El próximo sábado faltará sólo un año para las elecciones presidenciales. Pese a las contrariedades de la economía y a la imposibilidad constitucional de un nuevo mandato, CFK retiene una centralidad política y cultural que enerva a la oposición política y mediática, que han llegado al insulto soez entre algunas de sus principales figuras. Esto se debe a la desazón de percibir que todos sus esfuerzos son insuficientes para acabar con un proyecto político al que dieron por concluido con regularidad desde 2003, cuando vaticinaron que Néstor Kirchner no duraría más de un año porque no aceptó el pliego de condiciones que le presentaron. Los cuatro actos masivos que el kirchnerismo realizó en poco más de un mes, a los que asistieron no menos de cien mil militantes, y el explícito apoyo a la presidente en el pacífico Congreso Justicialista Bonaerense, actuaron como un tácito ordenador del cuadro político, en un marco en que ninguna otra fuerza puede exhibir activos equivalentes.

Cada cual su dilema

Cristina no deja de zarandear a esa oposición, ya sea al promulgar leyes de fondo como el nuevo Código Civil y Comercial Unificado; anunciar el apoyo masivo en las Naciones Unidas a la denuncia contra el funcionamiento predatorio del sistema financiero; acrecentar derechos sociales como la ley de inclusión jubilatoria, sumar quince mil cooperativistas para construir 400 aulas destinadas a chicos de cuatro años en zonas vulneradas; o constatar el resultado de políticas previas, como la fuerte reducción de la mortalidad infantil y materna, la puesta en marcha de una nueva central nuclear o el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones construido en forma íntegra en el país.

Su estilo es provocativo pero no insustancial. El jueves se preguntó si el AR-SAT 1 estaría en el espacio en caso de que ella no hubiera vencido en las elecciones de 2007 y 2011 y celebró que “los satélites no se pueden derogar”, una alusión a los anuncios del Frente Renovador y de la Unión Cívica Radical y sus aliados sobre la revisión que se proponen hacer de las leyes promulgadas durante la década kirchnerista. (Podría haber sido aún más precisa. En 2005 y 2006 la UCR y el ARI votaron contra la ley de creación de AR-SAT en ambas cámaras, pese al pedido expreso de reconsideración del diputado Osvaldo Nemirovsci, que presidía la Comisión de Comunicaciones). Estas no son pullas ni chicanas sino reflexiones políticas de fondo, como las que Dilma Rousseff planteó durante los debates en Brasil, donde el próximo domingo se juega un partido de repercusiones regionales. El paralelismo es llamativo. Mientras Dilma coteja los efectos sobre la población de las políticas de los tres mandatos del PT con lo sucedido cuando gobernaba Fernando Henrique Cardoso, Aecio Neves centra su discurso en los temas instalados en la agenda por los mayores medios de comunicación y la Justicia: inflación, inseguridad y corrupción. Tanto Dilma como Cristina instan a cuidar lo conseguido. “El gobierno busca instalar el miedo a un triunfo opositor” respondió Clarín al mensaje presidencial. “Agitan desde el oficialismo el miedo a un cambio de gobierno”, calcó su socio La Nación. Con la sinceridad de un extraterrestre, el presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, prometió y pidió apoyo para el próximo gobierno porque tendrá que hacer ajustes muy duros. Eso no ocurrirá mientras gobierne el kirchnerismo, por más errores que haya cometido ante la reaparecida restricción externa. Una cosa son los costos de algunas decisiones equivocadas, que se procuran atenuar y corregir, y otra lo que ocurriría si se impusiera el muy conocido planteo neoliberal.

El radicalismo privilegia su situación en media docena de provincias por encima de sus apetencias nacionales, lo cual explica la sucesión de encuentros con los candidatos presidenciales del PRO y del Frente Renovador. La discusión se centra ahora en la simultaneidad o el desdoblamiento de los comicios nacionales y los provinciales. Donde coincidan, todos dirán que su candidato es el de FAUNEN. Sus asociados del socialismo santafesino aparecen cada día más enredados en la pegajosa trama narco. Este prematuro despiste del FAUNEN, cuya homogeneidad es menor que la que tuvo la Alianza, reduce el panorama a un partido porteño y uno bonaerense que buscan trascender esos límites para pararse frente a la única fuerza nacional y con potencia electoral. Cada uno tiene sus propios dilemas. Ni el porteño Maurizio Macrì ni el bonaerense Sergio Massa tienen estructuras consistentes fuera de sus distritos, ni está escrito que el caudal que lograron en esas jurisdicciones se mantenga, si ellos son candidatos a la presidencia. Tampoco hay tantos actores y deportistas desocupados a quienes recurrir.

El Frente para la Victoria tiene estructura y votos pero carece de un candidato que sintetice líneas internas. Daniel Scioli ha redefinido su perfil en términos de mayor correspondencia con el kirchnerismo desde la designación de Jorge Telerman como su vocero y jefe de campaña. El salto de calidad es apreciable. Más allá de los sondeos con Ricardo Alfonsín (quien desmintió acuerdos a los que por supuesto aún no se había llegado) y de las fantasías disruptivas del ex senador Eduardo Duhalde, Scioli tiene claro que no puede llegar sin Cristina. Sus últimos pronunciamientos tuvieron una claridad y contundencia novedosas. Para el kirchnerismo la cuestión pasa por asegurarse de que si llega a la presidencia, Scioli no se distancie del liderazgo de Cristina. La asimétrica relación entre ellos, reflejo de la distinta envergadura, es la principal garantía política. La conformación de las listas, el cerrojo institucional.

Idas y vueltas

La muerte de los jueces de la Corte Suprema Carmen Argibay y Enrique Petracchi, el anunciado retiro de Raúl Zaffaroni en enero cuando cumpla 75 años, y los 97 que Carlos Fayt se propone alcanzar en febrero instalaron el debate sobre la composición del tribunal. En la puerta misma del cementerio Ricardo Lorenzetti dijo que la Corte funcionaría normalmente a pesar de las bajas. Con la técnica episcopal que el ex alumno de los hermanos maristas ha desarrollado en los últimos años, voceros oficiosos completaron su mensaje: “Apuntaba a evitar cualquier tipo de apresuramiento a la hora de hacer una nueva designación”, escribió uno de ellos. “Incluso si transitoriamente quedaran tres jueces tampoco es tan difícil, se puede sortear”, agregaron “fuentes allegadas al máximo tribunal del país en el Palacio de Justicia”, un eufemismo que encubre el off the record semanal de Lorenzetti con periodistas de confianza. En el del martes, negó que tuviera cualquier proyecto político con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo. El radical Ernesto Sanz fue más allá de lo que su allegado Lorenzetti puede decir: la vacante debe llenarla el próximo gobierno, aunque no pudo explicar la razón de este imperativo. Desde el Poder Ejecutivo se expresaron dos posiciones: los ministros Julio Alak y Jorge Capitanich hicieron hincapié en la ley vigente, que establece la cantidad en cinco jueces supremos y no pusieron en duda que la vacante se cubrirá en 2015. El Secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que por una ley podría reverse el número de miembros de la Corte, que funcionó bien con siete. Y el renunciante juez Zaffaroni insistió con llegar a 19 jueces y dividir la Corte en salas por especialidades, al estilo alemán.

La cantidad de sus miembros ha sido variable. La Constitución de 1853, paráfrasis del texto estadounidense, fijó el número en nueve, tal como ocurría en el país modelo. Pero cuando Buenos Aires se reintegró a la Confederación, la reforma de 1860 dejó el número librado a la decisión del Congreso, que en 1862 se inclinó por cinco. Esta conformación recién se modificó en 1960, cuando el presidente radical Arturo Frondizi la elevó a siete por la ley 15.271. Cuatro años después otro presidente radical, Arturo Illia, propuso llevar el número a diez en un proyecto que sólo llegó a tratar el Senado. El dictador Juan Carlos Onganía volvió a reducirla a cinco por el decreto 16.985/66. Pasaron dos décadas hasta que un tercer presidente radical, Raúl Alfonsín, pidió al Congreso que la llevara a siete. Ese proyecto, que también instituía el per saltum, fue una respuesta apurada a la crisis institucional por el alzamiento carapintada de 1987: la ley de obediencia debida liberó a los oficiales de rango inferior pero seguían abiertas centenares de causas con detenidos en todo el país. En la negociación con el líder justicialista Antonio Cafiero se acordó que cada partido propondría a uno de los nuevos jueces, con la única condición de que ambos se comprometieran a concluir la revisión de los crímenes de la dictadura. La derrota de Cafiero en la elección interna justicialista modificó esos planes. Entonces como ahora la proximidad de los comicios presidenciales condicionó las actitudes.

El candidato Carlos Menem congeló el acuerdo hasta después de las elecciones. Su equipo de asesores se dividió entre quienes intentaban obtener vacantes para designar jueces afines y aquellos que preferían la ampliación. El nuevo gobierno ofreció a Fayt la embajada en Colombia y a José Severo Caballero la representación ante los organismos internacionales en Ginebra, pero ambos rehusaron. Menem se inclinó entonces por la ampliación, pero no a siete sino a nueve miembros y sin negociar las designaciones, dado el estado catatónico en que quedó el radicalismo. La ley 23.774, promulgada en 1990, no le proveyó cuatro vacantes sino seis, ya que además renunciaron Jorge Bacqué y Caballero. Bacqué por coherencia con la Acordada 44, que había firmado en 1989 junto con Petracchi, Fayt y Belluscio para advertir que la ampliación pondría en peligro los derechos y garantías constitucionales y la subsistencia misma del régimen democrático. Caballero, por un procedimiento poco ortodoxo. Los servicios de informaciones detectaron que se había regulado honorarios a sí mismo por haber elegido árbitro en una causa y perito en otra y le ofrecieron una retirada silenciosa. Así nació la mayoría automática de dos tercios, que avaló el desguace del Estado y protegió a sus miembros y a los compañeros del gobierno de las investigaciones por negocios turbios. Concluiría con un mayúsculo escándalo durante la crisis de fin de siglo. Por primera vez en la historia, ruidosas manifestaciones frente a la Corte exigieron “que se vayan todos”, también allí.

Saneamiento y resurrección

Como en tantos otros temas, Kirchner cabalgó esa marea social. Entre remociones por juicio político y renuncias pudo designar a cuatro nuevos jueces. Para dar mayor legitimidad a ese proceso resignó parte de sus atribuciones constitucionales por el decreto 222/03, que sometió a los candidatos a un proceso de escrutinio público no conocido antes en la Argentina. El Senado instituyó un mecanismo similar, de modo que el doble control de calidad impidiera la repetición del escandaloso esquema de la década anterior. Así por primera vez llegaron a la Corte dos mujeres (Argibay y Elena Highton), Lorenzetti y Zaffaroni. Ninguno de ellos se alineó con el Poder Ejecutivo, por más que la prensa de oposición haya presentado a Zaffaroni como un incondicional de Cristina. El análisis de sus votos muestra que nadie coincidió más que Zaffaroni con Lorenzetti y con Juan Carlos Maqueda, designado durante el interinato presidencial del senador Duhalde. En 2005, la renuncia de Belluscio al cumplir 75 años y la destitución en juicio político de Antonio Boggiano, hubieran permitido a Kirchner el nombramiento de otros dos jueces. Ya entonces Lorenzetti se manifestó en contra. Tanto él como el saliente Belluscio proponían una Corte de siete jueces, pero la entonces senadora CFK presentó un proyecto por el cual en 2006 se volvió al número histórico de cinco, al que se llegaría a medida que se produjeran renuncias o muertes, tal como ocurre ahora.

Bajo la presidencia de Petracchi, la Corte inició un proceso de apertura para quitar opacidad a sus decisiones. Esto incluyó audiencias públicas en las que se discutieron temas importantes, la presentación de escritos de amigos del tribunal, el registro de circulación de los expedientes entre las vocalías y de los abogados intervinientes y la prohibición de reuniones a solas con una de las partes de un litigio. Lorenzetti continuó ese proceso y le agregó la creación de una agencia de noticias, que aparte de seleccionar fallos de cámaras y Corte, contribuye a la promoción personal de su multifotografiado creador. En todo caso, el kirchnerismo jamás contó con una mayoría que pudiera considerar propia en la Corte, cuyo presidente consiguió la reelección indefinida ante la falta de interesados en sucederlo. Su jurisprudencia ha sido en términos generales protectora de los derechos individuales y de los sectores más débiles de la sociedad. Las críticas que se le han dirigido tienen más que ver con su elitismo corporativo. Difícilmente atacable por sus fallos, el tribunal se ha abroquelado en defensa de cámaras y jueces demasiado sensibles a los grandes intereses económicos, lo cual agrió en forma innecesaria las relaciones con el gobierno nacional. Cristina ha dicho que hay más jueces independientes del poder político que de los intereses económicos. Su gran asignatura pendiente ha sido la reforma de las propias estructuras judiciales y su consiguiente resistencia a los intentos realizados desde los otros poderes del Estado. Pese a recostarse en el sector más reaccionario de la magistratura, Lorenzetti ha ido perdiendo posiciones en el Consejo de la Magistratura, donde luego de las recientes elecciones de jueces, el gobierno nacional podrá contar con la anhelada mayoría de siete votos. Incluso perdió por muy poco (8.100 a 7.000) la contienda entre los abogados del interior, contra una coalición de radicales, renovadores y socialistas bendecida por Lorenzetti.

Desde un punto de vista constitucional el Congreso puede fijar el número de jueces de la Corte. El incremento y la división en salas parecen el mejor camino para que el tribunal supremo deje de ser un almacén de ramos generales, como lo llamó Fayt. “La Corte de Estados Unidos ve entre 100 y 150 casos al año, y eso que tienen 270 millones de habitantes, porque sólo entienden en cuestiones constitucionales”, dijo Fayt en 2005. En 2012 la Corte argentina dictó 16.038 fallos. La división en salas estuvo contemplada en los proyectos de ampliación de Illia y Alfonsín y también en uno que presentaron los senadores del Peornismo Opositor Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso de 2006. En Brasil, la Corte Suprema ha tenido según los años entre 16 y 11 miembros, que es su número actual; en México entre 11 a 21, dividos en tres salas; en Chile son 21 que se dividen en tres o con cuatro salas. En Japón su corte principal tiene 15 jueces. En España el Tribunal Supremo está dividido en cinco Salas, especializadas en materias civiles, penales, contencioso administrativas, sociales y militares. Según la propuesta de Zaffaroni, la Corte argentina quedaría formada por salas en lo penal, civil y comercial, laboral, previsional y contencioso administrativo. En sus Elementos de Derecho Constitucional Néstor Pedro Sagüés sostuvo que esta división permitiría tratar los temas con un grado mayor de especialización y resolver un número mayor de controversias. Para determinados temas podría exigirse la unanimidad de votos de la sala respectiva y en casos especiales fijados por ley o por la propia Corte, el tribunal podría actuar en pleno. Así, la Corte recuperaría su rol en el control de constitucionalidad y el aseguramiento de los derechos de todas las personas.

Mitades y tercios

El oficialismo tiene los votos suficientes para ampliarla a siete, nueve o diecinueve jueces. Pero para designarlos se requiere el acuerdo de 2/3 del Senado. Esta dificultad es inversamente proporcional a la cantidad de jueces. Si sólo hubiera que cubrir una vacante, sería muy difícil conseguir los 48 senadores necesarios. Todo sería más fácil si hubiera tres, cinco o quince cargos a cubrir. Esa negociación política, que la misma oposición que clama por consensos tiende a presentar como espuria, es lo que los constituyentes pretendieron al fijar la cota de los 2/3. El PRO dirigió una advertencia pública a la UCR, que la rechazó, para que no incurriera en tal negociación. Además de los inspiradores acuerdos Perón-Balbín y Menem-Alfonsín, el radicalismo tiene una perspectiva inquietante. Si llevara un candidato propio o Faunista, entraría cuarto, con lo cual quedaría excluido de cualquier acuerdo futuro. Si la UCR obviara este dato y se dejara llevar por el efectista pero poco reflexivo Sanz, el Frente para la Victoria podría analizar el tema con el Peornismo Opositor. El mencionado proyecto de Rodríguez Saa y Negre de Alonso sugiere que encontraría receptividad.

Aun antes de que se defina el camino a seguir con la Corte Suprema, ingresará al Congreso el nuevo Código Procesal Penal, en el que trabajó el Subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena, sobre la base de los mejores proyectos elaborados en los últimos 30 años, empezando por el muy completo de Julio Maier y Alberto Binder, que Alfonsín envió al Congreso sobre el final de su mandato y no fue tratado. El reemplazo del sistema inquisitivo, en el que un mismo juez investiga y sanciona, será reemplazado por el acusatorio, donde la investigación queda a cargo del ministerio público, con equipos de fiscales rotatorios, y el juez vela por las garantías del proceso. Parte de esas enmiendas fueron incorporadas en el Código vigente en 1991, pero por delegación de tareas en el fiscal, que el juez reasume cuando se lo propone, sin tocar la rígida estructura judicial y sin la oralidad de la instrucción, llamada a modificar los tiempos y la opacidad del proceso penal. El nuevo Código requerirá también una nueva organización judicial y del ministerio público, tal como lo contemplaba el proyecto Maier-Binder. No son devaneos kirchneristas: Maier es reconocido como el gran maestro procesalista por varias generaciones de discípulos, ex presidente del Superior Tribunal porteño y de relación personal estrecha con los últimos dos presidentes radicales. Sobre su proyecto se edificó el Código de Procedimientos en Materia Penal modelo para Iberoamérica. Como ya tuvo acuerdo de justicialistas y radicales en la comisión de legislación penal de la Cámara de Diputados hace un cuarto de siglo, su nuevo tratamiento será rápido. Antes de fin de año podría estar promulgado.