La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados decidió enviar a asesores para su análisis el proyecto que aplica penas y multas a los integrantes de las fuerzas de seguridad que realicen paros o que abandonen sus tareas sin la respectiva autorización.

La decisión fue adoptada en el marco de una reunión informal de comisión –debido a que no tenía el quórum para deliberar–, ya que surgieron algunas dudas de legisladores de la oposición sobre esta propuesta sancionada por el Senado.

La iniciativa, elaborada por el senador Aníbal Fernández, reforma el Código Penal para evitar que los policías puedan concretar medidas de fuerza como hicieron a fines del año pasado, cuando dejaron de cumplir su obligación de cuidar la seguridad de la población.

Por otra parte, la Comisión de Legislación Penal –que conduce la macrista Patricia Bullrich– decidió postergar el tratamiento de un proyecto aprobado por el Senado para decomisar bienes provenientes del narcotráfico, a fin de aguardar que primero se sancione el Código Procesal Penal.

La legisladora kirchnerista Diana Conti planteó la necesidad de aguardar la sanción de esta ley, porque “el decomiso anticipado” se incorporará en el nuevo código, y luego evaluar qué otras medidas de tipo penal se deben incorporar a esta iniciativa votada en la Cámara alta. El radical Manuel Garrido consideró que este proyecto, impulsado por el senador Rubén Giustiniani, “tiene muchos problemas porque mezcla temas del Código Penal con otros artículos del Código Procesal Penal”.

La iniciativa propone un decomiso anticipado de los bienes provenientes de ilícitos como el narcotráfico y la trata de personas. Además plantea modificaciones al Código Penal para permitir que en ese tipo de delitos el juez pueda disponer el decomiso de las “cosas o ganancias” que hayan “servido para cometer el hecho” o sean “producto” del mismo “antes del dictado de sentencia”.