El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto del Senado cerraron ayer la cuarta audiencia pública que a lo largo de la semana discutió el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Penal. El oficialismo, que no descartó modificaciones al texto original de la iniciativa del Gobierno, buscará la semana próxima emitir dictamen a favor del proyecto en ambas comisiones para llevarlo al recinto de la Cámara alta el 19 de noviembre.

Las comisiones volverán a reunirse el martes próximo por la tarde en busca de definiciones, que podrían incluir cambios en algunos de los artículos más cuestionados, entre ellos el criterio de “conmoción social” expresado en el texto de la norma como causal para dictar la prisión preventiva. La intención de la bancada kirchnerista es que el miércoles se firme el despacho del proyecto para completar los “siete días de lectura” que establece el reglamento de la Cámara alta para llegar al recinto el miércoles siguiente. Tampoco se conoce si la de ayer será la última de las audiencias. Nadie en el oficialismo confirmó si la procuradora general Alejandra Gils Carbó asistirá al Senado como reclamó la oposición.

En tanto, ayer, nueve expositores plantearon acuerdos con los puntos centrales de la reforma, aunque no faltaron dudas, críticas y advertencias. Angela Ledesma y Ana María Figueroa (juezas de la Cámara Federal de Casación Penal), Marcos Salt (profesor de derecho procesal), Claudia Mizawak (presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos), Oscar Albrieu (ex diputado nacional del FpV y autor de un proyecto similar al que está en debate), Daniel Pablovsky (APDH), Gabriel Bertrán (Centro de Protección de las Víctimas), Santiago Marino Aguirre (abogado) y Adrián Martín (Asociación Pensamiento Penal) expusieron y respondieron preguntas de los senadores a lo largo de cinco horas.

“Me llamó la atención que uno de los expositores de las anteriores audiencias dijo que el Código Procesal Penal vigente no afecta ningún derecho humano. Si fuera así, los jueces no estaríamos siendo punto central del ataque de los medios de comunicación”, dijo Ledesma –la primera en exponer– y advirtió que “no existe confianza de la sociedad en lo que estamos haciendo y creo que se está afectando los derechos humanos”. “Lo que tenemos no es acorde con la Constitución”, agregó la jueza al respaldar la reforma que conforma un sistema acusatorio que deja en manos del fiscal la investigación del delito, establece las audiencias orales y públicas para desarrollar el proceso judicial y en el que el magistrado sólo juzga.

Bertrán, representante de familiares de víctimas, coincidió con Ledesma en criticar el criterio de “conmoción social” como causal para dictar la prisión preventiva, pero con un criterio diferente. La jueza advirtió que la conmoción “puede ser creada por formadores de opinión”, mientras Bertrán se preguntó: “Cuántos jueces concluirán que un determinado no causó conmoción social” y puso como ejemplo “el caso Grassi”.

Salt aclaró que está “absolutamente a favor de la reforma”, pero también expresó críticas que, explicó, surgían de su experiencia como consultor en distintos países latinoamericanos y en provincias argentinas que modificaron sus respectivos códigos. En ese sentido, Salt pidió “revisar la forma de designación de funcionarios” al recordar que el proyecto da nuevas y mayores facultades al Ministerio Público. También cuestionó que la comisión de seguimiento de la reforma, que crea el propio proyecto, quede en órbita del Congreso porque, a su entender, “demorará la implementación de los cambios”.