El 85,6 por ciento de las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires no perciben ningún beneficio por parte del gobierno de Mauricio Macri, según el informe 2014 del Observatorio de Derechos Humanos porteño, que lleva como título: El derecho a la vivienda digna. El trabajo se adentra en la problemática habitacional y las políticas públicas del gobierno del PRO que “con desidia, inacción y violencia omite garantizar ese derecho”.

El informe del Observatorio de Derechos Humanos este año incluye textos de la jueza Elena Liberatori, los arquitectos Jaime Sorin, ex decano de Arquitectura (UBA) y Guillermo Marzioni, de la Comisión Nacional de Tierras, además de Lito Borello, del Comedor Los Pibes. Se presentará hoy, a las 18.30, en el Instituto Isauro Arancibia, Cochabamba 176.

El informe se adentra en la desigualdad entre las viviendas ociosas y las personas que viven en condiciones precarias: “En la última década, los permisos de construcción crecieron un 94 por ciento y se construyeron más de 20 millones de metros cuadrados. A pesar de esto, hay más de 500 mil personas con problemas habitacionales. En villas, se calcula que viven 275 mil personas. Y 140 mil personas están hoteladas, o viviendo en pensiones, inquilinatos, casas tomadas o conventillos. Otros tantos miles viven en la calle. No hay estadística que los contemple”, indica.

El informe cita un trabajo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del gobierno porteño, que señala que “una estimación nueva arroja una población de 275 mil habitantes” en las villas. “Inclusive en un informe donde el gobierno intenta ‘vender’ la Ciudad como pionera en la transformación de villas, sólo muestra obras parciales como plazas, asfaltos o canchas de fútbol, omitiendo mencionar que no responden a un proyecto urbanístico integrador alguno”, señala el informe de la ODH. “Además, reconocen que se han sumado 110 mil personas más al déficit habitacional porteño” respecto del censo 2010.

“La población que vive en las villas se ha incrementado notablemente en las últimas dos gestiones macristas”, indica el informe. Advierte que, lejos de combatir el déficit habitacional, el gobierno de Macri tendió a agravarlo y detalla algunos casos clave, como el desalojo del barrio Papa Francisco. “La duplicación del plazo de residencia como condición para recibir planes alimentarios y de vivienda, la reducción de vacantes y becas educativas, la falta de insumos y personal calificado en los establecimientos sanitarios de la Ciudad son ejemplos concretos de la violación de derechos por parte del Ejecutivo porteño”, señala el ODH.

“El Gobierno de la Ciudad ha destinado proporcionalmente menos fondos a vivienda en cada uno de los años de su gestión. Antes de 2007, el monto destinado se calculaba en el 5 por ciento del presupuesto. Año a año fue bajando hasta llegar a 2,1 en 2014, el más regresivo de los últimos nueve años.” Sobre las políticas específicas del Instituto de la Vivienda (IVC), el ODH advierte que “en la línea Primera Casa de 6 mil créditos adjudicados por el IVC, sólo la mitad logra llegar a un acuerdo con el banco, y aproximadamente 900 llegan a escriturar. La línea Mi casa BA, creada en 2013, llegó a realizar 70 escrituras”. Por la Ley 341 –que cubre casos extremos– se hicieron tan sólo 162 préstamos en el período 2012-2013. Por el programa de autogestión de viviendas, otros 239. El informe advierte que si se continúa a este ritmo, hace falta más de un siglo para paliar el déficit habitacional actual.

Una sentencia de la Corte Suprema obligó a la gestión PRO a relocalizar 1832 familias asentadas a la vera del Riachuelo –un informe de Acumar indicaba que el 25 por ciento de los niños tenía niveles altos de plomo en sangre–. La sentencia es de 2008 y hasta ahora se relocalizó a 466 familias. Menos de la mitad.

- Personas sin vivienda. Sobre las personas en situación de calle, el informe advierte que “no se ha podido acceder a información oficial sobre la totalidad de personas que viven en esa situación”. “Las estimaciones oscilan entre 1100 y 15 mil personas, aunque esta diferencia responde, en parte, a distintas definiciones de este grupo social”, indica. Para poder hacer un diagnóstico tomaron datos de un relevamiento del gobierno porteño de 2008: un 54 por ciento no tenía vivienda segura desde hacía dos años.

En 2013, la Dirección de Asistencia Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social informó que pagaba unos 9 mil subsidios mensuales, lo que implicaba un presupuesto de 65 millones de pesos. “En relación con el programa de coberturas sociales, el 85,6 por ciento no percibe actualmente ningún beneficio social, mientras que el 13,4 percibe”, destaca el informe.

El macrismo reemplazó el subsidio habitacional del programa Familias en situación de calle, por otro que el informe de la ODH señala como regresivo, dado que “restringió severamente la población objeto”: sólo contempla a aquellos que ya están viviendo en la calle, y no a personas que estén en riesgo inminente de quedar en esa situación. Por ejemplo, por ser víctimas de un desalojo.

- Viviendas sin personas. A su vez, el informe del ODH advierte que, según el censo 2010, “unas 340 mil viviendas estaban deshabitadas”. El 24,9 por ciento de las viviendas de la Ciudad resultó estar vacías. “Se podría estimar que las viviendas desocupadas son el doble de lo necesario para las familias sin techo”, indica el ODH. Por ejemplo, en la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) se concentra la mayor densidad de población de la Ciudad con situaciones de viviendas irrecuperables, hacinamiento crítico. A la vez, la Comuna 3 es la que mayor cantidad de viviendas deshabitadas registra: el 25 por ciento.

El informe concluye: “No cesaremos de hacerle recordar al Ejecutivo que no es ideología cumplir o no con la Constitución porteña: es una obligación republicana de todo ciudadano que cumpla funciones allí establecidas. El incremento desmesurado del déficit habitacional durante la actual gestión da cuenta de un incumplimiento constitucional que pesa sobre la cabeza del Poder Ejecutivo: Mauricio Macri”.