Arrecia en estas horas el señalamiento de que el Gobierno quiere controlar a la prensa. Cabe entonces insistir en alguna recorrida por la solvencia, o no, de los dichos y acciones que llevan a esa renovada imputación. Y es que, aun cuando se aceptare que el oficialismo tiene intenciones maléficas respecto de los medios opositores, podría decirse otro tanto acerca de lo que éstos le reservan a aquél. O, en forma mejor extendida, a una democracia de carácter más amplio.

Los nervios volvieron a estallar por la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Obligada por la ley de medios audiovisuales que la Corte Suprema declaró constitucional, tras cinco años de batallas jurídicas, la corporación mostró el propósito de dividirse en seis unidades independientes entre sí. Por cinco votos contra dos abstenciones, el organismo regulador decidió rechazar la propuesta al encontrar anomalías incompatibles con el espíritu de la ley. Martín Sabbatella señaló que entre las unidades 1 y 2 –aquellas que concentran la crema de Clarín, en penetración mediática y negocios– hay vínculos societarios. Dicho en vulgata, testaferros. Este aspecto requiere de una precisión inicial, imprescindible, porque el Grupo aduce que la Afsca cambió de opinión casi de la noche a la mañana, tras que en principio sostuviera que el plan de fraccionarse en seis se ajustaba a la ley. Justamente, lo expresado por el organismo había sido que la propuesta de adecuación era aceptable en principio. Faltaba hurgar en que no se encubrieran socios o vinculaciones. Al descubrirse escondites, la Afsca impugna el plan y, de acuerdo con la ley, llamará a concurso público para licitar las licencias de que Clarín debe desprenderse. Según lo manifestado por el titular de la repartición, los nombres que se entrecruzan pertenecen a la unidad 1 (Canal 13, Radio Mitre, La 100, TN), pero hay relación estrecha con los accionistas, abogados y fiduciarios de la unidad 2 (Cablevisión). Quien desee adentrarse en la desmentida que el diario publicó este viernes, contrastando lo denunciado por Sabbatella y “la verdad”, advertirá que es objetivamente muy pobre: el tipo de argumentaciones del Grupo consiste en que los entrecruzados son simples asesores, viejos directores que ya no lo son o sociedades que también atienden a otros clientes. Seguirá, a no dudarlo, una nueva batería de maquinaciones judiciales. Intentarán fugar hacia delante con el recurso de despachos tribunalicios, siempre prestos para favorecer al generalato de la economía, hasta un cambio de gobierno que pudiera devolverle a ese grueso de los oligopolios la tranquilidad que en alguna medida perdieron. Lo profundo de esa táctica va mucho más allá de Clarín, que es una circunstancia determinante en lo simbólico mucho antes que en lo grande de la puja de poder. Quede claro el significado de esa tranquilidad: no es plata lo que están perdiendo. Es sosiego, orden, ausencia de amenazas, molestias, privilegios absolutos en la construcción de sentido político. Y, así fuere que Clarín no volviese a disponer de jueces amigos y efectivamente se lo adecuara de oficio, ni siquiera un marciano debería imaginar que habrán de reemplazarlo gentes de negocios del campo popular. ¿Qué se supone? ¿Que manejar gigantes mediáticos y profesionalización comunicacional es cosa de agrupaciones estudiantiles, de manifiestos de barricada, de simples proclamaciones intelectuales, de simposios sobre medios? Sí pasaría demostrar que, alguna vez, la política puede ganarles, o competirles, a grandes gerentes de la privatización de la política. Marcarles la cancha. Eso implica un Estado inclusivo, vigoroso, con liderazgo, y es por donde se empieza.

Otro episodio indignante para la oligarquía republicana fue que Cristina habría indicado, en teleconferencia con el presidente ruso, no necesitar de la prensa independiente para comunicarse con el pueblo. Jamás dijo eso, al margen de que sea verdad o de que pueda discutirse si acaso no lo es. Simplemente ponderó las fuentes de información alternativas. Nunca habló de eliminar a nadie, e insulta a toda inteligencia básica suponer o colegir que alguien tan hábil como Cristina pudiera caer en semejante gaffe. Planteó disputar cómo se construyen las noticias, nada más, y eso basta para molestar a quienes repelen cualquier debate al respecto. El grito en el cielo acabó consumándose por el lanzamiento del Sistema Federal de Medición de Audiencias (Sifema), a cargo de universidades nacionales, para comprobar el rating en forma más abarcativa. Las mediciones que se difunden contemplan únicamente a Capital y GBA. El firmante no cree, ni por asomo, que esta nueva estimación de audiencias vaya a producir sorpresas acerca de los medios y programas que mayorías y minorías oyen, escuchan, miran o ven. El rating que estipula la consultora privada Ibope es objeto de largas sospechas, hace ya tiempo o desde siempre; y esas desconfianzas lo son por el punto más o la décima menos que los ejecutivos de la tevé sobreestiman cual si se tratase de la Biblia. Hay demasiada diferencia entre eso y creer que pueden inventarse audiencias masivas o enormes fracasos. Como sea, apenas se presentó una medición de rating, pública, no gubernamental. Una medición más. No se entiende cuál es el problema. ¿Qué derechos particulares afecta? ¿Dónde queda el ataque a la libertad de expresión?

A propósito de cómo se (des)maneja la agenda pública o publicada, Jorge Capitanich comenzó encuentros con los principales exportadores de soja para que aceleren la liquidación de más de la mitad de la cosecha. Les advirtió que el Estado habrá de utilizar las herramientas a su alcance para que cumplan de una vez: continúan reteniendo unas 25 millones de toneladas de granos en espera devaluatoria, mientras la tendencia del precio del poroto sigue declinante. El perjuicio es para el productor, sostuvo el jefe de Gabinete, aunque cabría poner en duda que –más allá de lucros cesantes coyunturales– esos productores carezcan del resto suficientemente amarrocado como para persistir en los manipuleos y operaciones con el tipo de cambio. Explicó que el menor vuelco de divisas de los exportadores impacta en toda la cadena productiva. Para el caso, “muchos camiones realizaron menos fletes, muchos camioneros tuvieron menores ingresos y hubo mucho menos trabajo para los trabajadores de estiba”. Ese sencillo ejemplo es aplicable al de variados sectores de la producción perjudicados por las tretas de grandes jugadores, entre quienes se cuentan los medios de prensa asociados al negocio agropecuario. Es válido remarcar que el propio Eduardo Buzzi, miembro de la Mesa de Enlace agropecuaria, se contó entre los que admitieron el encanutado de granos. Los medios opositores ignoraron olímpicamente ese reconocimiento, formulado en voz alta. Lo cierto es que Capitanich dijo y acusó, encontrando como respuesta, otra vez, la nada. No sólo le pasa a él, desde ya. Les ocurre a todos quienes dejan en evidencia ese armado de especulación por parte de “el campo”, en su juego de pinzas con protagonistas de grandes bancos privados. Fue y es del mismo modo en que los periodistas tan republicanamente desesperados por querer preguntar dejan las sillas vacías, en las conferencias de prensa diarias del funcionario que sigue en rango a la presidenta de la Nación.

Se llega así a que hay cuestionamiento oficial, altercado, choque, contra la hegemonía cultural de los bloques dominantes. Eso no es control ni, muchísimo menos, intencionalidad de censura o desprecio por las normas legales. Si es por esto último, quienes pueden brindar cátedra histórica de avasallamiento a las instituciones son, precisamente, quienes acusan un clima opresivo contra la prensa libre. Sucede que se le da pelea a que todo es como lo pintan y es bueno reparar en la amplitud de ese concepto, porque la pintura no es solamente la que dispone el kirchnerismo, ni ningún gobierno de turno, sino la del conjunto de los actores político-mediáticos que presionan a favor de sus intereses, tanto como aquéllos. Pero alguien pelea, en definitiva. Alguien hace política, por fin, no desde el mandato exclusivo de las corporaciones empresariales. Bien, mal, regular, pero lo hace. Se le contesta con insultos, frivolidades, lugares comunes de charla de peluquería. Fuere por ataques especulativos con el dólar, por batallas contra los buitres, por cómo se calcula la inflación o por mediciones de rating, el Gobierno es combatido desde un lugar donde la oposición (prensa incluida, o a la cabeza) no tiene nada nuevo para enunciar, como no sean minucias de pago chico, apuntes escolares o recetas ya probadas que terminan en helicópteros. Ha ocurrido, incluso, que una de las puntas de lanza principales del Grupo se manifestó harto por “la bosta” que encarna la oposición, en cualesquiera de sus formatos. Tiene razón: demasiado trabajo para que surta efectos discursivos, y el pescado sigue sin vender.

Se solía decir, y algunos todavía se animan a hacerlo, que entre los gobiernos y el periodismo hay –debe haber– un conflicto permanente, porque la función periodística consiste en fiscalizar a los oficialismos del signo que fuere. Denunciar la corrupción oficial. La pregunta sería qué pasa cuando es un gobierno el que denuncia las andanzas y la corrupción del periodismo.