“Aun en el caso, todavía no comprobado, de que la muerte de Luciano Arruga haya sido por accidente, las deficiencias en la investigación acusan a la Policía Bonaerense y muestran cómo a la Justicia no le interesa lo que les pase a los pibes de barriadas pobres”: así lo sostuvo Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, al dialogar con este diario en el día después de la presunta aparición del cuerpo del joven desaparecido en 2009. La movilización social suscitada por el caso fue lo que activó la investigación, y “demostró y puso en vidriera que la Policía Bonaerense recluta pibes para robar y libera zonas para que ellos roben: esto no ha dejado de pasar, sigue pasando y es un dato clave, tanto para entender el problema de la inseguridad como para saber cuál es la función de la policía en el control territorial de los barrios periféricos”.

–Si se confirma que Luciano Arruga murió en un accidente vial, ¿esto podría alentar a quienes exculpan a instituciones con antecedentes de violaciones a derechos humanos, como la Policía Bonaerense?

–Primero, todavía hay muchas dudas sobre si fue un accidente: ante todo hay que indagar qué fue lo que efectivamente pasó con la muerte de Luciano. Pero, aun en el caso de que haya sido un accidente, eso no desmiente la responsabilidad de la Policía Bonaerense. Los primeros dos años de la investigación estuvieron a cargo de la Justicia provincial, que a su vez la delegó en la Bonaerense: no se indagó sobre algo tan básico como si estaba internada o si había fallecido en un hospital. Entonces, en cualquier caso hay responsabilidad importante de la fuerza por no haber encontrado a Luciano inmediatamente de ocurrido el hecho.

–Además, la Bonaerense tenía una historia en relación con Arruga...

–Está acreditado, en causas penales, que él había sido víctima de distintos hechos de violación a sus derechos humanos y, concretamente, que había sido torturado en un destacamento policial; es que la policía había intentado reclutarlo para robar y él no había querido. Son innegables los hechos que padeció poco antes de su muerte en relación con la organización delictiva de la Policía Bonaerense: hasta un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, poco antes de renunciar a ese cargo reconoció que la policía reclutaba pibes para robar, como distintas organizaciones veníamos denunciando.

–¿Se puede afirmar que el caso Arruga puso de manifiesto estas situaciones?

–Estas cosas se venían denunciando desde hacía tiempo pero el caso las visibilizó, las puso en vidriera. Y esta es una cuestión clave en el orden de la inseguridad. La policía libera zonas para permitir que los pibes que recluta vayan a robar. Y esto no está resuelto, sigue pasando, no es que a partir del caso de Luciano se modificó. El crimen de la niña Candela Rodríguez también demostró la clara relación de la policía con el delito. La policía sigue ejerciendo violencia sistemática en las barriadas humildes, sigue armando causas, sigue la connivencia con el delito organizado. Todo eso está intocado, nadie se metió todavía con eso.

–El caso de Luciano Arruga dio lugar a una movilización social importante: ¿cómo evalúa esto?

–Es que este caso alude a un problema padecido por un sector importante de la sociedad. Lo que le pasó a Luciano con la policía es lo que pasa en las barriadas populares del conurbano bonaerense y en otras ciudades: ser víctima constante de la violencia institucional. Esto es lo que llevó a que el caso impactara de ese modo. Y hay otros antecedentes: los casos de Andrés Núñez, de Miguel Bru, incluso de Julio López: tienen que ver con desapariciones, torturas; en todos, la Policía Bonaerense aparece implicada.

–¿Qué significación atribuye a las deficiencias que ahora se revelan en la investigación?

–Se trata de un problema estructural del Estado. Se manifestó también en lo que pasó en La Plata con las inundaciones del año pasado: se decía que había habido menos de 50 muertos cuando la causa que después se abrió mostró que eran por lo menos 89. Esa causa descubrió serias deficiencias de los procedimientos en la morgue y de las disposiciones del registro de las personas para enterrar a la gente: desidia, desorganización, malos funcionamientos burocráticos que permiten enterrar a alguien sin saber quién es y que podrían facilitar el ocultamiento intencional de una muerte. A Luciano lo enterraron como NN sin agotar los pasos mínimos de cualquier investigación. Y esto muestra también cómo el padecimiento de los pibes en los barrios pobres no le interesa a la Justicia: ellos son lo que el sistema, incluida la Justicia, desecha. Hay un prejuicio importante contra ellos: se supone que son “pibes chorros”, se cree inmediatamente en cualquier versión policial. Cuando se trata de un pibe de otro sector social, todo el aparato del Estado va a buscar de manera diferente, va a poner otros recursos y otro interés.

–Si no hubiese sido por la movilización social, seguramente no se hubiera conocido nunca el destino de Luciano Arruga...

–Sin duda. De entrada, el juez y la Cámara de Apelaciones habían rechazado el hábeas corpus presentado. Cuando, en julio de este año, la Cámara de Casación aceptó el hábeas corpus y dispuso que se investigara bien, el juez convocó a una audiencia donde se dispusieron medidas que hicieron posible encontrarlo. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Ahí se ve cómo trata el Estado a estos pibes pobres.