”.

El texto de la ley lleva soporte teórico del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien no piensa igual que algunos de sus colegas supremos, que se reparten entre quienes preferirían que el Patronato dependiera del propio alto tribunal y los que dicen que es un asunto del Ejecutivo, poder que a su vez plantea que la ejecución de las penas debería ser garantizada por los tribunales. Si el Senado aprueba la norma que ya se votó en la Cámara baja, ya no existirá el Patronato, sino la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Tendrá directores concursados y un consejo consultivo multidisciplinario (abogados, médicos, sociólogos, psicólogos, asistentes sociales). Ninguno de sus empleados actuales perderá el trabajo. Las funciones serán las mismas que tiene ahora, aunque el organismo será un auxiliar permanente, institucionalizado, de los tribunales, y funcionará en dependencias de la Cámara de Casación.

Será un organismo clave y necesario, además, si se logra aprobar el nuevo Código Penal, que está diseñado para tender a las penas alternativas, que requerirán controles eficaces. Hay chances de que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado lo trate en las próximas semanas. La Casación, de hecho, ya convocó a una reunión interna para el 6 de octubre con miras a implementarlo. Hasta ahora las deficiencias y el funcionamiento desparejo del Patronato saltaron a la vista cada vez que, por ejemplo, algún represor violó el arresto domiciliario o directamente se fugó. En Capital Federal hay aproximadamente 100 represores detenidos por delitos de lesa humanidad.