La Corte Suprema se subió a la ola anticorrupción instalada por la oposición política, que acusa al Gobierno de pretender blindar a los funcionarios que arrastran causas penales. El tribunal anunció ayer la creación de un cuerpo de diez peritos especializados en delitos contra la administración pública y la criminalidad económica, que actuará cada vez que un juzgado requiera sus servicios. En la presidencia de la Corte explicaron que la decisión fue producto de un reclamo de apoyo de parte de los jueces federales y de conversaciones mantenidas durante la Conferencia Nacional de Jueces que se hizo en Mar del Plata a principios de mes.

La nueva estructura es presentada en el tercer párrafo de la acordada que determina su creación, como una concesión o respuesta planteo que hizo días atrás Cristina Kirchner al anunciar el proyecto de Código Procesal Penal: “La Justicia penal –dijo la Presidenta– muestra deficiencias serias en términos de resultados”, del mismo modo que no se puede tener a alguien tres o cuatro años en la cárcel para luego decir que es inocente.

La Corte retruca: “Es tarea de todos los poderes del Estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Ello se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva”.

Así, el máximo tribunal se muestra atento a los señalamientos del Poder Ejecutivo, pero lo hace en un escenario político donde se presenta como el actor que ayudará a que no naufraguen fácilmente las causas de corrupción con ayuda de técnicos especialistas. Se supone que el objetivo de agilizar y dotar de eficiencia al sistema penal es uno de los que se propone la reforma procesal a través de un modelo acusatorio, que se caracteriza por poner las investigaciones en manos de los fiscales. Los jueces, en este esquema, perderán poder de manejar directamente las causas y sus tiempos. La creación del nuevo cuerpo de peritos, explicaron en la Corte, responde en parte a reclamos de jueces federales, que son los que concentran las causas de corrupción, pero también son los que se oponen con más vigor a la reforma procesal, junto con algunos referentes de la oposición política que tratan de asociarla con una supuesta intención de cerrar casos de corrupción. Lorenze-tti recogió la queja en Mar del Plata, donde ofreció un discurso desa-fiante y crítico hacia el Gobierno, al objetar políticas de narcotráfico y hablar de inseguridad.

En el Ministerio de Justicia interpretan la iniciativa de los jueces de la Corte como un gesto de resistencia a un nuevo procedimiento penal y de otorgar más poder a los jueces. En el alto tribunal, aseguran que los peritos les prestarán a futuro los mismos servicios a los fiscales.

La acordada está firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt. Raúl Zaffaroni no estaba en el tribunal. Hoy por hoy, les alcanza con tres firmas para tomar cualquier decisión. “Esta Corte considera necesario dedicar esfuerzos presupuestarios a fin de contar con un cuerpo de peritos especializado en casos de corrupción y criminalidad económica”, dicen los jueces. Citan los principios de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que llaman a “prevenir” y “combatir”.

El nuevo Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública tendrá diez integrantes que serán elegidos por concurso por la Corte, de la que dependerán. Serán convocadas personas de distintas especialidades, entre ellos, ingenieros, contadores y abogados, que se sumarán a los trece integrantes del cuerpo de peritos contables que ya existe. Tendrán una sede donde harán todos sus trabajos periciales. Un dato llamativo es que será designado como “decano” del cuerpo de peritos alguien que tenga una antigüedad mayor a cinco años en la titularidad del cargo de perito y que no registre sanciones en los últimos cinco años. Esto significa que tendrá que ser alguien que ya viene ejerciendo funciones de perito oficial.

Los cuerpos periciales de la Corte Suprema no han gozado de buena reputación ya desde los tiempos de la “mayoría automática”, y en los últimos años fue la jueza Carmen Argibay quien encaró una reforma y cambios reglamentarios. Tan sólo lograr que la asignación de peritos a pedido de los jueces dejara de ser a dedo para ser por sorteo le costó a la fallecida jueza sudor y lágrimas. La acordada de ayer sólo dice genéricamente que los peritos anticorrupción “actuarán a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal”. Las causas de contenido patrimonial, fraudes, contrataciones, sobreprecios han sido territorio de manipulaciones y favores a las partes y algunas terminaron en sanciones y causas penales después de mucho tiempo. Habrá que ver cómo resulta la nueva experiencia, en un contexto en el que arrastra muchas connotaciones.