Mientras el temporal todavía arreciaba y se conocían sólo números parciales, según los cuales la sudestada había causado dos muertes y más de cinco mil evacuados por las inundaciones, la polémica por el impacto de las construcciones de los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires en desbordes y anegamientos enfrentó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, e intendentes del conurbano aliados con el diputado Sergio Massa, quien también confrontó opiniones. En referencia a lo sucedido en la zona norte de la provincia, Scioli atribuyó las inundaciones a la “proliferación sin precedentes de barrios cerrados, que ha ido en detrimento de los vecinos que los rodean”, por las consecuencias de “elevar tierras” para hacerlos. Poco después, el intendente de Tigre replicó que la autorización para levantar esos barrios es concedida “por decreto (de) el gobierno de la provincia” y que “en todo caso se debiera revisar el papel de los funcionarios provinciales en este campo, en especial de hidráulica”. Ya en 2010, una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que respondía a una demanda vecinal por “preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del río Paraná en la localidad de Tigre”, advertía, entre otras cosas, que “pobladores aledaños a los barrios cerrados (...) ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios” (ver aparte).

Para evitar inundaciones y facilitar el escurrimiento de grandes cantidades de agua, como las caídas con las lluvias del temporal, dijo el gobernador Scioli, “tiene que haber un equilibrio” entre los tipos de construcciones. “Cuando se da una desigualdad tan grande, que hay una cobertura del 50 por ciento del territorio solamente de barrios cerrados, esto perjudica al resto, y van en detrimento de la población”, aseguró, en especial referencia a las zonas de Pilar y Luján, desde Ituzaingó, adonde había acudido para participar de un acto de la policía local.

El mandatario provincial señaló, por otra parte, que algunas incidencias pueden desbordar las previsiones de la planificación, por lo que “cuando hay una fuerte sudestada como ésta”, sólo se pueden “atenuar o moderar los efectos”. “Se han llevado a cabo una gran cantidad de acciones para amortiguar los efectos (de temporales como el que arreció), y esto lo saben muchos municipios”, aseguró Scioli, quien agregó que pretende “nivelar de abajo hacia arriba” y responsabilizó a los jefes comunales por “las consecuencias de elevar tierras” para construir barrios cerrados, algo que “perjudica al resto de los vecinos”.

Scioli respondió así, aunque sin mencionarlos, a los intendentes de San Miguel, Joaquín De la Torre; de Olavarría, José Eseverri; de Tigre, Julio Zamora; de San Fernando, Luis Andreotti, y de Pilar, Humberto Zúccaro, que el domingo lo habían responsabilizado por las inundaciones, y a quienes el gobernador atribuyó “problemas propios de planificación urbana” en sus municipios.

Por su parte, ayer el diputado Sergio Massa negó que el aumento de la cantidad de barrios cerrados en la provincia motive las inundaciones y señaló, además, que la autorización para construirlos es una atribución del gobierno provincial. “La normativa provincial lo que establece es que cada urbanización especial la firma por decreto el gobierno de la provincia”, señaló Massa, que agregó que “en todo caso se debiera revisar el papel de los funcionarios provinciales en este campo, en especial de Hidráulica”. “En Valentín Alsina, donde están con el agua hasta las rodillas, no hay barrios cerrados. Tampoco en Virrey del Pino, Laferrère, Azul o Pringles y, sin embargo, hay inundación. (Decir) eso es buscar culpables y no soluciones, y lo que tenemos es (que) buscar soluciones”, dijo Massa. El diputado y ex intendente de Tigre también reclamó que, en los municipios afectados por inundaciones a causa del temporal, se dispongan subsidios para los vecinos y se suspenda provisoriamente el cobro de impuestos municipales.

Consultado por este diario, el abogado especializado en Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Leandro García Silva, explicó que, más allá de la sudestada, “el problema de la zona del Delta del Paraná es que se suman muchos factores”, todos los cuales afectan más de un distrito, porque el Delta abarca territorios de Entre Ríos y Buenos Aires. La Defensoría trabaja en el tema “desde 2008, cuando fue el problema por los incendios y la quema de pastizales, cuando recibimos muchísimas denuncias”, por lo que desde entonces hacen seguimiento.

Las inundaciones recurrentes en zonas que antes no padecían anegamientos, explicó García Silva, “tienen que ver con la impermeabilización de zonas que no lo eran y con el cambio de topografía”. “Si se levanta una topografía, si se rellena una zona que era baja, el agua va a tener que escurrir por otro lado; también si no queda retenida por la tierra porque se la impermeabilizó. Es derivar el problema a un vecino. Los que más sufren las inundaciones son las personas que fueron a vivir a lugares que no deberían haberse ocupado. El río habitualmente corre por un lugar, pero cuando crece, lo primero que hace es extenderse hacia los laterales, la zona de valles de inundación, y si está ocupado, va a buscar alternativas. Con planificación, en esos valles no debería haber viviendas, aunque sí se pueden usar para jardines, parques, paseos públicos.”