El juez federal de San Nicolás definirá en noviembre aspectos clave de la causa por la muerte de Carlos Menem junior. A partir del 10 del mes próximo, deberán prestar declaración testimonial los máximos funcionarios del gobierno de Carlos Menem para saber qué investigaron, cuáles fueron las hipótesis e incluso si se analizó la posibilidad de que un grupo terrorista haya querido atentar contra la vida del hijo del ex presidente. En ese marco, Villafuerte Ruzo deberá pedirle autorización a la Presidenta para que declare Anzorreguy, entonces titular de la SIDE, amparado por el secreto de Estado. En paralelo, el magistrado profundizará en lo que tiene que ver con las pericias. Los especialistas que trabajan para Zulema Yoma presentaron un estudio en el que sostienen que el helicóptero fue abatido a balazos, pero pusieron la firma en una parte de la pericia oficial en la que se dice lo contrario. Villafuerte buscará aclarar el entuerto citando a los especialistas a declarar a partir del 25 de noviembre.

A lo largo de 2014, el ex presidente cambió su postura respecto de la muerte de su hijo. Durante más de 19 años –desde aquel 15 de marzo de 1995 en que cayó el helicóptero– suscribió el diagnóstico de que su hijo había tenido un accidente. Sin embargo, en los primeros meses de este año, Zulema Yoma –que siempre sostuvo que su hijo fue asesinado– reveló que el ex presidente le contó, a fin de 2013, que ahora pensaba en un atentado. El juez convocó al riojano a declarar dos veces, una por escrito y otra en persona: Menem padre ratificó su cambio de opinión. Dijo que le llamó la atención la posición de la cabeza de Junior y que le hubieran quitado el respirador, pero no tuvo más fundamento para su viraje.

A raíz del cambio de postura del ex presidente, el fiscal Matías Di Lello le pidió al juez que convoque a declarar a todos los responsables en materia de seguridad del gobierno del riojano. Eso es lo que decidió el magistrado el viernes pasado, y agregó algunos nombres.

En el listado figuran el ex vicepresidente Carlos Ruckauf, el ex ministro del Interior Carlos Corach, el entonces titular de la Federal Adrián Pelachi y otros funcionarios de primer nivel como Eduardo Bauzá y Oscar Camilión. El juez agregó a los jefes de la Prefectura y la Gendarmería en 1995, así como el jefe de la Casa Militar. También Villafuerte convocó al periodista Jorge Lanata, quien por radio dijo que investigó el caso y llegó a la conclusión que se trató de un atentado. El juez quiere saber cuáles son los fundamentos.

En los últimos días, los dos peritos que trabajan con Zulema desde el principio, Enrique Prueguer y Roberto Locles, presentaron por medio de Juan Gabriel Labaké, abogado de Zulema, sus conclusiones sobre la última pericia que se hizo en base a las fotografías tomadas enseguida después del accidente. Prueguer y Locles sostienen en su pericia que al helicóptero lo bajaron a balazos, una conclusión contraria a la que se sacó en el estudio oficial.

Lo peritos oficiales fueron la doctora Elisa Margarita Colombo y el doctor José Fernando Barraza, de la Universidad Nacional de Tucumán y el Conicet, especialistas en Luz, Imagen y Visión. No sólo analizaron las fotografías, sino que se sometieron a escaneos y microscopios. La conclusión fue que hay rastros de esquirlas –un concepto que asocian a golpes de piedras o de hierros, por ejemplo–, pero que no tienen características balísticas. También compararon los supuestos orificios con fotografías de orificios reales producidos por balas y analizaron que no hay similitudes entre unas y otras. En algún caso, hasta mostraron que los supuestos orificios no eran tales, sino deformaciones de la chapa o un drenaje del aire acondicionado. Prueguer y Locles participaron de la pericia oficial y firmaron buena parte de los análisis. Sin embargo, ahora presentaron conclusiones contrarias. El juez, entonces, les giró la pericia de Prueguer y Locles a los peritos oficiales, los especialistas tucumanos, y los llamó a declarar para los últimos días de noviembre: quiere que le expliquen cómo es que se firmaron en acuerdo gran parte de las conclusiones y ahora surgen conclusiones muy distintas.

El magistrado también querrá una especie de tercera opinión, es decir convocar a expertos de una fuerza reconocida a nivel internacional. Ya hace tiempo viene gestionando que intervengan los especialistas de la Gendarmería de Francia, que tiene laboratorios y tecnología considerada de excelencia. Sobre esa base y su propia interpretación, el juez resolverá.

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