El gobierno de Santa Cruz presentó ante la Justicia federal una denuncia por el delito de “sedición” contra los policías provinciales autoacuartelados por “demandas salariales” en Caleta Olivia y Río Gallegos. “Pedimos racionalidad y no la vienen teniendo, así que activamos estos mecanismos previstos en las leyes y la Constitución”, precisó el ministro de Gobierno santacruceño Gustavo Martínez. Una muestra de que el gobernador Daniel Peralta no está dispuesto a ceder ante el reclamo de los uniformados, cuyo vocero afirmó que continuarán con las protestas “hasta que el gobierno nos dé un aumento o nos sumarie a todos, entonces nos van a tener que echar a todos”. Desde el gobierno nacional también cuestionaron duramente el acuartelamiento de un sector de la policía de Santa Cruz: “Es un delito de sedición y tiene que ser severamente condenado. No se pueden admitir medias tintas”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien sostuvo que las rebeliones policiales de diciembre de 2013 fueron parte de “una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y la democracia”. Gendarmería y Prefectura reforzaron la seguridad en las localidades santacruceñas.

El ministro de Gobierno provincial, quien está a cargo de la policía provincial, confirmó la denuncia penal contra los uniformados sublevados que reclaman un 25 por ciento de aumento salarial. La presentación se hizo “en el fuero federal con la nómina de los efectivos que llevan adelante la medida” y por el “posible delito de sedición”, precisó Martínez, que ayer por la mañana estuvo en Caleta Olivia, el epicentro de la rebelión policial, para organizar el despliegue de un centenar de efectivos de la Gendarmería que garantizarán la seguridad en el municipio.

“Es un reclamo de 350 de los 5 mil efectivos en toda la provincia”, afirmó Martínez, que ya había dado muestras de que no iba a ceder ante las presiones, al afirmar que tampoco recibiría petitorios ni reclamos por fuera de los canales institucionales. “No hay dinero para futuros aumentos en lo que resta del año para ningún sector” de la administración provincial, reiteró. De acuerdo con datos oficiales, un agente recién ingresado en la policía de Santa Cruz cobra 12.600 pesos mensuales.

Tras una nueva asamblea en Río Gallegos –a donde se extendió el conflicto–, el vocero de los acuartelados, Alejandro Ojeda, aseguró que la medida “es respaldada por unos 600 efectivos en distintas comisarías”. “No es para desestabilizar a un gobierno, ni para sacar una cúpula policial ni para ir por la cabeza de nadie”, afirmó Ojeda, que de todas maneras aseguró que seguirán “hasta las últimas consecuencias”.

Ojeda esgrimió una curiosa interpretación de la responsabilidad de los sublevados: “Respetamos el uniforme, sabemos que somos auxiliares de la Justicia y nunca incitaríamos a la violencia o a que la gente cometa delitos. Si hay saqueos, más allá de que estemos en una medida de fuerza, vamos a salir a la calle a frenarlos”, aseguró.

La Asociación Civil Policial santacruceña, en tanto, tomó distancia de los acuartelados y señaló a través de un comunicado que “no avalan esta medida llevada adelante en la provincia”. “Los disidentes no reconocen a los referentes policiales surgidos de la pasada elección y tampoco los acuerdos del Consejo del Salario policial”, dijo su titular Horacio Contreras y afirmó que “en las 14 localidades del interior se trabaja en forma normal, no hubo acatamiento a la medida y no lo va a haber”.

El gobierno nacional también condenó el acuartelamiento. “Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública”, dijo el jefe de Gabinete y advirtió que estas situaciones requieren de una “acción tanto preventiva como correctiva de los gobiernos provinciales”. Capitanich aseguró que existe un contacto “permanente” con el gobierno de Santa Cruz y no descartó convocar al “comité de crisis” si la situación lo requiere. Por último, denunció que hay sectores que tienen una “tendencia a construir apología del delito sistemático” cuando se afirma que “en diciembre va a ocurrir tal cosa”, en referencia a posibles hechos de violencia como sucedió en 2013 con las sublevaciones policiales.