El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, presentará hoy ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) el expediente del Grupo Clarín para que se investigue si existe algún delito en el complejo entramado de sociedades y fideicomisos que se encontró al analizar el plan de adecuación voluntaria del multimedio. Así lo confirmaron fuentes del organismo, luego de que el miércoles el directorio resolviera rechazar la propuesta y proceder a iniciar la adecuación de oficio. Desde la oposición, las diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso dijeron que realizarán un pedido de interpelación a Sabbatella (ver recuadro), mientras que el integrante del directorio en representación del FAP, Gerardo Milman, volvió a cuestionar el procedimiento con el que se trató el dictamen.

“Simulan cumplir la ley, y en realidad se están burlando de una forma tan burda, tan burda, que es la Afsca la que tiene la obligación de hacerla cumplir”, insistió ayer el titular de la Afsca, quien afirmó que además de llevar la información recolectada a la fiscalía especializada en lavado de activos a cargo de Carlos Gonella, también aportará la documentación a la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Investigación Financiera y la AFIP.

En una conferencia de prensa y en la reunión de directorio, Sabbatella había denunciado “dos maniobras” utilizadas por el Grupo Clarín para eludir el efectivo cumplimiento de la ley. Por un lado, se encontraron vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros de las unidades 1 y 2, de las 6 en las que el Grupo propuso dividirse. De esta manera, los principales socios del grupo mantendrían un “gerenciamiento conjunto” de esas unidades. Se trata de Lucio Pagliaro y José Aranda, que habían propuesto quedarse con la unidad 1: Canal 13, Todo Noticias, Radio Mitre, FM la 100, 24 licencias de televisión por cable y otros medios de Córdoba, Bariloche y Mendoza. Y de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, que habían propuesto quedarse con el grueso de Cablevisión, con 24 licencias de televisión por cable. “Para que quede claro, se encontraron sociedades en Argentina, Panamá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, vinculando a los miembros del grupo uno con los del grupo dos, totalmente ficticio”, afirmó Néstor Avalle, otro de los cinco integrantes del directorio que votaron a favor del rechazo de la propuesta de Clarín.

La otra “maniobra” que denunció la Afsca se trata de una serie de condicionamientos a los supuestos compradores de las 4 restantes unidades, lo que convertiría la venta en “ficticia”. Entre las cláusulas impuestas por el Grupo se encontraba la prohibición de vender las unidades en 6, 7 u 8 años, otorgándole prioridad para readquirirlas al mismo Grupo Clarín. Además, establecían que debían tener exclusividad en el suministro de los contenidos para las señales y debían recibir una comisión de más del 80 por ciento de la venta bruta de las señales vendidas, con un piso millonario mensual.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuestionó la actitud de Clarín por pretender “incumplir” la ley y afirmó que los “grupos concentrados lo que hacen es sostener su libertad de prensa para extorsionar a los gobiernos en virtud de sus propios intereses”. Además, subrayó que los fondos buitre no se fijaron en los bienes que posee este grupo en Estados Unidos mientras que buscaron embargar otras compañías argentinas.

“Hay que avanzar en el proceso de desconcentración buscado por la norma que se votó con amplio consenso hace ya cinco años. Martín Sabbatella está haciendo lo correcto, si el Grupo Clarín dilata los plazos y realiza maniobras y simulaciones en lugar de avanzar de modo fehaciente en su adecuación, entonces llegó la hora de que la Afsca realice la adecuación de oficio”, señaló el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller.

Milman se quejó nuevamente ayer de la forma en que fue tratado el tema en el directorio. Afirmó que tanto él como el radical Marcelo Stubrin no tuvieron acceso a la información para analizarla con el tiempo necesario, que se opusieron al tratamiento sobre tablas porque no figuraba en el orden del día y que finalmente se abstuvieron a la hora de votar. De todas maneras, afirmó que si las maniobras efectivamente se comprueban no tendría “ningún inconveniente” en apoyar la medida.

“Cuando tienen que dar el debate se escapan y después son ellos los que pretenden indicar cómo debe aplicarse una ley que no acompañaron”, le retrucó ayer Avalle y sentenció que el Gobierno “tiene la decisión de llevar adelante cambios, que los radicales cuando estuvieron en el poder no tuvieron la decisión, o no supieron cómo hacerlos”.