Imagem: Guadalupe Lombardo.

El Poder Ejecutivo procura una mayor homogeneidad interna y la expansión de derechos, en un movimiento que abarca desde la economía hasta las relaciones sociales. Ese es el sentido de la designación de Alejandro Vanoli como presidente y de Pedro Biscay como director del Banco Central; de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; de las nuevas leyes de defensa del consumidor y de regulación de la formación de precios dentro de las cadenas de valor; del anuncio de los proyectos de ley de despenalización de la tenencia de estupefacientes y prohibición de la publicidad de alcohol y fármacos y de la luz verde para el proyecto transversal de despenalización del aborto firmado por representantes de distintos bloques. Estas medidas testimonian la voluntad de profundizar un proyecto político tendido hacia el futuro, más allá de quiénes sean los elegidos en el próximo turno presidencial. La idea, señalada ayer en Atlanta por el Frente Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella (como antes por Máximo Kirchner y La Cámpora en Argentinos Juniors, Jorge Taiana y el Movimiento Evita en Ferro y una diversidad de organizaciones como el Frente Transversal, Kolina, Tupac Amaru y Miles en el Luna Park), es que el kirchnerismo llegó para quedarse como nueva identidad política popular. La magnitud de esas movilizaciones, que ninguna fuerza de oposición puede emparejar, da cuenta del sustento existente para ese propósito.

¿Qué códigos?

Tanto la eyección de Juan Carlos Fábrega como la identidad de quienes lo substituirán explican la tirria manifiesta del sistema financiero y de sus portavoces, que han elevado a Fábrega al altar de la santidad monetaria. El candidato sin votos Martín Redrado llamó cadete a Vanoli y para el diario Clarín la mera mención de las operaciones ilegales con divisas que realizaba el hermano del renunciante, Rubén Cleofás Fábrega, constituiría una extorsión que “quiebra los códigos” (sic). Hace un mes, Cristina ya había posado sobre Fábrega una crítica mirada que pocos entendieron. Al cerrar la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil dijo que el Banco Central entregó nada menos que 8000 millones de dólares para importaciones fantasma. Aclaró que no se refería a sobrefacturación ni subfacturación “sino a compras en el Mercado Unico Libre de Cambios”, explicó. “Gente que se hizo de los dólares pero las importaciones no ingresaron”. Es impensable que semejante maniobra pueda realizarse sin complicidad de la autoridad monetaria. Hasta su designación como director del Banco Central, Biscay coordinó el área de Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En octubre del año pasado, durante un allanamiento a una cueva del microcentro, el médico que la operaba, Christian Darío Montero, intentó sobornar a Biscay y al funcionario del Banco Central Gabriel Zanni para que no procedieran. “¿Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde. ¿Cuánta plata querés?”, le escuchó decir un testigo. Según declaró Biscay, Montero dijo espontáneamente que “durante la mañana los del Banco Central me avisaron que podía operar tranquilo”, y que “tenía códigos pero alguien los había roto. En el mercado todo tiene precio y la información cuesta”.

Desde la Comisión Nacional de Valores, el nuevo titular del Central impulsó una serie de investigaciones sobre el pasado y el presente, que ahora se proyectarán al futuro. Un documento elaborado bajo su conducción revela cómo durante la última dictadura la CNV fue una pieza decisiva de una maquinaria burocrático-criminal utilizada para perseguir, extorsionar, secuestrar, torturar y desaparecer a más de 130 empresarios, mientras grupos cívico-militares aprovechaban para rapiñar esas empresas. Vanoli destacó como paradigmático el caso de Papel Prensa. La nueva ley de mercado de capitales, apoyada en el Congreso también por partidos de la oposición, extendió y precisó las facultades de control de la CNV sobre las empresas que cotizan en bolsa. Uno de los casos que inspiraron esta regulación fue el de la oferta pública de las acciones del Grupo Clarín, cuya cotización se derrumbó en pocos días, a expensas de los jubilados que las compraron por decisión de su AFPJ. Las investigaciones de Biscay y del titular de la Procelac, Carlos Gonella, fueron mencionadas por CFK al describir la operación del contado con liqui que eleva en forma artificial el precio del dólar y presiona por una devaluación. Hace cuatro meses, Gonella y Biscay denunciaron por la corrida bancaria de enero de este año a directivos de la petrolera Shell y de los bancos Galicia, HSBC, Citi, Francés, Paribas, JPMorgan Chase y de la Provincia de Córdoba y expusieron la operatoria por la que elevaron en forma amañada la cotización del dólar ilegal, forzando la devaluación. En una causa contra el Banco Francés y los operadores Tomás Deane, Juan Alberto Estrada, Carlos Campo y Manuel Enrique Mansilla, describieron con detalle en qué consiste la maniobra, a la que consideran “un canal eficaz para la fuga de capitales”. Esas operaciones ficticias “no perseguían ninguna ganancia ni riesgo bursátil, puesto que cada compra de valores estaba asociada a una venta simultánea de aquellos”, cuando es obvio que “nadie invierte en títulos públicos para tenerlos en cartera durante 1 o 2 minutos, como realizaron los clientes del Banco Francés. Como inversión carece de todo sentido lógico”. Su objetivo real era permitir a sus clientes “ingresar o sacar divisas del país, eludiendo siempre al Mercado Único y Libre de Cambios”.

Sin relación

La sanción del Código Civil no tiene que ver con la visita al papa Francisco ni hay razones para vincular la proyectada despenalización del consumo de estupefacientes con George Soros. Ambos proyectos del Poder Ejecutivo contrarían los deseos de la Iglesia Católica, como dejaron en claro las declaraciones de su Comisión Ejecutiva sobre el nuevo Código y de la Pastoral de Villas del Arzobispado de Buenos Aires respecto de la tenencia de drogas. El Episcopado Católico celebró que se hubiera eliminado del nuevo Código la maternidad subrogada o alquiler de vientres y se reconociera el comienzo de la existencia de la persona desde la concepción. Pero lamentó la regulación de las técnicas de fecundación artificial y el supuesto “debilitamiento de la institución matrimonial” al eliminarse cualquier mención al sexo de los contrayentes y los adoptantes, lo cual para esa institución implica el “desconocimiento del derecho de los niños a un padre y una madre”. Por si quedara alguna duda, el perito designado por los obispos católicos para el seguimiento de la reforma, Juan Navarro Floria, deploró las cuestiones de derecho de familia que contiene, como la simplificación del trámite de divorcio por voluntad de una sola de las partes y sin necesidad de exponer causa y “la manipulación de embriones”. El Centro de Bioética, Persona y Familia de la Fundación Latina de Cultura entendió que el nuevo Código “se enmarca en una tendencia individualista que debilita los vínculos familiares en pos de la autonomía del individuo”, de modo que la familia “queda a merced del poder del Estado”. Su presidente, Nicolás Lafferriere, es el asesor en la materia del Episcopado Católico. Además de los rubros impugnados por la Comisión Ejecutiva, denunció que el artículo 59 permite una forma de eutanasia pasiva al ratificar lo dispuesto por la ley 26742 de muerte digna y permitir la renuncia a la alimentación y la hidratación; que permite “la dación anónima de gametos” y establece “la voluntad procreacional como criterio rector, en lo que constituye un giro individualista”. Queda así claro que el nuevo Código no interfiere con la ley de fertilización asistida, de 2013, y remite a una ley especial la protección del embrión no implantado. Esto descarta su condición de persona humana que reclamaba la entidad confesional. Si bien el artículo 20 del Código proclama que la existencia de la persona humana comienza con la concepción y no incluye la referencia del anteproyecto a la implantación del embrión en la mujer, el 21 especifica que los derechos y obligaciones “del concebido o implantado en la mujer” sólo se adquieren “si nace con vida”, ya que de otro modo “se considera que la persona nunca existió”, una fórmula similar a la que desde hace un siglo y medio contenía el Código de Vélez Sársfield. El riesgo es que la definición caso por caso vuelva a remitirse a los tribunales, donde el sector más conservador prevalece en el derecho privado. Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el caso “Artavia Murillo” que no correspondía “otorgar el estatus de persona al embrión”. El año pasado, durante las jornadas Nacionales de Derecho Civil la Comisión Nº 1 votó por mayoría que “el fallo Artavia Murillo no resulta aplicable a la Argentina”. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina dice que los fallos de la Corte Interamericana sí son obligatorios. El nuevo Código tampoco es incompatible con la despenalización del aborto, como especificó la diputada Diana Conti, quien presidió la Comisión Bicameral que dictaminó sobre el proyecto de reforma. Más aún, la semana pasada el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo como derecho de toda mujer en las primeras doce semanas de la gestación fue incluido en el plan de trabajo de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, pese a la oposición de su presidente, Patricia Bullrich. Firmado por 62 representantes de trece bloques, entre ellos 34 del Frente para la Victoria (incluida su presidente Juliana Di Tullio), tiene serias posibilidades de ser tratado. La presidente CFK no lo promoverá ni lo vetará. En un encuentro con parte del bloque, recordó que Néstor Kirchner y sus dos hijos estaban a favor, mientras ella y su nuera se oponían. Otras leyes especiales para subsanar ausencias del Código Civil, en las que el gobierno se comprometió a trabajar, se refieren a la función social de la propiedad, el acceso a la tierra para vivienda popular, el derecho al agua y la propiedad comunitaria aborigen. Como viene haciendo desde la reforma constitucional de 1949, la oposición en pleno, desde la derecha hasta la izquierda, se retiró del recinto, con aire de dignidad ofendida, y presentó un teatral recurso a la justicia, contra toda lógica y jurisprudencia. Su único argumento conceptual es que hubiera sido necesario mayor debate y consenso y no una aprobación express. Es difícil de sostener, cuando el proyecto se presentó hace dos años, recibió media sanción del Senado en noviembre pasado y se discutió en más de una docena de audiencias públicas con un millar y medio de expositores.