Desde Ginebra

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigará la forma en la que actúan los fondos especulativos y cómo sus acciones afectan a los derechos humanos. Lo resolvió ayer el organismo internacional al aprobar una resolución vinculada con las actividades de los buitres. La iniciativa, propuesta por la Argentina y acompañada por 74 Estados, fue votada de forma afirmativa por 33 de los 47 países que integran el Consejo. Hubo 5 votos negativos y 9 abstenciones. “Los miles de millones que los fondos buitre se llevan del sur empobrecido se traducen en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, en regimientos de familias hurgando en la basura para comer, en miseria sobre más miseria, inestabilidad política, caída de gobiernos, odio, inseguridad y violencia. Sabemos que tenemos que hacer algo para cambiar el statu quo, porque tenemos la certeza de que no van a parar hasta que nosotros les pongamos un freno”, dijo el canciller Héctor Timerman al hablar en la sede de la ONU en Ginebra.

Timerman y Alberto D’Alotto, representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, llegaron al salón “de los derechos humanos y de la alianza de las civilizaciones” a la una y media de la tarde de Ginebra. El recinto, cuya cúpula es una especie de cueva con estalactitas de todos los colores, hecho por el artista español Miguel Barceló, se fue poblando de los miembros de las delegaciones hasta que quedó completo. El embajador de Gabón, que ejerce la presidencia del organismo, bajó entonces el martillo y empezó la sesión, que sería la última de este año. Timerman tomó la palabra y presentó el proyecto sobre “las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales: las actividades de los fondos buitre”.

El Consejo es el principal órgano de Naciones Unidas encargado de los derechos humanos. Entre sus funciones está la de reforzar la promoción de los derechos humanos en todo el mundo y formular recomendaciones respecto de sus violaciones, sobre todo las graves y sistemáticas. Tiene 47 miembros elegidos por períodos de tres años entre todos los Estados que forman la Asamblea General de la ONU (la Argentina está ahora cumpliendo el mandato 2013-2015), pero quienes no integran el organismo pueden participar activamente en los debates, aunque no tengan luego derecho a voto. Por eso, la propuesta de la Argentina fue patrocinada por muchos más países de los que luego votaron. Si bien el esquema de apoyos fue similar al que se dio el 9 de septiembre en la ONU, cuando se aprobó la creación de un marco regulatorio para la reestructuración de las deudas externas, esta vez México, que se había abstenido, votó a favor, e Irlanda, que se había opuesto, se abstuvo.

La resolución aprobada ayer reconoce “el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda” y señala que esto “no debe verse frustrado ni obstaculizado por ninguna medida procedente de otro Estado”. Afirma que “la carga de la deuda contribuye a la extrema pobreza y el hambre y es un obstáculo para el desarrollo humano sostenible, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el derecho al desarrollo y es, por ende, un impedimento grave para la efectividad de todos los derechos humanos”. También “condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo y reafirma que “las actividades de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual”.

Finalmente, el documento solicita al Comité Asesor (formado por 18 expertos internacionales) que prepare un informe sobre las consecuencias que la conducta de los buitres tienen sobre los derechos humanos y pide que ivestigue, recabe opiniones y aportes de Estados y organizaciones de todo el mundo, así como del experto independiente sobre deuda externa del Consejo, Cephas Luimia, quien ya dijo que el accionar de los fondos especulativos menoscaban la posibilidad de los gobiernos de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de su población y señaló que en Africa se puso en peligro la posibilidad de llevar adelante políticas de desarrollo y de reducción de la pobreza.

Durante su intervención, el canciller manifestó que “estos fondos dedican parte de sus cuantiosas ganancias a construir espacios para proteger su despreciable conducta y que se pagan altos costos por enfrentarlos”. Y que la resolución que impulsaba debía leerse “en un contexto que establece dos bandos definidos, los gobiernos de los países preocupados por la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, por un lado, y los fondos buitre, solamente ellos, por el otro. No es un enfrentamiento entre naciones, no es ni siquiera esta resolución una crítica a un sistema político o económico”. Recordó que, en 2002, el entonces ministro de Finanzas del Reino Unido y luego primer ministro Gordon Brown se refirió a la gravedad de la problemática de los buitres en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la infancia, donde dijo que “cada vez que un país tiene que defenderse en un caso legal (iniciado por los fondos especulativos) debe desviar una cantidad considerable de tiempo, atención y recursos que necesita dedicar a la reducción de la pobreza, a la salud y a la educación” y que se debía terminar con esa “práctica vergonzosa”.

Timerman destacó también que la sede de la ONU en Ginebra era un sitio donde muchas víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina fueron escuchadas cuando casi no lo eran en ningún lado (antes era una Comisión de Derechos Humanos y no un Consejo) y dijo que ahora él denunciaba a los fondos buitre “que son los herederos de la última dictadura militar y representan sus intereses”.

Antes de someter el documento a votación, hablaron los representantes de Cuba, Brasil, Rusia, Venezuela, Pakistán y Argelia, quienes celebraron la propuesta de la Argentina, recordaron la votación del 9 de septiembre en Nueva York en la que se decidió la elaboración del marco jurídico para la reestructuración de deudas soberanas y hablaron de la necesidad de modificar el sistema financiero internacional.

El presidente del Consejo preguntó si algunos miembros del organismo estaban interesados en justificar el voto y, como en una subasta, enseguida se levantaron varias manos con los carteles de los países: México, Italia, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.

México tomó la palabra para, implícitamente, justificar su cambio de posición, ya que, aunque se abstuvo a la creación de un marco regulatorio multilateral, ayer anticipó que iba a votar a favor “como una muestra de solidaridad con la Argentina” y porque “es preocupante el efecto que los fondos buitre tienen en la posibilidad de afectar derechos”.

Estados Unidos rechazó la resolución. Al argumentar su decisión dijo que le parecía que el Consejo de Derechos Humanos no era el foro para discutir ese tema y que los debates sobre la deuda deben ser “técnicos”. Lo mismo hizo Inglaterra, pero llamó la atención que su representante mencionó que ya se estaba trabajando en la ONU en un marco regulatorio para la reestructuración de la deuda, ya que votó en contra de esta decisión también en la Asamblea General. Japón, Alemania y República Checa completaron los votos negativos, mientras que otros países de la Unión Europea, como Italia y Francia, se abstuvieron.

Luego de que el resultado apareciera en la pantalla, el canciller atravesó la sede de las Naciones Unidas, desde el edificio donde está el Consejo –construido a finales de los años ’60– hasta el neoclásico palacio de principios de los años ’30, levantado para albergar la sede de la Sociedad de las Naciones, la antecesora de la ONU. En la sala de prensa del organismo, Timerman dijo que la Argentina estaba “orgullosa de haber logrado una victoria a favor de los derechos humanos y de condena a los fondos buitre” y que, junto con la votación en la Asamblea General en Nueva York sobre los procesos de reestructuración de deuda, era un “hecho histórico”. Señaló que, si bien no alcanza con condenar o investigar, el país espera que estas decisiones de los organismos internacionales terminen en la limitación de las acciones de los fondos de especulación: “Lo de hoy no es el fin, el fin va a ser cuando terminemos con esta escoria”.