EL PAíS › UNA ENCUESTA MUESTRA EL APOYO A LOS CAMBIOS APROBADOS EN EL CONGRESO
El trabajo realizado por Ibarómetro en Capital y el Gran Buenos Aires muestra apoyos por encima del 70 por ciento para algunos de los cambios más importantes que se incorporan al Código Civil y Comercial.
› Por Raúl Kollmann
Siete de cada diez personas, habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, respaldan algunos de los cambios clave que introduce el Código Civil que será promulgado hoy por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nada menos que el 76 por ciento dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que las parejas, antes de casarse, puedan decidir cómo se dividirán los bienes en caso de divorcio; casi un 75 por ciento aprueba que el divorcio se pueda concretar por pedido de un solo integrante de la pareja y más del 70 por ciento coincide en que se permita adoptar a personas solas o que no estén legalmente casadas. La Presidenta anunciará la promulgación en un acto, a las 18.30, en el Museo del Bicentenario.
Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro, fundada por Doris Capurro y que hoy conduce el sociólogo Ignacio Ramírez. En total fueron entrevistadas mil personas del Area Metropolitana de Buenos Aires, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.
En los últimos días, los tres juristas que encabezaron los tres años de trabajo que llevó el Código –el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la integrante del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci– manifestaron estar muy conformes con el texto, más allá de las idas y vueltas del debate en el Congreso. El Código finalmente fue aprobado con el voto de los legisladores oficialistas y sus aliados.
“El amplio apoyo que suscitan algunas de las novedades normativas del nuevo Código ilustra una serie de transformaciones culturales, relativas a nuevos hábitos y actitudes, que no estaban reflejadas en la ley vigente –explicó Ramírez–. Es decir, en este caso se trata de un nuevo texto legal que ‘empata’ cambios preexistentes y que refleja mejor realidades sociológicas que subsistían ignoradas por un código muy antiguo, surgido en un marco histórico muy diferente al actual paisaje de valores.”
Es cierto que algunos de los cambios se caían de maduros, pero la aprobación no fue nada fácil. Hubo muchas polémicas y muchas presiones, e incluso permanece la idea de algún otro ajuste. El senador Aníbal Fernández le dijo a Radio Del Plata: “Creo que todavía podremos precisar el artículo 19, el que habla del inicio de la vida desde la concepción. Como mínimo, tendremos que hablar de la concepción en el seno materno”.
Ramírez sostiene que “las transformaciones culturales –alteración de las actitudes, valores y representaciones sociales que guían la conducta– suelen ser poco visibles, a diferencia de las transformaciones políticas y económicas que irrumpen ruidosamente sobre la esfera pública. El investigador norteamericano Ronald Inglehart viene documentando desde hace más de 30 años una profunda transformación cultural, de proporciones globales, a la que llamó ‘revolución silenciosa’. Además de silenciosos, los cambios culturales tienen una velocidad distinta a la velocidad con la que cambian las instituciones y las leyes, que tienen cierta inercia. Los valores han evolucionado en una dirección de creciente libertad a la hora de elegir y diseñar el tipo de hogar, familia y pareja que se ajusta a los deseos y circunstancias de los diferentes segmentos de la sociedad. Una sociedad, en definitiva, que ha cambiado y diversificado sus modos de vivir y de pensar y que estaba a la espera de textos normativos menos disfuncionales, y más congruentes con tales diversidades”.
La encuesta de Ibarómetro muestra que la aprobación de esos tres ejemplos de normas que incorpora el nuevo Código Civil y Comercial está tan extendida que abarca a ambos sexos y a todas las clases sociales y niveles educativos. Por ejemplo, el 71 por ciento de los hombres y también el 71 por ciento de las mujeres están de acuerdo en que las parejas sean libres, antes del matrimonio, de acordar cómo se distribuirán los bienes en caso de divorcio. El mayor problema que afronta el nuevo texto es su poco conocimiento. Sólo el 52 por ciento dice estar bastante o algo informado.
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