La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el proceso de endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura está en la mira de la Justicia. Consciente de la dificultad de probar en un proceso penal la responsabilidad concreta de funcionarios y agentes del FMI, el fiscal federal Federico Delgado elaboró un dictamen en el que propone establecer en un primera etapa la “inculpación gruesa” o institucional. Para lograrlo comenzó por analizar documentos de Cancillería sobre la relación entre la dictadura y el gobierno de los Estados Unidos y las negociaciones derivadas de un decreto de 1976 que creó “Comisiones Asesoras Honorarias” para solucionar diferendos entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras. Para profundizar la investigación el fiscal propone encomendar un trabajo de archivo exhaustivo a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, al Banco Central y a la representación argentina en el FMI.

A partir de una denuncia de Patricia Walsh derivada de la causa sobre la deuda externa iniciada por Alejandro Olmos, Delgado señala que tiene la convicción, citando al politólogo Marcelo Cavarozzi, de “la participación que tuvo el FMI en la sustitución de la matriz estado céntrica por la mercado céntrica”, y de la necesidad de una “normalización” (entrecomillado por el fiscal) tendiente a “que la acumulación se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y más trasnacionalizadas”, en términos de Guillermo O’Donnell. Frente a esa “complicidad estructural” del organismo financiero, el desafío, explica el fiscal, es desentrañar la responsabilidad de los funcionarios que encarnaron la voluntad del FMI, “bajar” la relación a las exigencias probatorias del derecho penal, acreditar que los agentes del FMI “eran conscientes de que en la República Argentina se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad para ‘ajustar’ las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente ‘Consenso de Washington’ y que hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.

Como hasta el momento no hay testigos ni documentos para acreditar esa certeza, Delgado propone al juez Sebastián Ramos intentar dilucidar si el FMI es responsable como institución “de esa relación genética entre el terror y la reforma económica”.

La incipiente investigación del fiscal parte de relevar y analizar “documentos parciales, fragmentados”. Por un lado, los cables de Cancillería sobre la relación de la dictadura con los Estados Unidos, por la influencia de sus políticas para el hemisferio. “Los cables describen un ‘medio ambiente’ que revela la existencia de un ecosistema preparado para recibir las directrices que hilvanaban el ‘Consenso de Washington’”, explica Delgado. Los documentos, en su mayoría de los últimos años de la dictadura, “revelan la tensión” entre la gestión del entonces presidente Jimmy Carter, que cuestionaba las violaciones a los derechos humanos, y “otro sector de la administración que, guiado por la razón instrumental, buscaba remover los obstáculos legales que impedían formalizar una compra de armas”, en referencia a la enmienda Humphrey-Kennedy que prohibía la asistencia militar y la venta de armas a Estados responsables de graves violaciones a las derechos humanos. Revelan también cómo “el paradigma mercantil guiaba a la política local, desesperada por recomponer las relaciones comerciales” con los Estados Unidos, advierte Delgado. Cita como ejemplo la crónica de un viaje de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 en la cual se destaca la cesión de una oficina de la Reserva Federal al ministro de Economía de la dictadura como “un hecho sin precedentes, que demuestra la confianza en el futuro económico de nuestro país”.

La segunda fuente de materiales de estudio que propone el fiscal es el decreto 223 del 27 de abril de 1976, que se propuso buscar soluciones “rápidas y justas” a los diferendos entre el Estado y “diversas empresas privadas, nacionales y extranjeras”. Para ello se crearon “Comisiones Asesoras Honorarias dependientes del PEN”, conformadas cada una por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, de las tres fuerzas armadas y, si se trataba de empresas extranjeras, de un miembro de la Cancillería. “A la hora de ordenar la economía los litigios escapaban del sistema judicial y la autonomía de la voluntad privada y fugaban hacia la esfera de la administración”, advierte Delgado, y recuerda que un día después del decreto se sancionó la ley 21.299, que suspendió por 180 días los juicios producto de los diferendos con empresas.

Ambos bloques de documentos “revelan con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos ‘hacia adentro’, ‘hacia afuera’ se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial a la financiera”, concluye. Para escrutar “este doble movimiento” y establecer la responsabilidad del FMI propone bucear en los archivos, una tarea que sugiere encomendar a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia (creada en 2004 para contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores), a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central.