La Corte Suprema dispuso que el Estado le pague una indemnización a un conscripto detenido durante la última dictadura, al sostener que fue víctima de una privación ilegítima de la libertad que no tuvo que ver con temas estrictamente castrenses, sino con cuestiones políticas. El máximo tribunal hizo lugar a un planteo que cuestionaba el alcance de la Ley 24.043, que exige la condición de “civil” al momento de este tipo de hechos para acceder al beneficio. Se trata de Juan Luis Guidi, quien se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio en la Batería Comando del Grupo de Artillería de Montaña V de la provincia de Jujuy, cuando fue detenido junto a sus dos hermanos, el 11 de mayo de 1976, por un grupo de personas que portaban armas en la ciudad de Córdoba.