Más de un centenar de académicos, intelectuales, dirigentes políticos, artistas, periodistas y miembros de organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación por la repetición del “discurso demagógico y efectista” que propone utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública e hicieron un llamado a “no aceptar un retroceso contraproducente” y actuar con “responsabilidad ciudadana”. El documento se titula “Fuerzas Armadas y seguridad pública: para disipar confusiones”, advierte sobre los peligros que entraña “la especulación política de corto plazo” y lleva las firmas de personalidades diversas como la ex ministra Nilda Garré, la ensayista Beatriz Sarlo, los ex cancilleres Jorge Taiana y Dante Caputo, el general retirado Martín Balza, el politólogo Vicente Palermo y el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

En los últimos meses varios dirigentes plantearon la intervención militar en la represión del narcotráfico. “Recientemente un ex presidente de la República, un candidato presidencial a las elecciones 2015 y un ex ministro de Defensa ha hecho declaraciones en favor del entrecruzamiento de las actividades militares con las policiales”, arranca el documento, que evita los nombres propios pero advierte que el uso de militares en tareas policiales contradice la normativa vigente y es “una opción gravosa en varios sentidos, que remite más al pensamiento mágico que al abordaje razonado de los problemas”.

Las Fuerzas Armadas existen “para defendernos de eventuales amenazas armadas externas”. Los militares se educan y adiestran “para la eventual aplicación de la violencia en el grado extremo que requiere la guerra”, explica el documento. Para enfrentar los problemas de seguridad pública, la República cuenta con “instituciones específicamente diseñadas”, fuerzas formadas y entrenadas “conforme al marco constitucional y jurídico vigente”. Se trata de las policías y fuerzas de seguridad, que en determinadas ocasiones pueden “utilizar la coerción”. La “formación, adiestramiento y doctrina” de las fuerzas “intermedias” les permite inclusive “mayor flexibilidad y capacidad de respuesta para enfrentar amenazas a la seguridad interior”, destaca el texto que suscriben también el ex ministro León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella, el politólogo Juan Gabriel Tokatlian, el dirigente radical Marcelo Stubrin, el ex fiscal Hugo Cañón y el cineasta David Blaustein.

El marco legal vigente, fundado en “un amplio consenso pluripartidario”, diferencia claramente las misiones y campos de actuación de las fuerzas militares, policiales y de seguridad. “Producir una desviación de las misiones de las FF.AA. hacia funciones de seguridad pública involucra serios problemas y riesgos”, advierten. En primer lugar, más allá de que todos usen armas, “soldados y policías están instruidos para actividades diametralmente diferentes”, recuerdan. La supuesta eficacia militar, advierten, está descartada. En los países que apelaron al recurso militar se observa “la persistencia del crimen organizado, fundamentalmente del narcotráfico”, un “incremento de los niveles de violencia y de violaciones a los derechos humanos”, y también mayor corrupción por “la connivencia que suelen mantener con los grupos a los que deben combatir”.

“Los argentinos aprendimos en Malvinas que, si las FF.AA. desvirtúan su oficio”, como ocurrió durante el terrorismo de Estado, “ulteriormente no son un instrumento apto para defender la Nación”, recuerdan. Hacia el final se manifiestan “muy preocupados” al ver que “dirigentes políticos exponen de manera poco responsable” sobre el tema y advierten que “el pensamiento mágico es inconducente”. “Creemos que la especulación política de corto plazo engarzada a un discurso demagógico y efectista, cuyo objetivo es policializar la labor militar, puede abrir la puerta a peligrosos futuros”, señalan. Sin personalizar, arriesgan que en algunos casos se trata de un error “ingenuo” y en otros de “interesados y riesgosos oportunismos”. Concluyen con un llamado “a no aceptar un retroceso contraproducente, a aprender de los errores de terceros y a encarar nuestros problemas de seguridad pública con responsabilidad ciudadana, sin enconos y con discernimiento”.