Se cumplieron 50 años desde que Argentina expusiera por primera vez ante las Naciones Unidas los fundamentos de sus derechos soberanos sobre las islas Malvinas. Como ya lo había hecho el canciller Juan Atilio Bramuglia en 1948 frente a los países de América, el 9 de septiembre de 1964 el embajador argentino José María Ruda pronunció un vibrante alegato ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU en el que expuso los hechos históricos y jurídicos que dan razón al reclamo argentino. Sus argumentos probaron ante el mundo que la posición británica constituye un anacronismo propio de los grandes imperios coloniales, que se afirma solamente en la fuerza.

En aquella histórica exposición, el diplomático también explicó que las islas Malvinas se encuentran en una situación particular y diferente respecto de los casos coloniales clásicos. Esto es así porque luego de la usurpación del territorio por parte de fuerzas británicas en 1833, las autoridades y población argentinas fueron suplantadas por una administración colonial y una población de origen británico que el Reino Unido renueva reiteradamente en significativa proporción, al amparo de la férrea política migratoria controlada por la metrópolis, que ha discriminado sistemáticamente contra la radicación de argentinos continentales. Esta regulación migratoria ha tenido un impacto notorio en la disminución persistente de la población nacida en las islas que habitan las Malvinas. En el censo del año 1946, los nativos sumaban 2001 y constituían el 92,5 por ciento de la población. En el último censo, realizado en 2012, descendieron a 1339, pasando a constituir menos de la mitad de los habitantes de las islas, el 47 por ciento. Esta población ha sido reemplazada principalmente por nativos del Reino Unido o sus colonias.

Lo que Ruda sostuvo hace medio siglo hoy sigue siendo absolutamente válido como argumento: no existe en las islas una población sojuzgada, subyugada o sometida al colonialismo. Es por ello que el delegado enviado por el gobierno del presidente Arturo Illia reclamó en su discurso la aplicación del principio de integridad territorial, reconocido en la resolución 1514, que había sido adoptada en 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En 1965, la comunidad internacional en su conjunto avaló los argumentos que expuso Ruda al aprobar la resolución 2065 de la ONU, lo cual representó un hito en el tratamiento de la Cuestión Malvinas. Esta resolución posibilitó que el Reino Unido, que hasta entonces se había negado a dialogar sobre el tema, se vea obligado a iniciar las negociaciones con nuestro país para resolver la disputa de soberanía.

A partir de entonces, la ONU a través de sucesivas resoluciones sobre la Cuestión de las islas Malvinas en la Asamblea General y en el Comité de Descolonización, continuó instando, año tras año, a las dos únicas partes en la disputa a reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la brevedad una solución pacífica, justa y duradera de la controversia sobre soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.

Ninguna de esas resoluciones ha incluido jamás referencia alguna a la libre determinación que el Reino Unido procura forzar a favor de los habitantes británicos en las islas. Más aún, la Asamblea General de la ONU rechazó dos propuestas de enmiendas británicas que procuraron, sin éxito, incluir este principio en el proyecto de resolución sobre la Cuestión. Sí, en cambio, la resolución 2065 señala que es necesario respetar en la negociación bilateral con los británicos los intereses de los isleños. A ello se comprometió Argentina incluyendo el respeto al modo de vida de los habitantes de las islas en la Cláusula Transitoria N 1 de la Constitución Nacional aprobada en 1994.

La resolución 2065, adoptada por abrumadora mayoría y a la cual ni el propio Reino Unido pudo oponerse, constituyó un éxito diplomático de envergadura no sólo de la Argentina sino de todos aquellos que abogan por la solución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, el Reino Unido pese a haber reconocido y dado principio de ejecución a su obligación de negociar la solución de la disputa a partir del comunicado conjunto de los cancilleres Stewart y Zavala Ortiz en 1966, en las últimas décadas se ha negado sistemáticamente a reanudar ese proceso negociador ignorando todos los llamamientos de la comunidad internacional que le han recordado la necesidad de seguir cumpliendo aquella obligación.

A casi 50 años de la resolución 2065, ratificada por todas las resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización y apoyada por una enorme cantidad de resoluciones de organismos multilaterales, la Cancillería argentina ha realizado recientemente un acto para manifestar un justo reconocimiento al aporte del embajador Ruda para que este pronunciamiento de la ONU sea posible y ha publicando por primera vez su célebre alegato para su difusión a través de nuestras embajadas en todo el mundo.

Sin lugar a dudas, la mejor forma de mantener vigente este reclamo es continuar planteándolo como política de Estado y como una cuestión regional y global. Así lo ha venido haciendo la democracia argentina desde 1983 y así lo ha corroborado el Parlamento en 2012, aprobando por unanimidad en el Congreso la Declaración de Ushuaia, en donde todos los bloques coincidieron en diez puntos que definen la posición de nuestro país frente al colonialismo británico y su presencia militar en el Atlántico Sur. Como lo ha hecho nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas días atrás, los argentinos seguiremos reclamando siempre por la vía pacífica y diplomática, convencidos de que nuestra Nación no estará completa hasta que recuperemos el ejercicio de la soberanía sobre las Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

* Secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas de Cancillería.