La jueza María Servini de Cubría citó a prestar declaración indagatoria por la apropiación ilegal de Ignacio Guido Montoya Carlotto al hombre que lo crió y se hizo pasar por su padre en la partida de nacimiento, Clemente Hurban, y al médico de policía que suscribió ese documento, Julio Luis Sacher. La decisión se produce en medio de una discusión sobre la competencia del caso del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La Justicia de La Plata reclama el expediente porque los delitos que padeció Laura Carlotto antes y después del parto ocurrieron en esa jurisdicción y porque el joven apropiado dijo que fue entregado en La Plata. Frente a esa postura, que comparte Abuelas en su rol de querellante, Servini de Cubría prioriza el testimonio de un ex conscripto que cree haber visto a la secuestrada parturienta en el Hospital Militar Central (HMC) de la avenida Luis María Campos. Sobre el punto debe pronunciarse ahora la Sala II de la Cámara Federal porteña.

Clemente Hurban y Juana María Rodríguez son quienes figuran como padres de Ignacio Hurban en el certificado apócrifo por el cual el menor fue inscripto en el Registro Civil de Olavarría. Por el momento, la jueza sólo decidió indagar al apropiador. Su nombre, junto con el del médico Sacher, figura en el certificado de nacimiento del joven, que recuperó la identidad a principios de agosto. Ignacio figura como nacido en una vivienda de la calle Alsina 2858 de Olavarría, donde vivió el empresario Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, el presunto entregador, fallecido en marzo último. A partir del cúmulo de datos falsos en ambos documentos, como la fecha y lugar de nacimiento o los nombres de los padres, es que Servini ordenó las indagatorias para el próximo miércoles, a priori por el delito de falsedad ideológica de documento público.

Antes de llegar a esa instancia la jueza avanzó en medidas de prueba para la investigación: solicitó legajos de antecedentes de personas involucradas, registros de llamados entrantes y salientes de líneas del médico Sacher, e hizo averiguaciones sobre los movimientos en la casa del fallecido empresario Aguilar. No accedió en cambio a realizar otras medidas solicitadas por Abuelas antes de que trascendiera la identificación del nieto de Carlotto, como la intervención de los teléfonos o el allanamiento al consultorio de Sacher.

Una de las primeras decisiones de la jueza tras la identificación de Montoya Carlotto fue allanar el HMC para dar con historias clínicas de mujeres internadas entre el 25 y el 27 de junio de 1978. La medida tiene relación directa con el testimonio del ex conscripto Carlos López, quien cree haber visto allí a Laura Carlotto, a quien reconoció años después al ver su foto. El testigo fechó el parto clandestino el 26 de junio de aquel año, dato que recordó con certeza porque era su cumpleaños y Argentina jugaba la final del mundial de fútbol. La decisión de Servini de comenzar a investigar el HMC en 2014 es cuanto menos llamativa si se tiene en cuenta que el ex conscripto declaró ante la propia jueza en 1997, testimonio que ratificó en el Juicio por la Verdad de La Plata y luego en el proceso por el plan sistemático de robo de bebés. El Tribunal Oral Federal 6, que condujo ese proceso, consideró además al dictar sentencia que “no se cuenta con certeza de que el nacimiento (de Ignacio Guido) se haya producido en el HMC”. Lo concreto es que Servini dio finalmente con una mujer que declaró por exhorto desde Córdoba, quien le contó que estuvo internada en esa fecha y dio a luz un bebé que habría nacido muerto.

Mientras la jueza avanza, la Cámara Federal analiza la razonabilidad de su competencia. El fallecido juez platense Humberto Blanco y su subrogante Adolfo Gabino Ziulu, en línea con los fiscales Hernán Schapiro, Marcelo Molina y Juan Manuel Nogueira y con los abogados de Abuelas, consideran que el caso debe tratarse en La Plata, donde se tramita la investigación de los delitos en el centro clandestino La Cacha, donde Laura Carlotto estuvo antes y después de dar a luz. Aun cuando Ignacio Guido no hubiera nacido en La Plata, hay al menos otras dos “reglas de conexión”, argumentan. Una es la de la “pena más gravosa”: es mayor la escala penal por el secuestro y homicidio de la madre que por la sustracción del hijo; la otra pasa por “razones de economía procesal y mejor administración de justicia”: es en La Plata donde se investigan los hechos en La Cacha. La última palabra la tendrá la Sala II de la Cámara Federal, que integran los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.